La Fiscalía General de la Nación anunció la imputación de cargos a Ingrid Cecilia y Gesstner Colobón Medina, Bladimir Ramírez Castro, Jorge Luis Oñate Correa y Pedro Julián Rueda Colobón; los cuales estarían, supuestamente, prestando sus nombres para legalizar dinero de operaciones simuladas en el comercio exterior.
El ente investigador conoció, que entre el 31 de julio de 2010 y el 3 de octubre del año 2017, los cinco sujetos permitieron el ingreso de 121 mil millones de pesos girados desde China, Estados Unidos, Venezuela, Panamá y Turquía; a diferentes cuentas bancarias. Este dinero lo respaldaron como mercancía exportada hacia Venezuela.
Con un trabajo articulado entre la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Policía Fiscal y Aduanera, PONAL, comprobó que estas exportaciones nunca existieron, asegura Carlos Enrique Vieda Silva, director especializado de la Fiscalía.
La autoridad demostró que este mecanismo se usó para dar apariencia de legalidad a las divisas, el cual, se habría monetizado con el cobro de al menos 753 cheques. Es por esto que la Fiscalía los capturó, en diligencias realizadas en 3 ciudades: Cúcuta, Valledupar y Bogotá; las cuales permitieron dar con el cabecilla de la presunta banda, impidiendo así el lavado de otros 20 millones de dólares que pretendían ingresar al país.
El organismo imputó a los 5 capturados con el delito de lavado de activos agravado, por lo que se les aplicó la medida de aseguramiento privativa de la libertad, en centro carcelario.
En el comunicado emitido por la Fiscalía, aseguran que estas capturas y operativos hacen parte de la denominada estrategia ‘Argenta’, la cual fue lanzada por Francisco Barbosa, fiscal general de la nación, para “golpear el patrimonio ilícito del crimen organizado”. Este plan busca emitir medidas cautelares, con fines de extinción de dominio e investigaciones contra el lavado de activos; que se acompañarán con el “trabajo interinstitucional en los principales frentes operativos”.
“La estrategia de intervención ‘Argenta’ busca a través de la afectación de las finanzas criminales, de todas esas estructuras criminales, golpearlas y perseguirlas judicialmente. La idea es poder seguir castigando, no solamente las estructuras básicas, que atacan el país con este maldito negocio, sino al mismo tiempo, con las estructuras que están detrás de estos negocios”, dijo el fiscal Barbosa.
Por ejemplo, hace una semana un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares sobre 95 bienes que harían parte del patrimonio, presuntamente, de una red internacional de tráfico de estupefacientes.
Los predios ocupados por la Fiscalía y la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, DIJIN, se ubican en Bogotá, Vichada, Quindío, Meta, Caquetá, Boyacá, Antioquia, Huila, Casanare y algunos municipios de Cundinamarca. En total serían 76 inmuebles, entre urbanos y rurales; 2 sociedades y 17 semovientes, cuyo valor podría superar los 107 mil millones de pesos, según las investigaciones entregadas por la Fiscalía. Este patrimonio, supuestamente, pertenece a la estructura ilegal liderada por Eurípides Cooper Sánchez, capturado en abril del año 2015.
Además, entre otras diligencias, a finales del pasado marzo, se emitió una medida cautelar a un inmueble en Bogotá, adquirido con dineros producto de homicidios y otras actividades ilegales, según la Fiscalía, que estarían a cargo de ‘La Banda de la Negra’ a los que se le atribuyen el asesinato del futbolista Albeiro ‘El Palomo’ Usuriaga, en 2004, el homicidio del detective del DAS, Jhonny Virgilio Cárdenas, entre algunos otros.
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