Informe del Inpec revela graves fallas en la calidad en la alimentación en las cárceles

Este 28 de marzo, el portal periodístico Pacifista dio a conocer el contenido de un informe del Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario (Inpec), donde la misma entidad señala inconsistencias y fallas en la alimentación de los reclusos en Colombia.

De acuerdo con el portal, que tuvo acceso al documento, el texto fue firmado por Martha Isabel Gómez Mahecha, Subdirectora de Atención en Salud de esa entidad, el 24 de febrero de este año.

El informe, que se hizo basado en actas donde los internos registran cómo reciben sus alimentos, da cuenta de que “el 80% de los establecimientos reportan problemas con la calidad de la materia prima usada para la preparación de los alimentos”.

En el reporte deja constancia, además, de 21 establecimientos señalados de alto riesgo por el incumplimiento de contratistas que manejan la comida de los reclusos. Estos son:

Unión Temporal Eficiente (Cúcuta, Norte de Santander)

Unión Temporal Alimentos Saludables (Florencia, Caquetá

La Picota, Bogotá; La Mesa, Cundinamarca)

Unión Temporal Duflo Uspec 2020 (Puerto Triunfo, Antioquia)

Jhon Jairo García (Itsmina, Chocó)

Servicios y Suministros CJVN SAS (San Andrés; Santa Marta, Magdalena)

DNP Servicios SAS (Valledupar, Cesar; Tierralta, Córdoba)

Unión Temporal Green Food (Popayán, Cauca)

Proalimentos Liber (Tunja, Cómbita y Sogamoso, Boyacá; Buga, Valle del Cauca, y Manizales, Caldas)

Organización Nueva Aurora (Andes, La Ceja, Yarumal y Pedregal, en Antioquia).

De acuerdo con el Inpec, las empresas Proalimentos Liber y Organización Nueva Aurora tienen tasas altas de incumplimiento. Con esta última hay un 90 % de incumplimiento.

De acuerdo con la investigación de Pacifista, los representantes legales de la empresa Luz Stella Chaverra Bedoya y John Jairo García Pinzón tienen una denuncia que data del 2018 por la intoxicación de 1.423 personas en la cárcel Pedregal de Medellín. La denuncia fue presentada en su momento por el concejal de Medellín del Partido Liberal, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos.

Por su parte, Liber SAS es acusada por el Inpec de no cumplir con el 60 % de los contratos y ha tenido problemas legales. En 2019, el juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales sentenció sobre la empresa que estaba entregando “alimentos en deplorables condiciones sanitarias”.

La empresa ha estado envuelta en múltiples escándalos, incluso El Tiempo reveló en su momento que empleados de esta intentaron meter a la cárcel de Combita, Boyacá, 52 celulares, 68 cargadores, 52 manos libres, 54 cables USB y 5 baterías.

“Eso fue un hecho aislado de unos empleados, que incluso estaban en vacaciones y otros empleados que no trabajaban con nosotros, eran contratistas externos. No se pudo probar que era responsabilidad de la empresa”, replicó Jairo Andrés Becerra, gerente de Proalimentos Liber, al medio independiente.

Así mismo, el Inpec puso la mira en 41 centros penitenciarios y carcelarios donde hubo hallazgos sobre mala calidad en alimentos y con los que son alimentados los reclusos.

Además, demostró el incumplimiento de los operadores a los documentos técnicos de la Bolsa Mercantil de Colombia, un sistema que es el encargado de los contratos de las empresas.

“No se cumple con las características organolépticas de los alimentos suministrados”, se puede leer en el documento sobre la situación de la Picota en Bogotá. Esto traduce que la comida no es agradable a los sentidos y además no cumple con los gramajes mínimos establecidos por la ley.

Además de esto, el mismo Inpec reporta que los operadores no garantizan la limpieza de los utensilios, no tiene en su planta un chef y las personas que trabajan en las cocinas tiene jornadas extenuantes y largas.

El documento señala que los alimentos no tienen la temperatura permitida de cocción y menos la de refrigeración, algo que puede llevar a descomponer los alimentos y causar daños en la salud de las personas privadas de la libertad.

A este informe del Inpec se suma el que dio la Secretaría de Salud de Bogotá, en agosto de 2020, con un concepto desfavorable sobre la comida en la Picota.

Los encargados de la alimentación en esta cárcel bogotana son la Unión Temporal Alimentos Saludables, conformada por la empresa Jesmar Hurtado y Compañía S. en C. (con registro en Caquetá) y por la Fundación Ecológica y Social La Esperanza (con registro en Huila).

El informe periodístico revela otras inconsistencias en la contratación y los alimentos que comen los reclusos. A pesar de que los gerentes de varias de estas empresas culpan al Inpec de lo que ocurre, y dicen que presentaron un informe amañando, una fuente de la entidad le confirmó a Pacifista que todo lo escrito efectivamente ocurre dentro de los centros penitenciarios.

La USPEC, unidad del gobierno encargada de la administración de los penales, no se ha pronunciado sobre los señalamientos, uno de ellos es que los contratistas siguen siendo asignados a pesar de las comprobadas irregularidades.

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