Las normas sobre agrotóxicos y trigo transgénico complican a Lula y amenazan la seguridad alimentaria de Brasil

Una nueva polémica ensombrece la agenda medioambiental de Lula. Después de las ambiguas posiciones de Brasil sobre la explotación de petróleo en la Amazonia, con las declaraciones del ministro de Minas y Energía Alexandre Silveira, que en la Cumbre de los países amazónicos que acaba de concluir en Belém incluso contradijo los estudios contra el uso de combustibles fósiles del Grupo de Cambio Climático de la ONU (IPCC en inglés), ahora es el turno de los agrotóxicos. A finales de julio, el número de pesticidas aprobados por el Ministerio de Agricultura brasileño llegó a 231, una cifra récord para un solo semestre si se compara con los mandatos anteriores de Lula (2003-2010), Dilma Rousseff (2010-2016) e incluso Fernando Henrique Cardoso (1995-2003). Lo que ocurre es que, aunque el recién instalado gobierno de Lula anuló muchos decretos heredados de la anterior administración de Jair Bolsonaro, no eliminó el de 2021 que revolucionó literalmente la regulación de los agrotóxicos en Brasil.

En particular, se han cambiado las reglas del juego en lo que se refiere a la duración de los plazos de análisis de los productos. Mientras antes la duración era de más de seis años, el decreto la ha acortado a sólo 12 meses. Además, autoriza cualquier tipo de plaguicida siempre que tenga “un margen de exposición seguro”, término muy criticado por los expertos por su vaguedad. El resultado es que de los 231 pesticidas aprobados hasta ahora en 2023, cinco han sido clasificados como “altamente tóxicos” y dos como “muy arriesgados” para la salud humana, y 47 como “muy arriesgados” en términos de impacto medioambiental. El decreto forma parte de un debate más amplio relativo a un controvertido proyecto de ley, el 6299/02, sobre agrotóxicos, aprobado en la Cámara de Representantes y ahora pendiente de análisis en el Senado.

El proyecto de ley creado en 2022 por el entonces senador Blairo Maggi, empresario agrícola y ex ministro de Agricultura de Michel Temer de 2016 a 2019, ha sufrido muchas transformaciones a lo largo de los años. De dos artículos, terminó con 60 presentados principalmente por el Partido Liberal (PL) de Bolsonaro. En caso de ser aprobado, los controles podrían ser relajados, de ahí el apodo del proyecto de ley de “paquete de veneno” por las asociaciones ambientalistas. Entre las novedades que prevé el proyecto de ley está la retirada del poder de decisión tanto a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, la Anvisa, como al Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, el Ibama. De hecho, estos dos organismos ya no tendrán poder sobre la autorización del registro de los pesticidas, poder que se transfiere íntegramente al Ministerio de Agricultura y Pecuaria.

Casi el 80% de los agrotóxicos utilizados en Brasil están prohibidos en Europa. Pero, ¿a qué se debe esta discrepancia? La Ley 7802 de Agrotóxicos de Brasil de 1989, según la cual debe prohibirse todo pesticida asociado a cáncer, alteración hormonal o daños para la salud, se reguló en un decreto de 2002 que no es retroactivo. Por lo tanto, muchos plaguicidas como el glisofato o incluso otros más antiguos como el paraqat y la atrazina que están prohibidos en muchas partes del mundo siguen utilizándose en grandes cantidades en Brasil simplemente porque fueron aprobados antes de 2002.

Según la toxicóloga Karen Friedrich, del Ministerio Público de Trabajo, “los pesticidas más modernos tienen una toxicidad reducida en general y son los que Europa compra y Brasil no. Si nos fijamos en los registros emitidos por el gobierno anterior, hay pocos productos realmente nuevos a nivel químico, pocas nuevas tecnologías. Para las empresas extranjeras, Brasil es conveniente para vender los pesticidas más antiguos, los que en la mayor parte del mundo no pueden venderse. Nos hemos convertido en un vertedero tóxico para los pesticidas que no pueden venderse en otros lugares”, explica Friedrich. “La paradoja es que pesticidas que no tienen registro en Brasil pueden, sin embargo, producirse aquí para la exportación. Y lo peor es que el artículo 17 del proyecto de ley dice que los fabricantes no necesitan presentar información toxicológica y medioambiental. ¿Cómo se puede producir algo que no se conoce sobre los problemas de salud que puede causar a los trabajadores de la industria y a las personas que viven en los alrededores de las fábricas? ¿Qué tipo de filtro, qué tipo de medidas de seguridad medioambiental deben instalarse en esa fábrica para evitar que el producto contamine el río, el aire, el suelo? No lo sabemos, porque no será obligatorio que las empresas presenten esta información. Esto es muy grave”, comenta Friedrich.

