Ministro de Salud de Bolivia detenido por compra de respiradores para COVID-19

El ministro de Salud de Bolivia fue detenido este miércoles por la compra sobrevalorada de respiradores de fabricación española para pacientes con coronavirus, y luego fue destituido por la presidenta Jeanine Áñez, quien enfrenta el mayor escándalo de corrupción de sus seis meses de gobierno.

Marcelo Navajas, el ministro destituido, "se encuentra en calidad de aprehendido en dependencias de la FELCC [Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen] de la ciudad de La Paz", dijo el comandante de la unidad, coronel Iván Rojas.

El funcionario fue detenido y removido de su cargo un día después de que Áñez ordenara investigar la compra de respiradores en España por "posible corrupción" en medio de una ola de críticas hacia su gobierno.

Otros dos funcionarios sanitarios también fueron detenidos por la policía.

Además, fueron convocados a declarar ante los investigadores bolivianos dos empleados del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió los casi cinco millones de dólares para la compra de 179 respiradores.

El organismo internacional señaló en un comunicado público que "ve con preocupación las informaciones sobre posibles irregularidades en la adquisición de respiradores realizada por el Ministerio de Salud de Bolivia con recursos de financiamiento del Banco" y anunció que abrió una investigación interna.

El escándalo se destapó el pasado fin de semana con el reclamo de los médicos de cuidados intensivos, que denunciaron que las máquinas no eran adecuadas para las unidades de terapia intensiva de los hospitales bolivianos. Luego surgieron los informes de que se había pagado sobreprecio.

La prensa local indicó que Bolivia había adquirido los equipos de manufactura española a un precio unitario de 27.683 dólares, pero luego se conoció que la empresa los ofrece por entre 9.500 euros y 11.000 euros (10.312 dólares a 11.941 dólares). Otra empresa ibérica ofició de intermediaria.

Áñez precisó este miércoles en su cuenta de la red Twitter que "el contrato investigado por sobreprecio por los respiradores era de 4.773.600 US [dólares]" y que el país alcanzó a desembolsar 2.028.780 dólares, por lo que ordenó que "no se pague un centavo más" por los equipos.

La presidenta derechista dijo además que asumía el "compromiso" de "recuperar el dinero de los bolivianos".

Áñez "decidió apartar al ministro de Salud" para "evitar cualquier interferencia en el trabajo de la justicia", señaló la jefa de la cartera de Comunicación, Isabel Fernández, y nombró a la viceministra del sector, Eidy Roca, como interina.

El escándalo se produce en medio de una expansión del COVID-19 que hasta la fecha ha contagiado a cerca de 4.500 personas y provocado unos 190 decesos en Bolivia. La nación sudamericana permanece bajo cuarentena y con sus fronteras cerradas desde el pasado 17 de marzo y hasta fin de este mes.

- Áñez, blanco de críticas -

La mandataria, quien asumió el poder el pasado 12 de noviembre, un día después de la renuncia forazada de Evo Morales (2006-2019) tras una fuerte convulsión social y política por unas polémicas elecciones, se convirtió en blanco de las críticas y enfrenta su mayor crisis política por la compra de los ventiladores.

"Urge explicación seria del gobierno", señaló el exmandatario centrista y candidato presidencial Carlos Mesa, mientras que el delfín de Morales, el economista Luis Arce, señaló que el gobierno de Bolivia "sigue actuando de manera tardía y negligente".

Luis Fernando Camacho, candidato de derecha, fue más duro: "El dolor del pueblo no puede ser usado para hacer negociados".

Áñez también soporta la presión de sindicatos de obreros y campesinos, cercanos a Morales, que exigen aliviar la cuarentena sanitaria, la renuncia de la mandataria y que se fije la fecha de las nuevas elecciones, como máximo para el 2 de agosto.

Previstas inicialmente para el 3 de mayo, las elecciones para reemplazar el gobierno de Áñez han quedado en suspenso por la pandemia.

Desde la semana pasada se registran algunos bloqueos de caminos en las regiones de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Potosí.

Entre tanto, el municipio de Cochabamba abrió una mesa de diálogo con vecinos que impiden el ingreso de basura al botadero local.

El viceministro de Interior, Wilson Santamaría, responsabilizó por las protestas al partido izquierdista de Morales, "para convulsionar el país", pero la agrupación lo niega.

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