Exactamente ocho días después de que se firmara la resolución 777 con la que se reglamentan las condiciones para la reactivación de la economía colombiana, la Procuraduría General de la Nación pidió al Ministerio de Salud y Protección Social, que emitió dicha regulación, que ofrezca una serie de precisiones sobre medidas que tras una lectura detallada no quedan claras. En caso de ser necesario, se pide también que realicen algunos ajustes y complementos.
El Ministerio Público se refirió, particularmente, al denominado Índice de Resiliencia Epidemiológica Municipal sobre el que advierte que no hay claridad en términos de su implementación. “En el mismo sentido, la nueva normatividad relacionada con las medidas para el control sanitario a los viajeros que ingresen al territorio nacional por vía aérea”, pues hay que recordar que se elimina el requerimiento de pruebas PCR negativas para entrar al país.
Valga recordar entonces que, de acuerdo con el documento en cuestión, toma como base el avance en las coberturas de vacunación contra el covid-19 en la población a partir de los 16 años, la estimación de seroprevalencia del virus en cada municipio bajo el parámetro de juventud, lo que en otras palabras se refiere a qué tanto se contagian los más jóvenes; y la capacidad del sistema de salud en ese territorio.
Estos tres parámetros se juntan en una fórmula matemática que arroja un índice que entre 0 y 1 punto, donde a mayor número, más beneficios tendrán en términos de apertura cultural, social y económica en cada población, dentro de un sistema de tres ciclos.
El primero permite aforos de hasta el 25 por ciento en eventos de entretenimiento, bares y discotecas a quienes hayan completado el 69 por ciento de la inmunización de sus poblaciones en Fase 1 (es decir, las etapas 1, 2 y 3) del Plan Nacional de Vacunación. El segundo aplica para los municipios que hayan inmunizado más del 70 por ciento de la población mencionada, así como para aquellos que tengan un Índice de Resiliencia de entre 0.5 y 0.74 puntos, permitiendo un aforo del 50 por ciento con un distanciamiento de un metro entre personas; y el tercero, con aforos máximos del 75 por ciento para territorios que alcancen un Índice de Resiliencia superior a 0.75 puntos.
Adicionalmente, la Procuraduría hizo un llamado a los mandatarios territoriales “a reforzar las medidas para proteger la vida, salud e integridad de los ciudadanos; fortalecer la capacidad instalada de infraestructura para la atención de la demanda hospitalaria de servicios; garantizar la suficiencia del talento humano en salud, equipos, medicamentos, insumos médicos y elementos de protección personal; y disponer de los recursos necesarios para la atención ambulatoria que disminuya la presión de los servicios en las Instituciones Prestadoras de Salud, en el ámbito hospitalario”.
También pidió a las empresas responsables del aseguramiento, realizar el diagnóstico y seguimiento oportuno y continuo a los casos confirmados de la enfermedad, de acuerdo con los lineamientos y orientaciones de la autoridad sanitaria; y le recordó a los habitantes del país que la responsabilidad de observar todas las medidas de autocuidado en cualquier interacción social evitando las aglomeraciones y sobre todo, acatando las recomendaciones que desde el sector salud se realizan es individual.
Por último, el Ministerio Público reconoció los avances del Plan Nacional de Vacunación, e invitó a no bajar la guardia. “La reactivación económica y social es indispensable, pero no significa regresar a la normalidad; y en todo caso conlleva la necesidad de extremar la responsabilidad en el comportamiento personal para evitar el mayor número de muertes posible”, advirtió.
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