Cómo era el mecanismo en el Banco Central de Ecuador que permitió el lavado de dinero de Alex Saab durante el gobierno de Rafael Correa

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional del Ecuador recibió en una de sus sesiones a Guillermo Avellán, gerente del Banco Central del Ecuador, que indicó cómo funcionó el Sistema de Compensación Sucre y pidió a las autoridades que se evalúe la permanencia del Ecuador en este sistema monetario.

Según las investigaciones realizadas por el presidente de la Comisión, el legislador Fernando Villavicencio, el acusado por lavado de dinero, Alex Saab, quien ha sido identificado como un presunto testaferro de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, habría utilizado al sistema de compensación de los países del ALBA para lavar dinero a través del pago por exportaciones ficticias o subvaloradas entre Ecuador y Venezuela.

El mecanismo de exportaciones ficticias entre Ecuador y Venezuela habría operado entre 2009 y 2014, según investiga la Comisión de Fiscalización del Congreso ecuatoriano. Las exportaciones se habrían realizado con la filial ecuatoriana de la empresa Foglocons, fundada originalmente en Colombia por Álex Saab y su socio Álvaro Pulido, este último luego creó una sucursal en Ecuador junto a Luis Eduardo Sánchez Yánez, hermano de Jaime Sánchez Yánez, conocido como “El Chamo” y una persona de confianza de Hugo Chávez que además fue el asesor de seguridad de Rafael Correa.

Según los documentos de la Secretaría de Aduanas, del Banco Central del Ecuador, y de inteligencia a los que pudo acceder Villavicencio, hasta 2013, Fonglocons Ecuador declaró USD 296 millones de exportaciones de materiales de construcción a Venezuela para la vivienda popular. No obstante, las exportaciones eran ficticias y los contenidos no llegaron a Venezuela. De acuerdo con el presidente de la Comisión de Fiscalización, las exportaciones ficticias habrían movilizado alrededor de USD 2.000 millones.

Con la comparecencia de Avellán hay nuevas pistas sobre cómo funcionó el sistema de compensación Sucre y pone en la mira a las exportaciones e importaciones entre Ecuador y Venezuela. Estas transacciones podrían relacionarse con el lavado de dinero del que está acusado Saab.

El Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE), conocido como la moneda virtual de la Alianza Bolivariana para los pueblos de América (ALBA), según el Sistema Económico Latinoamericano del Caribe (SELA), es un mecanismo monetario que tenía como propósito la canalización de pagos internacionales resultantes de las operaciones de comercio recíproco entre sus países miembros: Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.

El sistema se basa en la utilización de una moneda virtual para el registro de las operaciones exclusivamente entre los bancos centrales, en tanto que la liquidación local –pagos a exportadores y cobros a importadores– se efectúa con las respectivas monedas nacionales de los países miembros.

Avellán explicó que entre el 2010 y el 2019, Ecuador utilizó el sistema de compensación exclusivamente para exportar a Venezuela. Los registros del Banco Central del Ecuador detallan que el 99 % de las exportaciones a través del “Sucre” fueron hacia Venezuela y los valores fueron mayores a los USD 2.600 millones. Sobre las importaciones efectuadas con el mismo sistema, el 82,3 % corresponde a Venezuela y el 17,7 % a Cuba.

Sin embargo, para Avellán lo que enciende las alarmas es que, en el 2013, el valor por las transacciones registradas en el sistema Sucre haya duplicado lo registrado por el Servicio Nacional de Aduanas (Senae): “Las transacciones a través del Sucre fueron mayores a las registradas por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador y esto llama la atención porque las transacciones que se ejecutaron a través del Sucre deberían ser igual o menores a las exportaciones no petroleras que se registraron a través de la Senae, pero ese no es el caso, en el 2013, porque las transacciones ejecutadas a través del Sucre llegaron a un monto de USD 822,9 millones, mientras que las exportaciones no petroleras que se registraron a través de la Senae llegaron únicamente a USD 461,4 millones”.

Entre el 2013 y 2014, según recoge el portal Periodismo de Investigación, luego de varias denuncias públicas, la Fiscalía ecuatoriana se vio obligada a iniciar una investigación penal sobre Foglocons. Sin embargo, luego de una larga disputa, la jueza María Jaramillo Hidalgo ordenó que se desbloqueen USD 60 millones correspondientes a los fondos retenidos a Foglocons.

Según una publicación realizada en la web de la Fiscalía General del Estado en 2015, Foglocons habría lavado USD 159.9 millones en el sistema financiero legal del Ecuador, entre diciembre del 2012 y marzo del 2013.

La nota recoge que con apenas tres meses de creación la filial de Foglocons en Ecuador movió millones de dólares por exportaciones de planchas prefabricadas, materiales y acabados de construcción de viviendas a Venezuela. A esas operaciones la Fiscalía General del Estado las investigó bajo la presunción de lavado de activos.

“La diferencia millonaria entre los pagos a proveedores por los productos que exportó, frente al dinero que recibió por estos materiales, dispararon las alarmas”, cita la publicación oficial y recalca que “Ecuador no es productor” de materiales de construcción prefabricados.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, Foglocons vendió USD 159.9 millones en productos prefabricados a ELM IMPORT S.A. de Venezuela –una empresa conocida dentro de los negocios de Alex Saab–. No obstante, se registraron pagos por USD 200.000 a sus proveedores por estos materiales.

En su comparecencia, Avellán sugirió que las autoridades deben evaluar la permanencia del país en el sistema de compensación Sucre porque las operaciones a través de este, entre 2020 y 2021, prácticamente desaparecieron.

Otra comisión investiga los Pandora Papers

Mientras la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional investiga el caso de Álex Saab y ha pedido la comparecencia de Luis Eduardo Sánchez Yánez, socio de Álvaro Pulido en la filial ecuatoriana de Foglocons; en la Comisión de Garantías Constitucionales prepara el informe final de la investigación sobre los Pandora Papers que involucran al presidente Guillermo Lasso.

Según el borrador del informe de la comisión, al que pudo acceder Diario La Hora, los legisladores establecerían que “el Presidente de la República no tendría margen de maniobra para llevar adelante el Plan Nacional de Desarrollo, y su credibilidad social se desplomaría, al tiempo que genera en la sociedad un ambiente de frustración, conflicto social, y vergüenza colectiva, lo que provocaría un escenario de conmoción social, porque altera de forma radical las coordenadas éticas y deontológicas del sistema político, y posibilita la anomia de las instituciones”.

La Comisión de Garantías Constitucionales, conformada mayoritariamente por legisladores correistas y del partido indígena, habrían encontrado “que el presidente Guillermo Lasso es accionista mayoritario del Grupo Económico Banco de Guayaquil- Corporación MULTIBG S.A. y que, por este motivo, todas las decisiones que ha tomado el grupo en materia de inversiones nacionales, internacionales, creación de off shore en paraísos fiscales, creación de fideicomisos en off shore deben contar, necesariamente, con el aval, consentimiento y aprobación del presidente Guillermo Lasso para ser legales y vinculantes”.

La mañana de este 5 de noviembre, la Comisión de Garantías Constitucionales se apresta a aprobar el informe final de su investigación. Si el informe fuese aprobado por la comisión y luego por el pleno alegando a que hay una “grave conmoción social”, la Asamblea Nacional podría optar por la aplicación de la figura de la disolución anticipada de los poderes representativos –conocida como “muerte cruzada”, en este caso del cargo del Presidente de la República.

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