Llaman a ampliación de indagatoria a Armando Benedetti por presunto lavado de activos

El senador aseguró en sus redes sociales que realmente no lo están investigando, sino que, “están buscando un delito”

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Llaman a ampliación de indagatoria
Llaman a ampliación de indagatoria a Armando Benedetti por presunto lavado de activos. Foto: Twitter @AABenedetti

Este martes la Corte Suprema de Justicia citó nuevamente al senador Armando Benedetti a ampliar su declaración en el caso que adelanta en su contra por presunto lavado de activos. La diligencia se realizará el próximo viernes 1 de abril en el despacho de Cristina Lombana, la magistrada de la sala de instrucción del alto tribunal.

El proceso en contra del congresista inició por su declaración de renta que presentó ante la DIAN. Según la Corte, al hacer el cruce de gastos, inversiones y compras, la suma de dinero no es proporcional con los recursos que adquiere como senador de la República.

“A partir del análisis del flujo de efectivo real del señor Armando Benedetti tiene por justificar $2.919.809.595 que no provienen de su actividad económica”, explicó la Corte Suprema, teniendo en cuenta que el senador reportó como única actividad económica el ser asalariado. Estas irregularidades en su patrimonio comienzan desde el 2002.

Tras la citación de la Corte Suprema, Armando Benedetti reaccionó al respecto en su cuenta de Twitter. “Hace 1 año me abrieron investigación por enriquecimiento ilícito. Como no hubo ni un testigo ni una prueba, cambian el delito sin justificación ¿eso no es persecución? No me están investigando, están buscando un delito. Llevo 7 investigaciones, 300 testigos y nada que me sueltan”, escribió el senador.

A su vez, indicó que el pasado 10 de diciembre le solicitó a Lombana que la ampliación de su indagatoria se dieran después de que fueran ordenadas todas las pruebas en su defensa. “Iré a la Corte con mi defensor para revisar si ya se ordenaron mis pruebas”, agregó.

Armando Benedetti reacciona a citación
Armando Benedetti reacciona a citación de la Corte Suprema. Captura de pantalla.

Por otro lado, el congresista ha manifestado en ocasiones anteriores que la magistrada del caso no ha tenido en cuenta los préstamos y los beneficios de extensiones que tiene. “Yo por ser legislador tengo un código, que es el 8411, un código ante la DIAN, por mi actividad económica, pero, ¿sabe con base en qué me hicieron el estudio? Con el 0010 que es el del asalariado”, comentó Benedetti, según Blu Radio.

Las investigaciones de la Fiscalía

En las indagaciones preliminares de la Fiscalía General de la Nación, se determinó que existen presuntas irregularidades en los patrimonios de Benedetti. En medio de la investigación, el año pasado el ente judicial ocupó ocho inmuebles del senador y otros tres que pertenecen a otras personas, entre esos estaba el apartamento en Altos del Retiro ubicado en el norte de Bogotá.

En el pasado, Ruby Corredor Díaz, mujer señalada de haber vendido el apartamento al senador, no pudo justificar el origen de $1.600 millones para la compra de ese mismo apartamento. Antes de vendérselo a Benedetti, lo había adquirido mediante una subasta hecha por la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes.

La Fiscalía le imputó a Corredor los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en 2009. Según explicó El Tiempo el año pasado, la decisión fue tomada por un fiscal de la dirección de extinción de dominio en el caso contra ‘una particular no aforada’.

Respecto a la extinción de dominio, el ente judicial aseguró que todo se trata de una investigación adelantada en articulación con la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que señala que aquel apartamento hace parte de bienes producto “de un presunto incremento patrimonial injustificado por parte del senador Armando Benedetti”.

Información de la DIAN permitió establecer que el congresista presentaría patrimonios por justificar correspondiente a 2009, 2014, 2016 y 2017. “Se trataría de posibles maniobras fraudulentas por parte del senador para incorporar a su patrimonio, a través de una tercera persona, un bien de considerable valor el cual fue enajenado en proceso de subasta por la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes y que habrían ocasionado detrimento a la administración pública”, se lee en la comunicación.

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