La pandemia expone las carencias del sistema carcelario peruano

Perú evalúa la excarcelación de miles de presos para poner fin a motines y protestas ante el riesgo de contagios masivos de coronavirus en sus hacinadas cárceles, convertidas en ollas de presión a punto de reventar.

La tensa situación se agravó esta semana en las 68 prisiones del país, todas sobrepobladas, debido a la falta de material sanitario y al incremento de enfermos y decesos por COVID-19.

La furia de los presos ante la falta de respuesta a sus reclamos por mejores condiciones de salud desató un motín el lunes en la cárcel Miguel Castro Castro, al este de Lima, que culminó con nueve reos muertos y 67 heridos entre reclusos, guardias y policías.

Esa prisión tiene capacidad para 1.140 personas y una población de 5.500.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha confirmado al menos 645 casos de contagios y 30 reclusos muertos por COVID-19 en las cárceles de Perú. Entre los guardias se contabilizan 224 casos y siete muertos.

"El brote de COVID-19 en prisiones podría ser devastador para su población, en particular en establecimientos hacinados, donde el nivel general de salud ya es deficiente", alertó en Twitter la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja para Perú, Bolivia y Ecuador.

Las prisiones peruanas albergan a 97.000 internos, casi 2,5 veces la capacidad que pueden acoger (unos 39.000).

Los levantamientos se han repetido desde el inicio de la pandemia en prisiones de países de la región como Colombia, Venezuela y Argentina.

Desde que se declaró el primer caso de COVID-19, el 6 de marzo, se han producido cuatro motines carcelarios en Perú.

El gobierno propuso entonces un comando de operaciones por la pandemia, con el fin de evaluar excarcelaciones masivas y dar tratamiento a los detenidos enfermos.

“Se está evaluando caso por caso, en permanente articulación con el Poder Judicial. Esto debe proyectarse a una o dos semanas aproximadamente”, dijo el primer ministro Vicente Zeballos durante una sesión con comisiones del Congreso.

Esas evaluaciones permitirían excarcelar entre 4.000 y 5.000 personas, según el funcionario.

La estimación está en línea con un anuncio del gobierno peruano la semana pasada sobre el posible indulto de unos 3.000 presos en situación de vulnerabilidad ante el coronavirus.

“Hacemos un llamado al Ministerio de Justicia y a todas las autoridades competentes a ampliar las posibilidades de beneficios a otras categorías de internos de bajo riesgo, excluyendo a perpetradores de delitos graves y violentos”, exhortó Jan Jarab, representante de Derechos Humanos de la ONU en la región, citado el sábado en un comunicado de su oficina.

- Carrera contra el virus -

"Las autoridades peruanas deben acelerar las medidas anunciadas para reducir el hacinamiento en las cárceles de Perú, y desplegar de manera urgente una estrategia sanitaria para frenar el brote de COVID-19 en los penales", exhortó Amnistía Internacional en Twitter.

El tiempo juega en contra mientras se multiplica el virus, estiman analistas, quienes señalan que la pandemia desnudó las carencias carcelarias.

"Lo que ha pasado es que le ha faltado al gobierno velocidad para tomar las medidas", dijo a la AFP José Luis Pérez Guadalupe, exjefe del INPE, sobre el origen de las protestas en las prisiones.

"El punto concreto ha sido que los internos no recibían atención médica y había internos con síntomas de coronavirus y algunos morían", agregó Pérez Guadalupe.

"Hasta para sacar los cadáveres había problemas; eso ha sido el detonante", subrayó, en alusión al caso de un fallecido por COVID-19 en la cárcel Miguel Castro Castro que el personal temía trasladar por temor al contagio.

El pánico y la desconfianza se retroalimentan, como lo demostró una protesta desencadenada el miércoles tras la muerte de un recluso mexicano en la cárcel limeña de Piedras Gordas. Según las autoridades, el deceso se debió a causas ajenas al virus, pero los presos no lo creyeron.

- Sin posibilidad de distancia social -

"El hacinamiento en los penales no es solo un tema peruano, sino en todo el continente, pero esto se agrava frente a una crisis sanitaria", advirtió el exjefe del INPE.

La necesaria distancia social que las autoridades sanitarias recomiendan para evitar contagios es imposible de cumplir en prisiones desbordadas.

Percy Castillo, adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo (Ombudsman), dijo a la AFP que "la situación en los penales es grave debido a que no se han adoptado las medidas necesarias para garantizar la salud de los internos y el personal penitenciario, ni tampoco para reducir el número de personas privadas de libertad".

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