Contraloría busca eliminar la corrupción en el Programa de Alimentación Escolar

Luis Carlos Pineda, contralor delegado para la Participación Ciudadana, habló para el periódico El Espectador sobre el Programa de Alimentación Escolar, PAE. En la entrevista el contralor contó que dentro du sus estrategias está que los alimentos destinados lleguen realmente a los menores de edad y no haya corrupción.

Este programa ha sido seguido con lupa, en el que el Ministerio de Educación también ha estado trabajando. Y, de acuerdo con información de la Procuraduría, que el Ministerio Público pidió a nueve gobernadores y 22 alcaldes, que hasta esa fecha no habían reportado el inicio del programa en sus territorios.

Por otro lado, de las casi 100 entidades territoriales certificadas, 95 dieron inicio a su calendario académico antes del 12 de febrero, pero para mediados de este mes, solo 47 entidades reportaron el inicio de la operación del Programa de Alimentación Escolar.

Según lo que habló Pineda para este diario, se estima que los que niños ingresen al colegio cuenten ya con el programa implementado, pero el problema se encuentra en que las instituciones no han sido organizadas ni cumplidas con este tema.

“En muchos casos los niños van al colegio por su comida, pues se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Con corte al 12 de febrero, de los 5′600.000 estudiantes, aún faltaban 3′200.000 por recibir la alimentación. Hay 96 entidades territoriales certificadas, 95 de estas ya habían comenzado la jornada escolar (Vichada iniciaba el 15) y, para ese momento, 48 no habían reportado el inicio del PAE a la Unidad de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación. Son 38 las entidades territoriales que presentaban mayor rezago, porque no contrataron dentro de las dos semanas de plazo máximo después del inicio del calendario” comentó el contralor.

Hablando específicamente sobre los lugares del país que se encuentran en una situación crítica, según Pineda, y que más le preocupa a la Contraloría y el Ministerio de Educación son los municipios de Pitalito, Huila; Quibdó, Chocó; y Lorica, Córdoba, los cuales comenzaron labores escolares en la segunda semana de febrero.

La fuente de ingresos para que este programa se pueda llevar a cabo está distribuido en tres pilares, es decir, el dinero proviene de los recursos del Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías. Según la Unidad de Alimentación Escolar. Estas tres entidades destinaron para este año $2,4 billones para el programa.

Y, desde la Contraloría, se le sigue la pista al programa desde tres enfoques diferentes: “el enfoque preventivo, con la reforma constitucional ya podemos generar las alertas y no hay que esperar hasta el año siguiente; las auditorías, para verificar cómo se comportaron las entidades territoriales financieramente y en términos de ejecución, y los procesos de responsabilidad fiscal. Hasta el momento hay 157 procesos de responsabilidad fiscal por más de $51.000 millones”, añadió Pineda.

Este presupuesto se asigna de acuerdo con el presupuesto que se fije desde el Presupuesto General de la Nación, y, sobre este plan, se les asigna una cantidad específica a cada entidad territorial. “En cuanto a regalías, hay bianualidad, pero se guardan los recursos para cada entidad. La Unidad de Alimentación Escolar parte de la asignación histórica, es decir, la del inicio de año es la misma del año anterior + IPC. Luego se hace reducción o incremento si su atención varió en número de estudiantes o días y, posteriormente, se distribuye el recurso disponible entre quienes aumentaron, en atención al orden de prioridad que establece la resolución. Así que todo depende de sus reportes territoriales, tanto de atención como de ejecución de recursos”, explicó Pineda para el diario capitalino.

Por último, Pineda habló sobre la corrupción que ha habido con terceros en la implementación del programa. Aclaró que los únicos afectados los los menores de edad que hacen parte de un porcentaje de la sociedad vulnerable. “Esto último también se evidenció en la entrega de ayudas alimentarias y la necesidad de fijar los topes de los alimentos. Se ha trabajado en distribuir responsabilidades del tema en los territorios, pero es muy importante concientizar respecto a que esto no es un regalo, es un derecho, y no hay ninguna excusa -ni la pandemia- para no ejecutar los recursos”, concluyó el contralor Pineda.

Y también invitó a que la ciudadanía denunciara casos de corrupción o irregularidades que se vieran dentro del programa por medio de la aplicación ControlApp, por el correo electrónico cgr@contraloria.gov.co o en las redes sociales.

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