Salud por Derecho denuncia la "crisis de salud pública" por las políticas migratorias de la UE en las personas migrantes

La Fundación Salud por Derecho ha presentado el informe 'La política migratoria en la UE como crisis de salud global' en el que ha denunciado el impacto de las políticas migratorias europeas en la salud de las personas migrantes, que están generando "una crisis de salud pública que afecta a millones de personas migrantes".

Así, Salud por Derecho ha señalado que durante los primeros seis meses de 2024 más de 120 millones de personas se vieron obligadas en todo el mundo a abandonar sus hogares debido a conflictos armados, violaciones de derechos humanos, crisis humanitarias y los efectos del cambio climático. A pesar de estas cifras, la Fundación considera que la Unión Europea "continúa endureciendo sus políticas migratorias y de control de fronteras".

Al hilo indica que, desde 2014, más de la mitad de las muertes registradas en procesos migratorios han ocurrido en Europa o en rutas hacia el continente, tanto marítimas como terrestres. "Solo en el Mediterráneo, 30.356 migrantes han muerto o desaparecido en la última década", destaca, mientras que asegura que en el desierto del Sáhara se estima que esa cifra podría ser el doble.

El informe revela cómo estas medidas centradas en la disuasión, la detención y el blindaje de fronteras están desencadenando "una crisis de salud pública que afecta a millones de personas migrantes". El documento subraya que "estas políticas les están empujando a tomar caminos más peligrosos, lo que aumenta los riesgos para su salud".

Esta situación, advierte, no es una consecuencia inevitable del proceso migratorio, sino una decisión política. En este punto resalta que la UE, que cuenta ya con el 15 por ciento de sus fronteras con muros, ha aumentado un 94 por ciento la financiación destinada al control de la migración para el periodo 2021-2027.

ENTRE MUROS Y DETENCIONES

El informe subraya también los "serios riesgos" para la salud que enfrentan las personas migrantes que se ven expuestas durante el viaje a condiciones extremas, como calor sofocante, frío intenso y deshidratación, además de sufrir violencia física en las fronteras y detenciones.

"La falta de acceso a atención médica y la interrupción de tratamientos agravan aún más su estado, afectando también su salud mental", señalan en el informe. Esta situación aseguran que ha provocado un aumento de casos de ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático entre quienes han migrado.

Según el informe, cada año más de 100.000 personas son detenidas en Europa por su estatus administrativo, y en España, el 70 por ciento de las personas detenidas en centros de internamiento desarrollan graves problemas de salud mental, como ansiedad y depresión, y dos de cada diez intenta autolesionarse. Esta detención, apuntan, también impacta en la infancia con consecuencias que pueden perdurar el resto de su vida.

Así, destacan que estudios muestran que un niño expuesto a estrés extremo, como el que sufre en una detención, tiene más probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón, más riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y puede perder hasta veinte años de esperanza de vida.

Otro aspecto que consideran preocupante es la "inacción y la violencia estructural" en las fronteras, donde "las devoluciones en caliente se han convertido en una práctica habitual". Estas devoluciones aseguran que se realizan "sin un debido proceso legal, no solo violan los derechos humanos, también causan graves heridas físicas y traumas psicológicos".

Desde 2017, se han registrado más de 25.000 casos de violencia en las fronteras europeas durante las devoluciones, lo que "demuestra el aumento de los riesgos y el abandono que enfrentan estas personas".

Además, Salud por Derecho denuncia la externalización del control migratorio y su grave impacto en la salud. En este punto, indican que la UE ha invertido millones de euros en financiar a países como Túnez, Libia o Marruecos para detener a migrantes antes de que lleguen a Europa. El documento destaca el caso de Libia, cuya guarda costera ha interceptado y devuelto mediante estas prácticas a 120.000 personas desde 2017. Todo, en un país donde más del 70 por ciento de las personas migrantes no reciben asistencia médica.

CLAVES PARA MIGRAR CON DERECHOS

El informe concluye con una serie de recomendaciones en las que insta a la UE a replantear su política migratoria para que integre la salud global y los derechos humanos. Reclama poner fin a la detención de migrantes, ya que "incluso los períodos más breves pueden provocar ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático que perduran durante años".

Asimismo, pide acabar con los acuerdos con terceros países que fomentan estas prácticas violentas y crear un mecanismo europeo exclusivo para rescates marítimos, garantizando puertos seguros.

A nivel nacional, pide a España que implemente las leyes europeas con plenas garantías. Para ello, reclama "evitar la detención de personas migrantes, ya que es incompatible con el derecho a la salud; establecer un sistema de monitoreo de salud en las fronteras, y dar prioridad a la atención sanitaria en el diseño de las políticas migratorias".