Gobierno colombiano pide a la FAO que lo excluya de la lista de países en riesgo alimentario

Las autoridades rechazaron la publicación de la entidad internacional argumentando que esta “carece del soporte fáctico, definición metodológica y claridad en las fuentes que le den validez y credibilidad”

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EFE/EPA/CHAMILA KARUNARATHNE/Archivo
EFE/EPA/CHAMILA KARUNARATHNE/Archivo

A través de una nota diplomática radicada en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en Roma (Italia), el Gobierno nacional pidió que se deje por fuera a Colombia de la lista de países en riesgo alimentario. Las autoridades rechazaron la publicación de la entidad internacional argumentando que esta “carece del soporte fáctico, definición metodológica y claridad en las fuentes que le den validez y credibilidad”. Además, señalan que desconoce los esfuerzos que ha hecho el país en este campo.

“Ese documento no se había consultado y no se sabe cuál fue la metodología utilizada ni las cifras que soportan el mismo. El informe hace aparecer al país con una situación muy crítica en materia alimentaria y desconoce el trabajo que se hace con la misma FAO y el Programa Mundial de Alimentos. Por eso, esta mañana se pidió que se retire a Colombia de este y se corrijan las afirmaciones incluidas en este sobre el país”, informó la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez.

El Gobierno nacional indicó que además de eliminar a Colombia de la lista, pidió una rectificación por parte de la FAO en la que se reconozcan las políticas públicas y acciones implementadas para procurar por la seguridad alimentaria. Señaló que la entidad debe exaltar tanto la productividad del agro colombiano como la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, aún en los tiempos difíciles provocados por la pandemia a nivel global y la crisis migratoria de venezolanos.

Ramírez también destacó que para preservar la seguridad alimentaria de los colombianos, desde el Gobierno nacional se han atendido a 30 millones de personas, que conforman 10.3 millones de hogares, al entregarles transferencias monetarias mediante programas como Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, Devolución del IVA e Ingreso Solidario. Señalan que este último ha atendido a 3 millones de hogares y a partir de marzo de 2022 atenderá a 4 millones. Según el Gobierno nacional, los recursos que se han invertido en estos programas en esta administración superan los 30,3 billones de pesos.

Colombia rechaza informe de la FAO

Por otra parte, el Gobierno colombiano también manifestó su molestia porque la FAO se refirió en su informe a la implementación del punto 1 del Acuerdo de Paz, que tiene que ver con Reforma Rural Integral. Según Ramírez, a esta agencia de la ONU no le corresponde hablar de este punto porque “excede su mandato”.

Esa aseveración contrasta con lo que se establece en el Acuerdo de Paz. En el documento final, firmado entre Estado colombiano y las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (Farc), se lee que el proceso de implementación tendrá garantes internacionales. En este se relacionan puntualmente las entidades que acompañarán cada uno de los seis puntos del acuerdo, y ahí se especifica que la FAO velará por el avance de la Reforma Rural Integral y en general por la política de desarrollo del campo.

Para finalizar, se cuestionó que Colombia aparece en la lista de países con riesgo alimentario, pero que otros países en los que la pobreza es evidente no se hayan incluido.

“Es francamente curioso que nuestro país aparezca relacionado en ese informe sobre problemas agudos de inseguridad alimentaria, en claro contraste con el silencio respecto de otros países de la región de los cuales se conoce suficientemente su precariedad institucional, la falta de estímulo a la inversión privada de industrias de alimentos, la falta de transparencia sobre las cifras y, curiosamente, ninguno de esos países aparece señalado en el reporte”, señaló Ramírez.

A pesar de estos cuestionamientos, el Gobierno colombiano aseguró que continuará trabajando de la mano con la comunidad internacional y, en especial, con las Naciones Unidas y sus respectivas agencias.

“En favor de las prioridades nacionales y con un espíritu de solidaridad frente a los diferentes desafíos globales y regionales, en especial en la lucha contra el hambre y la desnutrición, así como la atención a los migrantes venezolanos en un contexto tan desafiante como el de postpandemia”, finalizó la vicepresidenta.

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