La UIF pedirá ser querellante en el escándalo de la financiera CBI

La Justicia de Córdoba imputó a comienzos de este mes a nueve directivos de la financiera CBI Cordubensis SA, cuyo vicepresidente, Jorge Suau, fue encontrado muerto en su vehículo el 13 de febrero último. Según palabras del propio fiscal de la causa, Enrique Senestrari, "son personas relacionadas con la dirección de la empresa".

El letrado precisó que todas las autoridades de la compañía están imputadas por presunta asociación ilícita, estafa, posible evasión de impuestos y lavado. En medio del escándalo desatado en Córdoba y de la investigación, ahora el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, viajó exclusivamente a esa provincia para solicitarle al juez Ricardo Bustos Fierro y al fiscal Senestrari ser querellante en la causa y así investigar si existió lavado de dinero.

En los días previos al crimen de Suau, muchos clientes se presentaron en las puertas de la financiera y las encontraban cerradas y con llamativas excusas. Esto comenzó a generar temor por una posible pérdida de sus ahorros. CBI tenía una sucursal en la city cordobesa y otra dentro de un reconocido shopping de la ciudad.

Fue a partir del homicidio del vicepresidente que la Justicia comenzó a investigar el posible entramado de evasión fiscal, estafa y lavado de dinero. Luego de más de 20 allanamientos en domicilios de la capital cordobesa y en la ciudad de Villa María, el fiscal decidió imputar a los directivos.

Los acusados son: Eduardo Rodrigo, presidente de la firma; Julio César Ahumada y Aldo Ramírez, fundadores de la financiera y socios de la consultora Dritom Solutions; el también miembro de la empresa Daniel Tissera; Luis de los Santos, empleado con peso ejecutivo y con acceso a las claves del servidor; el periodista Víctor Eduardo Alaniz; la escribana Doris Liliana Puccetti y José María Núñez, quien sería amigo de Ramírez y de Ahumada. El último en sumarse fue Oscar Américo Altamirano, otro socio de CBI.

La compañía financiera, al parecer, funcionaba como tal sin la autorización del Banco Central de la República Argentina. El abogado Carlos Nayi, quien representa a más de 30 ahorristas perjudicados por el cierre de la empresa, apuntó contra el titular de CBI: "Rodrigo es el sindicado por los damnificados como el que comandaba la operatoria de la financiera, que hoy está muy claro que funcionaba al margen de la ley", y que además desplegó "maniobras premeditadas para retirar dinero, computadoras y otros elementos que demuestra la clara intención de evadir el accionar de la Justicia".

Por ahora, el único en declarar fue De los Santos. Los otros ocho no serán citados hasta que el juez analice la prueba recolectada por el fiscal.