Las armas no tendrán IVA, los funerales sí: exenciones y adiciones más polémicas en la nueva reforma tributaria

No es un secreto que la nueva reforma tributaria, bautizada como ‘Transformación Social Sostenible’ o ‘Ley de Solidaridad Sostenible’, cuenta ya con numerosos detractores de cuenta de varias propuestas polémicas como la ampliación del impuesto a la renta a más colombianos. Sin embargo, esta no es la única idea problemática dentro del documento de 110 páginas.

De hecho, en las últimas horas han surgido reportes de otras propuestas cuestionables encontradas al interior del plan de restructuración económica radicada por el Gobierno del presidente Iván Duque ante el Congreso de la República el pasado 15 de abril. Varias de ellas, relacionadas con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que para Colombia es del 19 por ciento del valor de cada producto.

Quizá el más sonado tiene que ver con la imposición de ese gravamen a todos los servicios públicos para los colombianos de estratos 4, 5 y 6, pero principalmente del acceso al agua potable, un derecho plasmado en los artículos 16 y 20 de la Constitución Política de Colombia. La cuestión es todavía más escandalosa si se tiene en cuenta que hay exenciones para la que se venda embotellada, “incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada, hielo y nieve”.

Un caso similar es el que tiene que ver con todo el apartado tecnológico, incluido el servicio de conexión a Internet, que pierde la exención de ese recargo para personas del estrato 3 a partir del próximo año. De igual forma habrá IVA para los computadores de escritorio y portátiles, así como para los dispositivos móviles inteligentes como tabletas y celulares.

Lo anterior, a pesar de que desde el propio Gobierno se está impulsando el trabajo virtual hasta con una ley que en este momento solo depende de la firma presidencial. La misma, por ende, le da un espaldarazo casi que obligatorio la compra de estos aparatos tecnológicos, que experimentan un apogeo comercial desde el año pasado a causa de la pandemia.

Por otra parte, están los servicios funerarios y de cremación, que también desaparecieron de la lista de exenciones y que, por ende, también entrarán a ser gravados. Ello, quizá, en el momento más impertinente posible: sólo la pandemia del covid-19 deja a hoy 67.564 fallecidos, e incluso si el Gobierno logra su objetivo de lograr la inmunidad de rebaño este año, en el país siguen existiendo más causas de muerte, incluida la violencia contra líderes sociales que solo en lo corrido de 2021 ya deja a 47 personas sin vida; 1.161 desde la firma del acuerdo de paz, según Indepaz.

Hablando de violencia y muerte, no deja de llamar la atención que siguen exentas las “Armas de guerra, excepto los revólveres, pistolas y armas blancas, de uso privativo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional”, así como los sistemas de armas y armamento mayor y menor de todos los tipos, modelos y calibres con sus accesorios repuestos y los elementos necesarios para la instrucción de tiro, operación, manejo y mantenimiento de los mismos.

Lo mismo aplica para municiones, torpedos y minas de todos los tipos, clases y calibres para los sistemas de armas y el armamento mayor y menor que usan las Fuerzas Militares y la Policía Nacional; y para los servicios de diseño, construcción y mantenimiento de armas, municiones y material de guerra, con destino a la fuerza pública, así como la capacitación de tripulaciones de la Fuerza Pública, prestados por las entidades descentralizadas del orden nacional de sector defensa.

A pesar de ello, Duque fue bastante directo para defender la reforma en la mañana de este viernes, al cuestionar que, “si en el pasado se hicieron reformas fiscales para financiar la desmovilización, el desarme y la reinserción de unos pocos que estaban con armas en contra de las instituciones, cómo no lo vamos a hacer hoy por los más pobres de nuestra sociedad”.

Paralelamente está la industria de alimentos, que se suma a la preocupación del gremio agrícola luego de que se conociera que habrá IVA para los insumos de la cadena productiva de estos enseres, lo que puede terminar encareciéndolos, afectando sus ventas.

Lo mismo sucede con los hidrocarburos, donde se propone la llegada del impuesto del 19 por ciento a la gasolina y el ACPM, así como un aumento a sus sobretasas, que se configuran como un factor para el aumento en los costos de servicios de transporte.

A pesar de las críticas, Duque insiste en que se trata de una reforma necesaria para estabilizar las finanzas del país y continuar generando apoyos para las personas de escasos recursos. Como argumento, asegura que se trata de un “esfuerzo donde quien más tiene es quien más aporta manteniendo ese principio de solidaridad, de equidad, de progresividad y austeridad también”.

“Son los demagogos y los populistas los que postergan decisiones para que le caigan a otros, y jugando con la realidad de un país”, dijo hoy.

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