Alcaldía de Bucaramanga denuncia presuntas irregularidades por parte del operador del PAE

Este 2 de febrero la Alcaldía de Bucaramanga interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra la Unión Temporal Bucaramanga, operador del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la capital de Santander, por presuntas irregularidades e inconsistencias.

Así lo confirmó la secretaria de Educación municipal, Ana Leonor Vivas, quien solicitó la intervención e investigación de la Fiscalía y diferentes entes de control para que se determine la responsabilidad por parte de los operadores, con el propósito de garantizar la protección de los derechos de los estudiantes beneficiarios de este programa,

“Se evidenciaron presuntas inconsistencias en el cumplimiento de las obligaciones por parte de los dos operadores, razón por la cual, y dando cumplimiento al debido proceso y en aplicación al procedimiento establecido en la Ficha Técnica de Negociación que regula la operación del Programa, se realizaron los respectivos requerimientos para que los operadores se pronuncien y corrijan los hallazgos identificados”, señaló la secretaria Vivas.

A su vez, aseguró que durante una supervisión del PAE en el municipio, iniciativa que brinda un complemento alimentario a los estudiantes de instituciones oficiales, se evidenció la presunta falsedad en un documento privado, que correspondería a la alteración de la factura de un producto que no pudo ser liberado para el consumo de los estudiantes.

“Iniciamos la planeación del Programa desde octubre de 2021 con la presentación y aprobación de las vigencias futuras excepcionales y con el inicio del proceso de contratación a través de la Bolsa Mercantil teniendo una participación de seis proponentes, en el cual, resultaron como operadores la Unión Temporal Nutripae Bucaramanga 2022 y Unión Temporal Bucaramanga Escolar”, indicó la funcionaria.

Asimismo, señaló que luego que fuera adjudicado el proceso, la Secretaría de Educación llevó a cabo varias reuniones para insistir en la importancia del cumplimiento de las condiciones exigidas para garantizar que los menores recibieran los alimentos en las mejores condiciones posibles, luego que retornara a las aulas de clase el pasado 17 de enero.

“Solicito vehementemente y en procura de la protección de los derechos de los estudiantes beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar, PAE, la intervención e investigación inmediata de la Fiscalía General de la Nación y los diferentes entes de control para que se determine la responsabilidad que corresponda”, concluyó la secretaria Vivas.

Las autoridades en educación y los entes de control de Colombia están alertas en este nuevo inicio del calendario escolar para que se le garanticen los derechos a los menores de edad del país. Además de verificar que las condiciones para el regreso a la presencialidad estén dadas, se continuará verificando la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que el año pasado tuvo fallas importantes.

En un informe publicado por la Contraloría General de la Nación el 31 de enero se evidencia que en 2021 el PAE se cumplió en un 74,4 %, lo que significa que un cuarto del programa quedó pendiente por ejecutar. Se identificó que 13 entidades Territoriales Certificadas (ETC) presentaron los mayores fallos relacionados a cobertura y logística.

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