Durante la mañana de este viernes 4 de marzo, los gobiernos de Colombia y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento para avanzar en un plan de fortalecimiento de la investigación y judicialización de las conductas de lavado de activos y otros delitos conexos.
El acto de firma del convenio estuvo encabezado por el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, y el embajador de los Estados Unidos en Colombia, Philip S. Goldberg. Esta iniciativa busca disponer de distintas herramientas para impactar a la criminalidad organizada transnacional y a los grupos narcotraficantes que delinquen desde Colombia hacia el país norteamericano.
El fiscal colombiano destacó que, “la relación entre la Fiscalía General de la Nación con la Embajada de Estados Unidos, y con el Gobierno americano, es una relación muy importante. Son nuestros socios estratégicos, trabajamos de la mano en los principios comunes que compartimos en este continente, como la lucha contra el narcotráfico”.
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Francisco Barbosa destacó que durante los últimos dos años el ente investigador, en cooperación de Estados Unidos, han realizado imputaciones por el delito de lavado de activos y otras conductas asociadas, que se estiman en 12 billones de pesos. Además, señaló que durante el mismo periodo, se han emitido medidas cautelares con fines de extinción de dominio a bienes, acciones y productos financieros que ascienden a 22 billones de pesos.
Otro de los logros que destacó el fiscal general durante la rueda de prensa fueron las capturas y judicializaciones realizadas en estos dos años de cooperación con Estados Unidos. “He firmado 347 órdenes de captura con fines de extradición, capturado 274 individuos con fines de extradición y hemos entregado 301 extraditables con el propósito de comparecer ante la justicia de los Estados Unidos de América”, enfatizó.
Por su parte, el embajador Philip S. Goldberg apuntó a que la firma de este memorando se convierte en el proyecto más ambicioso para enfrentar los esquemas complejos de lavado de activos y extinción de dominio en la historia de la cooperación bilateral entre ambos países.
“Mi querido fiscal, agradecemos la disposición de su equipo y confiamos en que al trabajar juntos podamos seguir construyendo y fortaleciendo la política de la lucha contra el narcotráfico y la financiación del terrorismo, para así poder proveer de una mayor seguridad a nuestros dos países”, indicó el embajador de Estados Unidos a los medios de comunicación durante la firma del convenio.
Durante esta semana la Embajada de Estados Unidos había anunciado un apoyo a la Policía Nacional de 8 millones de dólares para llevar a cabo reformas en materia de derechos humanos, que exige responsabilidades para la educación y formación de los agentes de la institución.
De los recursos destinados, 2,7 millones se invertirán en el apoyo a la oficina del Comisionado de Derechos Humanos de la Policía, para incluir facilitación de consultas de la sociedad civil y desarrollar módulos de entrenamiento en derechos humanos para la fuerza pública.
Por su parte 1,5 millones de dólares financiarán el primer centro de acreditación y estándares policiales en Latino América, que tiene el objetivo de crear programas de certificación en el uso apropiado de la fuerza.
Con el propósito de aumentar la diversidad dentro de la Policía Nacional se usarán 2,6 millones de los recursos, para el entrenamiento, expansión e infraestructura de estrategias de diálogo en zonas rurales del país. Por último, con 1,3 millones se implementará un sistema para acelerar procesos disciplinarios.
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