Este jueves 10 de junio se conoció el primer informe de seguimiento al Plan Nacional de Vacunación elaborado por la Comisión Accidental de Seguimiento del Congreso de la República a dicho proceso . El documento de 67 páginas, que da cuenta de los problemas y oportunidades de mejora que tiene el sistema de inmunización contra el covid-19 en Colombia, fue presentado ante la plenaria de Cámara de Representantes.
Según el mismo, el reporte “se organizó teniendo en cuenta las etapas del Plan, que van desde el proceso de elaboración, hasta la aplicación de las dosis de las vacunas, el seguimiento post vacunación y las perspectivas para continuar haciendo frente a la contingencia en salud”, teniendo en cuenta la información proveniente de entidades del Estado como respuesta a derechos de petición, bases de datos disponibles, boletines informativos y opiniones, posiciones y argumentos de expertos en la materia.
Dicho esto, y como era de esperar, una de las primeras conclusiones del mismo tiene que ver con el proceso de contratación, que ha sido cuestionado en múltiples ocasiones por varios organismos de control y que ha permanecido en la penumbra a causa de los acuerdos de confidencialidad, bajo los que el Gobierno nacional se escuda para no mostrar los acuerdos suscritos con las diferentes farmacéuticas que le proveen biológicos al país.
En palabras de la representante Juanita Goebertus, una de las integrantes de la comisión, se halló “ausencia de transparencia en las diferentes fases del plan, lo que ha impedido hacer control político y veeduría ciudadana: hay mucho hermetismo en dar a conocer las condiciones bajo las que se negociaron las vacunas y la información sobre el avance de la vacunación estaba solo disponible hasta hace poco en la cuenta de Twitter de Víctor Muñoz, director del DAPRE”.
Sobre los contratos per sé, el documento advierte que sus cláusulas de confidencialidad, “en términos prácticos desequilibran la igualdad en la contratación entre las partes e impone un nivel elevado de presión a la contraparte (en este caso el Estado) de contratar sólo bajo unos términos precisos, so pena de no lograr la contratación”, cuestión que, según los congresistas, resulta inaplicable en los países que se fundan en un Estado Constitucional de Derecho. Por ello, insisten en que los contratos se deben dar a conocer.
Sin embargo, el mismo grupo señaló que es muy necesario comenzar a solicitar la evaluación de otras vacunas en circulación para habilitar que el Estado colombiano pueda adquirir dosis de vacunas cuya efectividad comprobada supere el 90 por ciento y, como consecuencia, aumentar la cobertura del Plan Nacional de Vacunación para acelerar la aplicación en la población.
Otros factores de preocupación para la comisión son: que siga faltando el avance de la vacunación por municipio: “no se le puede hacer seguimiento por comunidades étnicas, no se diferencia las zonas rurales de las urbanas, y no es posible hacerle seguimiento a la disponibilidad de vacunas a nivel municipal (se saben cuántas se administran, pero no cuántas están disponibles)”; así como el cambio de fórmula de priorización para entes territoriales, donde se considera que “el Gobierno está ‘castigando’ a los municipios que tienen menos avances en la vacunación en lugar de proponer un acompañamiento para el proceso.
Con todo, los parlamentarios formularon una serie de recomendaciones que podrían impactar positivamente en el nivel de transparencia del proceso de inmunización. Estas son:
- Modificación y ampliación de portafolio de vacunas. - Acompañar el levantamiento de patentes. - Anticipar la adquisición de nuevas dosis. - Diseñar un plan de comunicación neutral. - Implementar canales de atención ciudadana efectivos. - Implementar la estrategia de priorización en todas las fronteras. - Es necesario que la información pública disponible sobre el PNV sea completa y precisa. - Es urgente que se implemente una estrategia simplificada de reporte de información, con el fin de evitar que se presenten discrepancias. - Generar estrategias de demanda para la vacunación y no solo de oferta. - Se debe hacer un seguimiento a las nuevas estrategias de priorización territorial. - Crear una plataforma de fácil acceso para el reporte de efectos adversos por parte de los ciudadanos ya vacunados. - Es necesario que el Ministerio de Ciencia juegue un papel más proactivo en la contingencia actual. - Se recomienda que se establezca una responsabilidad mayor de los privados hacia la vacunación poblacional.
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