Los pesticidas en Brasil han disfrutado de enormes beneficios fiscales desde 2004, durante el primer mandato de Lula, con una reducción del 60% del ICMS (Impuesto sobre la Circulación de Mercancías y Servicios) y, algunos, la exención total del IPI (Impuesto sobre Productos Industrializados). Después de dos años, el Supremo Tribunal Federal (STF) reanudó el 9 de junio de este año la Acción Directa de Inconstitucionalidad para decidir la supresión de estos privilegios que favorecen el mercado. Pero el proceso se suspendió pocos días después y hay tiempo hasta septiembre para que se vuelva a debatir.

“Acabar con este tipo de beneficios de los pesticidas sería un gran paso hacia mejores políticas públicas”, explica Marina Lacorte, portavoz de agricultura de Greenpeace Brasil. “Así es como se construye una agricultura verdaderamente más moderna: cambiando viejas reglas que no tienen sentido para el bien común y dejando espacio para la creación de medidas más justas”.

Cuanto más tarda el STF en juzgar la exención fiscal, mayor es el impacto socioambiental y en el erario público. Solo en 2017, se dejaron de recaudar cerca de 10.000 millones de reales, unos 2.040 millones de dólares, debido a los beneficios fiscales concedidos a la comercialización de agrotóxicos, según la Asociación Brasileña de Estudios de Salud Colectiva (ABRASCO).

El gobierno de Bolsonaro apoyado en el Congreso por la bancada ruralista compuesta por el lobby de productores del agronegocio ha autorizado 2.182 agrotóxicos entre 2019 y 2022. De estos 1.816 son químicos mientras que solo 366 son biológicos, es decir, de bajo impacto ambiental que también pueden ser utilizados en la agricultura ecológica. En 2012 Brasil fue el mayor importador mundial de pesticidas químicos y actualmente es el segundo después de Estados Unidos en valor absoluto de productos utilizados, unas 377.000 toneladas en 2020 según la FAO, la Agencia de la ONU para la Alimentación y la Agricultura.

Por si fuera poco, en marzo de ese año Brasil aprobó el cultivo y la venta de HB4, una semilla de trigo modificada genéticamente para resistir los periodos de sequía. Junto con Argentina, Brasil es el único país del mundo que autoriza su cultivo.

En la Unión Europea y en países como Australia, Nueva Zelanda, Indonesia, Sudáfrica, Colombia, Nigeria y Estados Unidos sólo se permite su consumo. La aprobación de este nuevo trigo transgénico por la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio) del Ministerio de Ciencia ha desatado el debate. Por un lado, muchos agricultores ven una oportunidad para aumentar su producción. Por otro, al menos 10 organizaciones de la sociedad civil, como el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (IDEC) y la Asociación Brasileña de Agroecología (ANA), han denunciado públicamente violaciones en el proceso de aprobación y, especialmente, la falta de estudios científicos sobre los riesgos para la salud y el medio ambiente.

De los agrotóxicos a los transgénicos, en definitiva, el gobierno de Lula parece ir en una dirección contraria a las declaraciones del presidente. Precisamente en su discurso en la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático COP-27 celebrada en Egipto el pasado diciembre, Lula prometió la vuelta a una producción agrícola equilibrada desde el punto de vista medioambiental, sin la cual sería para Brasil “una vuelta al pasado”. Por no hablar de las políticas de agricultura ecológica del Movimiento Sem Terra (MST), que Lula también elogió en su campaña electoral por la producción de arroz ecológico.

Y también es ambigua al respecto la nueva reforma fiscal. Con la decisión del Congreso de eximir la llamada canasta básica, es decir, la lista de bienes esenciales para garantizar la seguridad alimentaria de las franjas menos pudientes de la población, se discute ahora qué alimentos deben componerla y gozar así de exenciones fiscales. Técnicos del Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (Idec) analizaron las cestas actuales en seis estados y descubrieron que muchos artículos que se benefician de ella no están en consonancia con las directrices alimentarias brasileñas vigentes desde 2014.

Por el contrario, se fomenta el consumo de diversos productos ultraprocesados y bebidas gaseosas. Según Ana Maya, especialista del programa de alimentación saludable y sostenible del Idec “necesitamos que los alimentos de la canasta básica sean arroz, frijoles, carnes tradicionales, frutas, verduras. No debemos dar exenciones fiscales a productos como embutidos o bebidas gaseosas, aunque sean artículos que la gente ya consume”. No es casualidad que, según las últimas cifras del Ministerio de Salud de marzo, la obesidad afecte ya a 6,7 millones de brasileños, con un mayor aumento en la poblacIón de entre 18 y 24 años.

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