Defensoría alerta que 162 pacientes con diálisis en Córdoba no han recibido insumos debido a los bloqueos del Clan del Golfo

Los habitantes de la subregión del Urabá Antioqueño se encuentran en alerta ante el paro armado promovido por el Clan del Golfo en retaliación por la extradición a Estados Unidos de su máximo cabecilla, alias Otoniel. Las comunidades del Bajo Cauca Antioqueño y de varios departamentos del Caribe siguen temiendo por las represalias de este grupo armado y las consecuencias que pueden traer sus acciones terroristas para la economía, la salud, la seguridad y otros asuntos.

Este 7 de mayo, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, denunció que 162 pacientes con diálisis en el sur del departamento del Córdoba, están en grave riesgo por las acciones criminales perpetradas por el Clan del Golfo. Además, los bloqueos están impidiendo el acceso al derecho a la salud de otros 245 pacientes con enfermedades renales y otras patologías crónicas en varios regiones del noroccidente del país.

Debido a lo anterior, la Defensoría hizo un llamado a los grupos armados para respetar los autos de misiones médicas y al personal de la salud, recordando el respeto por el Derecho Internacional Humanitario.

Y agregó: “Las vidas de estas personas corren peligro si no reciben pronto esos insumos, por eso hacemos un llamado a quienes promueven las acciones armadas para que se permita el paso de vehículos de la misiones médicas detenidos en las vías de La Apartada, Sampués y Magangué, así como para que los demás que vienen desde Barranquilla y el centro del país”.

La entidad ya había hecho un llamado para que se respete la vida de los civiles: “Hago un nuevo llamado a los grupos armados ilegales que tienen presencia en esta zona para que se abstengan de atentar contra la población civil y los vienes civiles”, señaló el funcionario ante la grave situación que se registra en el territorio nacional.

Dentro de los casos que representan mayor preocupación para la entidad se encuentra el asesinato de una ciudadano en la plaza de mercado del municipio de Cereté, Córdoba, donde llegaron hombres armados para exigir el cierre de los establecimientos comerciales. Allí, además, se registró la irrupción de hombres armados en una institución educativa para ordenar la suspensión de clases.

La Defensoría denunció que en el municipio de Aguas Negras, departamento de Sucre, hombres armados interceptaron un bus, en el que obligaron a los pasajeros y al conductor bajarse del vehículo para posteriormente incinerarlo. A su vez, en el municipio de Chalán, se evidenció que algunas edificaciones amanecieron con inscripciones de las ‘AGC’ y hombres armados exigieron a los habitantes de la zona rural no salir de sus casas.

“Ante este escenario solicitamos medidas urgentes a las autoridades para garantizar la protección de los derechos individuales y colectivos de los habitantes y las comunidades de esta región del país. Durante esta jornada seguiremos haciendo la verificación de hechos en otras regiones del país, y nuestras regionales permanecerán antenitas para coordinar las acciones necesarias con la institucionalidad del nivel local, regional y nacional”, concluyó Carlos Camargo.

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