El viernes pasado por la mañana se realizaron dos procedimientos ordenados por el juez federal Claudio Bonadio en un expediente en el que se investiga si la Unidad de Información Financiera (UIF) encubrió al empresario kirchnerista Lázaro Báez, al no reportar con celeridad operaciones sospechosas denunciadas por el banco Finansur.
El caso se abrió a partir de una denuncia de los diputados del bloque Unión PRO Laura Alonso, Patricia Bullrich y Federico Pinedo, luego de una publicación del diario Clarín. La información consignaba que el Finansur había reportado operaciones sospechosas de Austral Construcciones por una cifra cercana a los 180 millones de pesos entre 2008 y 2011. Pero la UIF recién las judicializó en 2013.
Los diputados denunciaron a José Sbatella, quien encabeza la UIF por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.
La causa cayó en el juzgado de Bonadio, quien el viernes ordenó los allanamientos tanto en la UIF como en el banco Finansur.
La denuncia tomó en cuenta la publicación que señalaba que Sbatella había retenido la información sobre las operaciones que involucraban a Austral, a Gotti -otra de las constructoras del Grupo Báez- y a la financiera Invernes, del empresario Ernesto Clarens.
El Finansur realizó los Reportes de Operación Sospechosa (ROS) donde describió que había una cuenta de Invernes, una financiera con un importante tejido de sociedades de Báez, que recibía enormes ingresos en efectivo que eran de inmediato retirados a través de cheques.
Hubo, según el Finansur, varias etapas en las que se dieron las maniobras llamativas. La primera abarcó desde enero hasta noviembre de 2008 y fue por un monto de casi 55 millones de pesos. La segunda etapa comprendió operaciones realizadas hasta julio de 2011 y sumó $125 millones más. Se detectaron operaciones cruzadas entre Austral, Gotti e Invernes. El reporte realizado por el banco revela que entre los comprobantes presentados para justificar esas operaciones había facturas de ingresos por obra pública que ni siquiera especificaban de qué obra se trataba. Báez es el principal beneficiario de contrato de obra pública de la Patagonia durante la década kirchnerista.
La denuncia apunta a Sbatella porque el ROS del Finansur pasó mucho tiempo en la UIF antes de que en 2013 fuera enviado al juzgado de Sebastián Casanello, donde se investiga por lavado de dinero a Lázaro Báez.
Según fuentes judiciales, cuando se produjo el allanamiento en la UIF explicaron que los expedientes que buscaban estaban en el juzgado de Casanello. La investigación que tiene a su cargo Bonadio recién comienza.
La palabra de la UIF
A través de un comunicado, el organismo desmintió "enfáticamente que los hechos ocurridos el pasado viernes 10 del corriente se trataran de un allanamiento".
De acuerdo con la UIF, "se recibió una orden de presentación firmada por el Dr. Bonadio en la que requirió información relacionada con los reportes de operaciones sospechosas vinculados a la causa iniciada por diputados del PRO".
Así, se entregó copia de la documentación en soporte digital, "ya que la información original había sido remitida al Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7 a cargo del Dr. Sebastián Norberto Casanello el pasado año".
Por último, la UIF dijo que la denuncia "inspirada en una nota periodística, resulta ser idéntica a la efectuada por el senador Nacional José Manuel Cano el 3 de mayo de 2013".
Es por ello que se solicitó "la acumulación de la causa ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 11 a cargo del Dr. Claudio Bonadio".