Desde el 2018, las masacres volvieron ha aumentar en Colombia, tras evidenciarse una disminución en las cifrasn entre el 2016 y 2017, al punto de que uno de los períodos más críticos para las poblaciones victimas de este tipo de violencia se ha presentado entre el 2020 y el 2021.
Uno de los factores señalado por la línea de conflicto, paz y posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación, como causa de los asesinatos colectivos es que los grupos armados se disputan la legitimidad de la población civil, haciendo uso de la violencia contra los ciudadanos, argumentando, por ejemplo, que estos tienen vínculos con otras bandas.
Organizaciones e instituciones que estudian la violencia en Colombia creen que, tras la firma de los Acuerdos, se frenó la dinámica nacional de violencia, pero se atomizaron expresiones locales de esta, porque no se cumplió lo pactado y las causas estructurales del conflicto no fueron atendidas.
Pero existen otros posibles factores que van ligados a las dinámicas del territorio, un caso conocido es el Bajo Cauca, donde el fenómeno de violencia está ligado a los cultivos ilícitos, las rutas ilegales del narcotráfico y la minería.
Pero en Antioquia se han encontrado factores relacionados con el consumo y venta de estupefacientes. Según Indepaz, un tercio de las masacres de Antioquia, el departamento que concentra el número más alto de este tipo de homicidios colectivos entre 2020 y 2021, ocurrió en la zona cafetera del Suroeste.
En total el departamento ha registrado un promedio de 28 masacres, de las cuales nueve que dejaron 38 muertos, esta relacionados con microtráfico. Así lo han reconocido las autoridades locales en algunos casos.
“Claramente se identificó el hecho ligado al microtráfico y a la distribución y consumo de estupefacientes en el Suroeste antioqueño, intensificado por la cosecha cafetera”, le dijo a Semana Anibal Gaviria después de la masacre de diez personas en Betania.
Por otro lado la defensoría emitió un Alerta en agosto de 2020, advirtiendo del conflicto entre las AGC, La Oficina y bandas delincuenciales que operan en Medellín, como La Terraza y San Pablo, relacionadas con el microtráfico de la zona.
De acuerdo con una investigación llevada cabo por La Silla Vacía, en la región antioqueña caracterizada por ser una zona agrícola y turística, la violencia del territorio esta vinculada a disputas entre grupos armados por el control de los mercados de microtráfico. Estos mercados son generados por la población flotante de más de 40 mil recolectores de café, entre la que hay altos índices de consumo de marihuana y cocaína.
Un ejemplo, fue la masacre que ocurrió el 16 de febrero en una finca cafetera en Andes. Donde hombres encapuchados llegaron a uno de los campamentos donde recolectan café, y mientras los hombre que ocupaban el lugar dormían, sacaron a seis trabajadores y asesinaron cinco de ellos. El crimen fue perpetrado al parecer por integrantes del Clan del Golfo, que fueron capturados unos días después.
Según el Comité de Cafeteros de Antioquia, a la región cafetera del departamento llegan cerca de 40 mil recolectores de café de diferentes partes del país en época de cosecha. Cada trabajador recoge, en promedio, 80 kg de café diarios, por lo que en promedio ganan entre 40 mil y 50 mil pesos al día.
El promedio de edad de la gran parte de los recolectores es entre 20 a 30 años y el trabajo se da usualmente entre septiembre y noviembre. Los lugares donde se hospedan son espacios pequeños donde usualmente caben unas 60 personas en camarotes.
Yeison Galeano un joven recolector comentó que “hay que convivir aguantándose los olores de los que consumen. La convivencia es súper difícil. Hay gente que no se baña”. Estas condiciones solo facilitan la venta y el consumo de droga.
El dueño de una finca donde sucedió una de las masacres, que no dio su nombre por cuestiones de seguridad, le contó a La Silla que durante los cuatro meses de cosecha, que en el Suroeste es en los últimos meses del año, podía contar con los dedos de las manos los recolectores que no son consumidores de droga, pues esto se ha normalizado en la región y los trabajadores.
Agregó, además, que “ellos con esa marihuana se concentran y con eso cogen más café, se envuelven en el trabajo. Sin la marihuana son despegados”.
Por ello, las fincas se han vuelto escenario de consumo y comercialización de estupefacientes. “Hay fincas que son demasiado grandes y pueden tener jíbaros dentro de la finca y gente que los surta”, señaló Galeano.
En algunas fincas, los vendedores de drogas se infiltran como trabajadores y en otras no recogen café, sino que venden la droga a cambio del grano por el que luego reciben un pago, así lo aseguran dueños de las fincas y trabajadores de la zona.
Por lo que muchos habitantes de la zona creen que una de las soluciones podría ser la legalización del consumo mínimo de drogas.
Mientras tanto, las autoridades han intentado hacer más presencia en varios de los municipios del Suroeste después de las masacres. Sin embargo, esta medida no ataca el fondo del problema.
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