Procuraduría pide a MinSalud claridad en el proceso de vacunación para indígenas, afrocolombianos y raizales

La Procuraduría General de la Nación sigue emitiendo dudas con respecto al Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19 del Gobierno colombiano. Después de una primera ronda publicada el pasado viernes 8 de enero, el Ministerio Publico se volvió a referir al tema, esta vez enfocándose en los grupos indígenas, afrocolombianos y raizales, entre otros, según informó Caracol Radio.

En un documento oficial, el procurador Delegado de Asuntos Étnicos, Richard Moreno Rodríguez, le solicitó al ministro de Salud, Fernando Ruiz, que haga mayor precisión en cuál será el proceso para hacer llegar los biológicos a los integrantes de dichas comunidades.

“Consideramos pertinente se nos informe con claridad de qué manera se realizará el proceso de inmunización para los integrantes de los pueblos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y pueblo Rom, en pro de la garantía del derecho a la salud”, señaló el funcionario.

De acuerdo con el mismo, “es de suma importancia recordarle que estos pueblos son sujetos de especial protección y que algunos de ellos están en riesgo de extinción física y cultural como lo ha señalado la Corte Constitucional en reiteradas jurisprudencias”, por lo que su ausencia al interior del plan publicado por el Ministerio de Salud y Protección Social despierta preocupación.

Lo último teniendo en cuenta, sobre todo, después del sábado 9 de enero, cuando el propio Ruiz señaló que, por lo menos la vacuna de Pfizer, que es la primera que arribará al país, no será enviada a las zonas rurales de Colombia, donde tienden a habitar este tipo de comunidades.

“Para zonas rurales es necesario y fundamental tener otros tipos de vacuna que no requieran ultracongelación, solamente refrigeración, así como operativos mucho más simples y sencillos de transporte, distribución y aplicación”, explicó al respecto el ministro, agregando que allí sólo se enviarán las soluciones de AstraZeneca y Johnson&Johnson, sobre las que todavía no se tiene aprobación.

Sin embargo, todavía se desconoce cómo serán asignadas estas dosis a lo largo del país. Sólo se sabe que el Ministerio cuenta con dos grandes bodegas en la zona franca de Bogotá, de donde se enviarían los biológicos a las 37 bodegas que hay en el territorio nacional con ayuda del Ejército. El camino que tomarán desde dichos centros de acopio sigue siendo un misterio.

Aparte del tema de las comunidades étnicas, la Procuraduría ya había señalado otras 12 observaciones que requieren ajuste a nivel del plan de vacunación, como cuáles son las entidades encargadas de cruzar los sistemas de información para determinar quiénes se vacunan, cuáles son los tiempos de análisis para ejecutar dicho proceso o la suficiencia del recurso humano disponible en todas las etapas para alcanzar la meta propuesta por el Ministerio.

“No se evidencia que se haya establecido la duración de las jornadas, las agendas y turnos de vacunación, ni tampoco se consigna cómo se garantizará la provisión de todos los insumos y elementos de bioseguridad para el personal que adelantará las inmunizaciones”, se lee en el documento que también desconoce cuáles serán los entes de vigilancia para garantizar la eficacia de todas las etapas del proceso, desde el transporte de la vacuna hasta el registro de aplicaciones, entre otras cosas.

No darles solución a dichos cuestionamientos, que según la Procuraduría generan riesgos de errores en la ejecución del plan, podría salirle muy caro al ministro Ruiz, que ya está advertido de una posible moción de censura en el Senado, si no empieza el proceso de vacunación para las poblaciones más vulnerables antes de las próximas ocho semanas.

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