Defensoría del Pueblo pide acciones urgentes para mejorar la atención de salud en el Quindío

La Defensoría del Pueblo denunció este miércoles que en el departamento de Quindío se presenta un grave problema de atención en salud a los ciudadanos en las redes públicas y privadas, en gran medida, por el incumplimiento en los pagos oportunos por parte de las EPS.

Por tal razón, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, instó a las autoridades locales y nacionales a tomar las medidas necesarias con la intención de evitar afectaciones en el derecho a la salud de los habitantes de esta región del país, debido a que esta situación también habría ocasionado un déficit presupuestal en toda la red de atención del Estado.

“Para el caso del Quindío esta situación resulta más preocupante ante el cierre del hospital La Misericordia de Calarcá, durante tres semanas, por estar sujeto a intervención de la Superintendencia de Salud, afectando gravemente la atención a más de 100.000 habitantes de Calarcá, Córdoba, Buenavista, Pijao, Génova y del Norte de Valle, Caicedonia y Sevilla”, señaló el defensor luego de realizar una visita por el departamento.

En ese sentido, le solicitó de manera urgente a las EPS efectuar los pagos correspondientes a la red pública y privada, asimismo le pidió a las IPS que adopten planes de austeridad y cobros de cartera, con la intención de evitar el cierre de servicios o el cierre total de la atención en salud como sucedió en el municipio de Calarcá.

Asimismo, indicó que la regional Quindío ha fomentado los espacios para que se lleven a cabo las mesas de conciliación entre las EPS y los hospitales municipales, logrando de esta manera que se genere el flujo de recursos que requiere el sistema de salud para su funcionamiento, especialmente en la coyuntura actual en mitad de una pandemia.

“Vinimos al departamento del Quindío para evidenciar de primera mano las diferentes problemáticas que afectan a la población y para escuchar de viva voz sus denuncias. No vamos a permitir que se ponga en riesgo la integridad y el bienestar de la población por cuenta de las deficiencias en la atención de los servicios de salud”, indicó Carlos Camargo.

A su vez, el funcionario visitó las instalaciones de la Sijin, en el que se encuentran más de 400 personas retenidas, y solicitó mejorar la atención de la población privada de la libertad en Quindío, debido a que en la carcel de Armenia las condiciones de los reclusos no son respetuosas con la dignidad humana debido a que se presenta un hacinamiento del 26 %.

De igual manera, el funcionario se encontró con internos con padecimientos como brotes en la piel, alergias, infecciones y urgencias dentales, sin la atención adecuada, así como reclusos con heridas expuestas, otros recién intervenidos quirúrgicamente y sin continuidad en los tratamientos, y pacientes psiquiátricos sin su medicamento, dentro de otras vulneraciones a los derechos humanos.

Según la Defensoría estas situaciones “generan situaciones de violencia, producen condiciones de reclusión objetivamente indignas, sumadas a los riesgos propios de la pandemia de la covid-19. Estas condiciones anulan cualquier pretensión de resocialización, pues son centros transitorios que no cuentan con la estructura para que la población privada de la libertad pueda desarrollar actividad alguna”.

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