Fiscalía desarticuló red que lavó 5,8 billones de pesos obtenidos en la minería ilegal

La Fiscalía General de la Nación logró desarticular varias estructuras delincuenciales en Colombia que se dedicaban a lavar el dinero que se obtenía de la exportación de oro extraído mediante la minería ilegal en diferentes zonas del país, bajo fachadas de comercializadoras.

“Quiero informarle al país que la Fiscalía y la Policía Nacional capturaron a 25 personas que legalizaban oro extraído ilícitamente y los exportaban. Las diligencias de nuestro Cuerpo Técnico de Investigación y de la Fiscalía se realizaron en las ciudades de Cali, Medellín, Guapi en el Cauca y de Galeras (Sucre)”, informó el Fiscal General, Francisco Barbosa.

El organismo investigador encontró que una de estas redes había llegado a lavar activos hasta por 5,8 billones de pesos en Cali, entre el 2011 y 2018.

De acuerdo con el proceso judicial que le llevan a los integrantes de esa señalada estructura delincuencial, le compraban el oro extraído en minería ilegal en los entables de Bendiciones, Bajo Calima y Anchicayá, en Buenaventura (Valle del Cauca), donde han sido afectados ambientalmente los ríos Dagua, Calima, Serpis, Bocas de Calima y Malaguita.

“Era un conglomerado de comercializadoras en Cali que habría lavado 5,8 billones de pesos entre el 2011 y el 2018. Compraban oro en los entables de minería ilegal de Buenaventura y soportaban la transacción con nombres de personas fallecidas o privadas de la libertad”, indicó Barbosa.

De esta manera, según explicaron en el ente acusador, a esas personas las hacían pasar como barequeros certificados por la Agencia Nacional de Minería.

Las entidades señaladas por la Fiscalía de estar implicadas en esta ilícita práctica serían NTR Metals Colombia SAS, CI NTR Metals Zona Franca SAS, y Precious Metals Investments SAS, las cuales realizaron esas operaciones simuladas para legalizar el oro. De los 5,8 billones de pesos que lavaron, 1,2 billones corresponderían a exportaciones ficticias, según el organismo investigador.

Por este caso capturaron a 16 personas en las que se incluyen a las personas que compraban el oro en las zonas de explotación ilegal, como los proveedores, contadores, responsables de la documentación y de la salida del metal precioso del país.

El representante legal de una de esas comercializadoras fue detenido en una lujosa vivienda en Cali y le incautaron 20 millones de pesos en efectivo.

A esas personas les imputarán los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, daño en los recursos naturales, contaminación ambiental y explotación ilícita de yacimiento minero.

Entre tanto, a algunos de los accionistas de la comercializadora NTR Metals Zona Franca SAS les realizaron extinción de dominio a varios de sus bienes.

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso las medidas cautelares de embargo y secuestro sobre 18 inmuebles, 12 vehículos, 6 sociedades, 4 establecimientos de comercio y 14 productos financieros de diferentes entidades bancarias.

“Esta Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio bienes por cerca de 74.000 millones de pesos en Bogotá, Cali y Pasto”, dijo el Fiscal General.

También se encontró que un clan familiar tenía su propio modelo de lavado de activos en su supuesta comercializadora IRCA C.I. S.A.S. En la investigación de la Fiscalía se encontró que compraban el oro extraído ilegalmente en varios municipios del Cauca y sustentaban las adquisiciones con certificados de origen que relacionaban a un sinnúmero de supuestos barequeros que no tendrían relación con esa actividad.

“Otra estructura que hacía parte de ese conglomerado extraía ilícitamente oro en Guapi, López de Micay, Timbiquí y en el Naya en el departamento del Cauca. Enviaron 1.700 kilogramos de oro a los Estados Unidos, Rusia, Emiratos Árabes y Turquía. Realizaron 117 exportaciones entre el 2015 y el 2019 por cerca de 63 millones de dólares, más o menos 190.000 millones de pesos. Estas son las dimensiones económicas de estas economías criminales”, señaló Barbosa.

A estas personas les imputarán los delitos de delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares, fraude procesal, falsedad en documento privado y explotación ilícita de yacimiento minero.