La Comunidad Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) de Colombia rechazó este martes el nuevo decreto del Gobierno nacional que establece la reanudación de la aspersión aérea con glifosato para combatir los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico.
Según la organización de cultivadores, esta medida “privilegiada” en la política antidrogas del Gobierno de Iván Duque atenta contra la vida y la salud de las comunidades y del medio ambiente, agudizando la crisis social, ambiental y económica en los territorios.
A la vez, que se distancia de una implementación integral de los acuerdos establecidos en la Habana con la guerrilla de las FARC.
“No entendemos por qué el Gobierno nacional insiste en hacer trizas en Acuerdo de Paz y pisotear la confianza de las comunidades cuando según los informes de las Organización de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) el 98 % de las familias inscritas en el PNIS han cumplido con lo pactado a pesar del incumplimiento del Gobierno que de 99.097 familias solo ha atendido a 67.665”, aseguró Coccam.
De igual manera, indicó que en 17 departamentos del país se firmaron acuerdos colectivos, municipales y regionales que no fueron “valorados efectivamente” por el Gobierno de Juan Manuel Santos y ahora se encuentran “perseguidos, estigmatizados y desbaratados” por el Gobierno de Iván Duque.
En ese sentido, la organización de cultivadores señaló que las familias que han expresado su intención de vincularse al programa de sustitución en vez de ser escuchadas y acogidas han sido victimizadas por la Fuerza Pública.
Asimismo, señaló que el Gobierno nacional asegura que la aspersión por hectárea con glifosato tiene un costo de $1.800.000, en medio de la pandemia, cuando los precios de los insumos se han elevado y cuando la misma directora para la sustitución de cultivos ilícitos de la presidencia del 2018 argumentó que la aspersión por hectárea tenía un costo de $72 millones de pesos.
De igual forma, Coccam aseguró que el país invirtió entre el 2005 al 2014, 88 billones de pesos, lo que representa un promedio anual de 8,8 billones de pesos, lo que serviría para sacar adelante el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) que tiene un costo de 8,3 billones de pesos según el Plan Marco de Implementación.
“Ante este golpe del Gobierno nacional en contra de la construcción de paz con justicia social y ambiental, desde la comisión política de la Coccam convocamos a las organizaciones sociales, ambientales, étnicas y el movimiento social en su conjunto a pronunciarse y movilizarse en la defensa de los acordado y la implementación en los territorios”, indicó la organización de cultivadores.
Por tal motivo, hicieron un llamado a la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), a la bancada alternativa, la Mapp-OEA y a la segunda Misión de Verificación hacer un seguimiento del Estado colombiano en el cumplimiento de las normas, y el acompañamiento de las comunidades que se encuentran en riesgo por este mecanismo.
Detalles del decreto que reactivará la aspersión de cultivos ilícitos con glifosato en Colombia
En entrevista con RCN Radio, el ministro de Defensa, Diego Molano, uno de los que impulsa el regreso de esta modalidad de erradicación del cultivos ilícitos en el país, tras haber sido suspendida en 2015, explicó a la emisora que uno de los puntos fuertes de este decreto es la ‘Aspersión con precisión’, la cual permitirá no afectar los cultivos de pancoger que se encuentren en zonas aledañas a las zonas de fumigación.
“Son cultivos de grandes extensiones, son más de 53 mil hectáreas que ha determinado la Policía y están localizados en varios departamentos del país, como en el sur oriente colombiano, en la región de la Amazonía, una parte importante de ellos también está en la zona de Norte de Santander y otra parte en el Bajo Cauca”, señaló Molano en entrevista con la emisora.
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