Familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa dieron a conocer este sábado que fueron convocados a una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el próximo miércoles 4 de diciembre para dar seguimiento al caso.
De acuerdo con el documento, el Gobierno de México citó a los padres, madres y representantes de los jóvenes a las 13:00 horas en el salón Guillermo Prieto (Tesorería) de Palacio Nacional.
Esta será la primera reunión de Sheinbaum como presidenta con los familiares de los 43, tras 10 años sin justicia, luego de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador le delegó el caso tras incumplir su promesa de resolverlo, a pesar de haberlo usado como bandera de campaña.
Su último encuentro fue el 29 de julio pasado, cuando la entonces mandataria electa se comprometió a diseñar una ruta al asumir presidencia el 1 de octubre, según informó el vocero y abogado del caso, Vidulfo Rosales, al salir de la reunión.
La próxima reunión, programada para dentro de 10 días, se da tras la detención este viernes de Alejandro Benítez Palacios, alias ‘El Cholo’ Palacios, quien presuntamente era líder del grupo criminal Guerreros Unidos hace 10 años, cuando desaparecieron los normalistas.
No obstante, desde 2021 los padres y familiares han advertido de estancamiento en el caso por encubrimiento al Ejército, clave en la desaparición de los jóvenes, pero que López Obrador se negó a perseguir.
10 años sin saber dónde están los 43
El caso Ayotzinapa ocurrió durante la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ desaparecieron mientras se dirigían a la Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.
Desde el día 1, la exigencia de las familias y la sociedad civil fue la aparición con vida de los 43 normalistas, cuyas edades oscilaban entre los 17 y 25 años. En un inicio se dijo que habían sido detenidos por orden del entonces alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca, porque aseguraba que los planeaban boicotear un evento de su esposa María de los Ángeles Pineda, titular del DIF municipal.
Policías de Iguala abrieron fuego contra los cinco camiones en los que viajaban los normalistas, detuvieron a 43 de ellos y posteriormente ya no se supo nada de ellos. El saldo de ese cruento ataque también incluyó la ejecución extrajudicial de seis personas -entre ellos tres estudiantes, uno de ellos brutalmente torturado y desollado- y 40 personas lesionadas.
En cuestión de meses, la Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía) al mando de Jesús Murillo Karam trató de cerrar el caso presentando una versión oficial de los hechos, en la que aseguraba que un grupo del crimen organizado había confundido a los estudiantes con rivales y que por eso los habían secuestrado, torturado, asesinado y posteriormente calcinado en el basurero municipal de Cocula, Guerrero, “esta es la verdad histórica de los hechos”, sentenció en enero de 2015 el exprocurador.
Las familias y sus defensores -de los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y de la Montaña ‘Tlachinollan’- rechazaron la ‘verdad histórica’ de Murillo Karam y por ello se sumó al caso el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), especialistas de distintas nacionalidades que refutaron con investigaciones la versión oficial de los hechos; entre otras cosas, concluyeron que los jóvenes no fueron incinerados en el basurero y que sus restos jamás fueron arrojados al río San Juan.
Pero del paradero de los 43 normalistas se seguía sin saber nada. Hasta ahora, sólo se tiene la confirmación de la muerte de tres de ellos: Alexander Mora Venancio, Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz, cuyos restos fueron identificados tras una serie de análisis de ADN hechos en la Universidad de Innsbruck, Austria. El paradero de los otros 40 estudiantes sigue siendo un misterio a 10 años.
En 2018, Andrés Manuel López Obrador durante su campaña prometió esclarecer el caso y, una vez que asumió como presidente, creó una Comisión de la Verdad que concluyó en 2022 que la desaparición de los 43 normalistas fue un “crimen de Estado” con la participación de autoridades de todos los niveles, incluyendo las Fuerzas Armadas. Incluso, en la recta final de su gobierno, dio a conocer que él mismo era quien estaba conduciendo las indagatorias.
(Con información de EFE)