En la mañana de este lunes 25 de octubre, el senador Armando Benedetti denunció, a través de su cuenta de Twitter, que la Fiscalía había tomado una ’decisión sospechosa, desmedida e ilegal’ de extinción de dominio en contra de su apartamento en Altos del Retiro ubicado en el norte de Bogotá. Según explicó el también periodista, hasta ese momento, se trataba de una ‘vulgar persecución’ en su contra. Momentos después, a modo de aclaración, explicó que la acción no se estaba ejecutando en su contra y que, por el contrario, estaba dirigido hacia la antigua dueña de la casa, Ruby Corredor, de quien las autoridades investigan el origen de los recursos con los que adquirió el inmueble.
“La Fiscalía acaba de tomar una decisión sospechosa, desmedida e ilegal de extinción de dominio contra el apartamento de Altos del Retiro por hechos acaecidos mucho antes de ser propietario. ¿CÓMO PUEDO PARAR ESTÁ VULGAR PERSECUCIÓN? No tengo garantías”, escribió inicialmente Benedetti, por lo cual, los medios nacionales de comunicación empezaron a informar a la opinión pública al respecto. Es importante tener en cuenta que durante las últimas semanas el senador ha estado bajo la lupa de la justicia colombiana luego de que, en abril, la magistrada Cristina Lombana le acusara de, presuntamente, haber cometido el delito de enriquecimiento ilícito de servidor público. El funcionario fue cuestionado por el ingreso injustificado a su cuentas de dinero la cantidad de $2.919.809.595, a principios de los años 2000.
Momentos después del primer trino, en donde denunció los hechos que habían acontecido en el apartamento, aseguró que, para aclarar, era necesario que la opinión pública entendiera que “la extinción de dominio no es contra mí, es contra la anterior propietaria de quien se aduce no ha podido acreditar hasta ahora el origen de los recursos para adquirir el apartamento. Anuncio que me declararé como víctima en este proceso”, detalló Benedetti.
Así mismo, luego de ese citado tweet, el senador invitó a los medios de comunicación a ‘ser serios’, pues por la ’ligereza y estupidez’, como lo escribió literalmente, se había cometido un error al entregar la información. “Según la extinción de dominio, si alguien tiene algo por justificar no es Benedetti, es la anterior propietaria”, explicó, por segunda vez antes de extenderse un poco más y ejemplificar la situación en la que se estaba viendo envuelto por la decisión que, esta mañana, se ejecutó en aquel inmueble.
“Lo que me está sucediendo hoy es como quien compra un carro de buena fe que luego aparece como robado. Con un agravante en mi caso: quien vendió inicialmente el apartamento fue el propio Estado, que tenía la obligación de verificar el origen de los recursos de la compradora”, detalló del político.
De acuerdo con lo que se sabe hasta ahora del caso que tiene a Benedetti bajo múltiples preguntas respecto a ciertos ingresos económicos que tuvo en el pasado, Ruby Corredor Díaz, mujer señalada de haber vendido el apartamento al senador, no pudo justificar el origen de $1.600 millones para la compra de ese mismo apartamento que, antes de vendérselo a Benedetti, lo había adquirido mediante una subasta hecha por la por la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes. La Fiscalía le imputó a ella los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en 2009.
Corredor Díaz, de acuerdo con información resaltada por la API (Agencia de Periodismo Investigativo), es comunicadora social de la Universidad Central y se desempeñó, hasta el pasado 31 de diciembre, como asesora de comunicaciones de la Superintendencia de Notariado y Registro.
Según explicó El Tiempo, la decisión fue tomada por un fiscal de la dirección de extinción de dominio en el caso contra ‘una particular no aforada’.
Respecto a la extinción de dominio, la Fiscalía General de la Nación aseguró que todo se trata de una investigación adelantada en articulación con la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que señala que aquel apartamento hace parte de bienes producto “de un presunto incremento patrimonial injustificado por parte del senador Armando Benedetti”.
“Información de la Dian permitió establecer que el congresista presentaría patrimonios por justificar correspondiente a 2009, 2014, 2016 y 2017. Se trataría de posibles maniobras fraudulentas por parte del senador para incorporar a su patrimonio, a través de una tercera persona, un bien de considerable valor el cual fue enajenado en proceso de subasta por la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes y que habrían ocasionado detrimento a la administración pública”, se lee en la comunicación.
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