
La infiltración de estructuras criminales en espacios educativos volvió a encender las alertas en Ecuador tras las denuncias registradas en la ciudad de Latacunga, a 108 kilómetros al sur de Quito, donde un estudiante de secundaria es investigado por intentar reclutar a sus compañeros para integrar una organización delictiva. El caso, que se conoció públicamente esta semana, ha movilizado a autoridades policiales, educativas y gubernamentales mientras se recopilan testimonios y evidencias para determinar el alcance de los hechos.
La situación salió a la luz luego de la desaparición temporal de un alumno de la Unidad Educativa Vicente León, uno de los planteles más emblemáticos de la capital de Cotopaxi. El estudiante fue reportado como desaparecido el pasado 10 de junio y localizado al día siguiente. Sin embargo, durante las indagaciones surgieron versiones que apuntaban a presuntas amenazas y presiones ejercidas contra varios adolescentes dentro de la institución.
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Según información proporcionada por la Policía Nacional, varios estudiantes señalaron a otro alumno como el supuesto responsable de intentar captar jóvenes para una estructura vinculada al crimen organizado. Las declaraciones fueron recogidas en presencia de representantes legales y forman parte de una investigación que se encuentra en etapa preliminar.
Los testimonios coinciden en que algunos estudiantes habrían recibido amenazas para integrarse a una organización delictiva. De acuerdo con los reportes iniciales, el adolescente señalado era conocido entre sus compañeros con un alias que ahora forma parte de las diligencias investigativas. Las autoridades no han revelado su identidad debido a que se trata de un menor de edad.
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La investigación busca establecer si existió realmente una estrategia de reclutamiento dentro del centro educativo o si los hechos corresponden a otro tipo de conflictos entre estudiantes.
Según los padres de familia, los estudiantes hablan de un sujeto denominado alias El Faraón, que estaría reclutando a los adolescentes para la banda criminal Los Lobos, de acuerdo a lo publicado por Ecuavisa.
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La Gobernación de Cotopaxi confirmó que se activaron protocolos de seguridad tras conocerse las denuncias. Como parte de la respuesta institucional, efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas fueron desplegados en los alrededores de varios establecimientos educativos de la provincia para reforzar los controles durante el cierre del año lectivo.
Las acciones incluyeron patrullajes preventivos, vigilancia en los accesos a los planteles y operativos en sectores considerados de riesgo. También se realizaron inspecciones en negocios cercanos a instituciones educativas y se fortaleció la presencia policial en horarios de ingreso y salida de los estudiantes.
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El Ministerio de Educación, por su parte, informó que se encuentra dando seguimiento al caso a través de sus equipos de acompañamiento y de los departamentos de consejería estudiantil. La cartera de Estado recordó que existen protocolos específicos para la prevención y detección de posibles situaciones relacionadas con violencia, intimidación o reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales.

La preocupación se extendió rápidamente entre padres de familia y docentes. Algunos representantes denunciaron la circulación de mensajes, fotografías y contenido relacionado con actividades delictivas en grupos de redes sociales utilizados por estudiantes. Otros expresaron temor por la posibilidad de que organizaciones criminales estén intentando acercarse a adolescentes dentro o fuera de los centros educativos.
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Algunos padres incluso manifestaron su intención de solicitar cambios de establecimiento si las investigaciones confirman la existencia de riesgos para los estudiantes.
El caso ocurre en un contexto en el que las autoridades ecuatorianas han advertido de manera recurrente sobre los intentos de grupos criminales de captar menores de edad. Diversos informes oficiales han señalado que organizaciones vinculadas al narcotráfico y a otras economías ilícitas buscan incorporar adolescentes a sus estructuras mediante promesas de dinero, amenazas o relaciones de confianza construidas dentro de los entornos comunitarios.
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En los últimos años, el fenómeno del reclutamiento de menores ha sido identificado por organismos estatales como una de las principales preocupaciones en materia de seguridad. La utilización de adolescentes para actividades relacionadas con microtráfico, vigilancia de territorios, transporte de armas o apoyo logístico ha sido documentada en varias provincias del país.
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