Está claro que la situación sanitaria que atraviesa Colombia a causa de la pandemia del covid-19 no ha sido amable con los hospitales. Claro es el ejemplo de La Guajira, donde cinco de estas instituciones comienzan a hablar de dejar de atender pacientes si las entidades promotoras de salud (EPS) locales no les pagan las deudas por los servicios prestados.
Así lo confirmó esta tarde el vocero de las clínicas guajiras y gerente de la Sociedad Médica Clínica Maicao, Aldrin Quintana, quien advirtió durante una entrevista con W Radio que 13 EPS de la región les deben a los hospitales cerca de 83.000 millones de pesos, dificultándoles a estos últimos cubrir sus propios costos de funcionamiento e incluso adquirir los elementos básicos de protección que se requieren para combatir el covid-19, entre otras enfermedades. Valga señalar que representantes de las EPS dicen que ese monto se ha ido reduciendo en los últimos días con algunos pagos.
Bien lo explicó Quintana, quien le dijo a esa emisora que, “a nivel nacional nosotros comprábamos una caja de guantes de entre 13.000 y 15.000 pesos el año pasado para enero. Hoy está costando entre 45.000 y 55.000 pesos. Estamos gastándonos mensualmente entre 70 y 100 millones de pesos en sólo guantes. Comprábamos un Midazolam en 4.500 pesos, hoy lo estamos comprando en 15.000 y 25.000 pesos”.
Según dijo, el problema va más allá de la falta de pagos, pues se trata de cifras “exorbitantes” que recaen sobre la falta de regulación de los precios por parte del Gobierno nacional. El hecho de que este último esté lanzando recursos hacia las EPS, que no se están viendo reflejados en los ingresos de las IPS es sólo otro agravante de la situación.
En ese sentido, elevó un llamado a las autoridades nacionales para que intervenga y brinde algún tipo de ayuda para no tener que suspender el servicio de salud, teniendo en cuenta lo que ello implica para la salud pública de La Guajira, un departamento que según el último reporte del Ministerio de Salud, presentó 137 nuevos casos de covid-19 en las últimas 24 horas, y al menos 446 contagios activos. En términos de camas en Unidades de Cuidados Intensivos, tiene 111 libres de 481 habilitadas.
Según el vocero de Gyo Medical IPS, Renacer, Someda, Anashiwaya y la Sociedad Médica de Maicao, la primera acción en pos de soluciones fue un documento anunciando el posible cierre de las sedes prestadoras de salud, firmado por los gerentes de estas empresas a la Presidencia de la República, al Ministerio de Salud, a la Superintendencia, a la Procuraduría, a la Contraloría, a todas las alcaldías, a la Gobernación del departamento y las secretarías de salud departamental y municipales.
Como respuesta, dijo, “hemos recibido un comunicado de Presidencia de la República, donde remitió a la Superintendencia para que con la competencia de ellos hicieran lo pertinente, pero hasta el momento la única empresa que nos ha brindado apoyo económico ha sido la Nueva EPS, que nos pagó más o menos el 25 por ciento de la deuda”.
Mientras se soluciona la situación, dijo, las IPS seguirán atendiendo pacientes pero sólo en la etapa inicial de urgencias, para posteriormente remitirlos, “pero ante empresas como Coomeva y MediMas, que no les prestan atención a los pacientes, que ellos quedan en remisión en la clínica y que tenemos que hospitalizarlos porque ellos no les prestan absolutamente ninguna atención, recaen sobre nosotros, porque no podemos dejar morir a nuestras conciudadanos, alzamos la voz y estamos diciéndole en un clamor al Gobierno nacional que estamos viviendo una crisis y estas empresas no nos quieren pagar”.
Como respuesta, el presidente de Acemi (agremiación de las EPS), Gustavo Morales, le dijo a la misma emisora que, “es muy importante hacer un ejercicio de conciliación y de depuración de esas deudas porque sucede con muchísima frecuencia que lo que la clínica dice que se le debe, cuando se sientan a conversar, resulta que ya se le ha pagado”. Igualmente, señaló que es necesario saber si son deudas en mora o que siguen en curso.
Igualmente, el líder gremial señaló que es necesario que el Gobierno revise la suficiencia de los presupuestos máximos y que active las canastas covid, porque todas las atenciones a la enfermedad quedaron por fuera del cálculo de la prima que se les paga a las EPS y de los presupuestos máximos, generando dificultades en el flujo de recursos.
A su turno, Elisa Torrenegra, directora ejecutiva de Gestarsalud, otra de las asociaciones de EPS del país, reconoció que el llamado de las IPS es importante y presenta un precedente importante, “pero hay que buscar los verdaderos deudores. Yo entiendo que la misma Secretaría de Salud de La Guajira les debe casi alrededor de 30.000 millones de pesos de la totalidad de la cartera. Creo que es el mayor deudor”.
Igualmente, señaló que la misma Secretaría le debe al menos 4.800 millones de pesos a EPS afiliadas a Gestarsalud y está colgada en varios trámites de reporte y conciliación, por lo que “en el momento en el que la Secretaría de Salud reconozca eso, haga la gestión ante el Ministerio, nosotros no tenemos ningún problema en que ese dinero vaya directamente a los prestadores”.
Como parte de la solución, se sabe que la Superintendencia Nacional de Salud hará presencia en La Guajira en julio para adelantar conciliaciones entre IPS y EPS, por medio de acuerdos de pago.
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