Las viejas DJAI, o declaraciones juradas anticipadas de importación, derogadas por el Ministerio de Producción a fines de 2015, fueron un recurso por lo menos interesante en el esquema de administración de importaciones al final de la era kirchnerista. Las DJAI, en pleno cepo cambiario, se instituyeron en teoría para que las empresas que buscaban importar productos a la Argentina pudieran comprar y girar divisas al país de origen de manera supuestamente transparente, con una declaración jurada presentada ante la Secretaría de Comercio de Guillermo Moreno y Augusto Costa como primer paso en el trámite. El Banco Nación era el punto siguiente luego de esa primera habilitación, para comprar dólares a precio oficial en cantidades considerables.
La tentación de salir al viejo y lucrativo mercado del dólar blue con la plata comprada en vez de importar cosas reales era obvia. Así, las DJAI se convirtieron en un mecanismo para hacer negocios a espaldas del Estado, con un fenómeno único en el febril mercado cambiario de 2015, una suerte de "dólar importador". No se trataba de pequeños comerciantes con sus billetes en pequeñas cuevas del microcentro, de acuerdo a las imputaciones de la Justicia en lo penal económico: era toda una red, desde Flores y Floresta hasta cuentas bancarias en Beijing.
Una denuncia del titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, presentada en agosto del año pasado, puso el foco sobre 55 empresas fantasma que presuntamente aprovecharon a las DJAI para comerciar en el mercado negro de dólares. El expediente recayó en el Juzgado Penal Económico Nº8 a cargo del doctor Gustavo Meirovich y la Fiscalía Nº10 del fuero a cargo de Germán Bincaz, con la AFIP como denunciante y el apoyo técnico de la PROCELAC, el ala de la Procuración dedicada a investigar delitos económicos y lavado de activos, encabezada por los fiscales Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta.
Luego de un año de investigación, hubo resultados. A comienzos de la semana pasada, el departamento de Delitos Federales de la Policía Federal realizó 23 allanamientos a pedido de Meirovich y detuvo a diez personas, entre ellos contadores y empresarios, los nombres y empresas sospechados de un lucro negro que fuentes de la investigación estiman a Infobae en, por lo menos, 300 millones de dólares enviados al extranjero.
La comunidad coreana en Buenos Aires y el negocio de importación de telas es el centro del expediente, que ya lleva 32 cuerpos y 56 sumarios. Hwang Sung Ku, alias "Mister Korea" es el personaje principal.
De 30 años y recientemente extraditado por Corea del Sur de vuelta a Buenos Aires tras entregarse a través de Interpol, Hwang fue titular de varias empresas en Argentina dedicadas a los rubros de importación y textiles. Es uno de los principales implicados en la causa de la "mafia de los contenedores", instruida por el juez Marcelo Aguinsky, cuyo principal prófugo es Claudio "Mono" Minnicelli, cuñado del ex ministro Julio De Vido. "Mister Korea", además, tiene su parte en el esquema de las DJAI.
"Como miembro y jefe de la comunidad coreana se encargaba de reclutar empresas de la colectividad o conformar sociedades fantasma para inscribirlas y hacer la maniobra con las declaraciones juradas para comprar dólares", asegura un investigador. "Mister Korea" ya fue indagado por el juez Meirovich luego de llegar extraditado al país: entregó un descargo por escrito y se negó a responder preguntas.
"Hwang, para lograr esto, tenía un presunto cómplice, un articulador con el resto de la comunidad", dice la fuente. Ese supuesto articulador fue detenido por la división Delitos Federales en su redada: su nombre es Yung Chang Park, de 60 años, registrado en la AFIP como vendedor mayorista de ropa e integrante de dos sociedades anónimas con domicilio fiscal en la calle Campana en Floresta. Es, para la PFA, un virtual cabecilla. Delitos Federales allanó un edificio de cinco pisos en Once ligado a la colectividad: se secuestraron casi 300 rollos de tela provenientes de Asia.
Hay jugadores más curiosos. "Prestanombres" es un término frecuente en la causa del juez Meirovich. M. L. C., de 41 años, empleada según registros comerciales de la Basílica San José de Flores, también fue detenida por la Federal: sorprendentemente, M.L.C integró los directorios de cinco sociedades en los años finales del kirchnerismo, la mayoría dedicadas, a comerciar con textiles. Una de ellas, Gomelba SA, dedicada a fabricar telas al menos en los papeles, fue presidida originalmente por Yung Chang Park de acuerdo al Boletín Oficial. Este año, de acuerdo a datos de la AFIP, la AFIP emitió una alerta en contra de M.L.C por supuestamente emitir facturas truchas.
La empleada de la basílica de Flores no fue la única persona de patrimonio aparentemente flaco en compartir cargos societarios con el empresario coreano: la PFA además irrumpió en la casa de una enfermera de 26 años en Villa Lugano que también integró el directorio de Gomelba. J.T, un supuesto empresario de Wilde también señalado como "prestanombres" que conformó empresas junto a socios de las firmas de "Mister Korea", fue allanado y detenido: había compartido el directorio de Fercobi, otra sociedad anónima textil junto a otro empresario de la comunidad coreana que también sintió el ariete de la PFA en su puerta.
Un estudio contable, una "usina que creaba empresas truchas", estaría detrás de toda esta ingeniería de sociedades, aseveran voces de peso en el expediente. Sus cabezas son los contadores Mariano e Ignacio Nishihama: los dos fueron arrestados por la PFA junto al empresario Pablo Nishihama. Su estudio sobre la avenida Juan B. Justo fue allanado, con gran cantidad de sellos y documentación secuestrada.
Los Nishihama, por otra parte, no son los únicos contadores investigados por Meirovich, la PFA y la PROCELAC. Hay, por lo menos, un segundo estudio involucrado.
La causa lleva en su título a una firma en particular: Terrasur Inversiones, registrada en los rubros de transporte y logística de mercaderías y venta al por mayor de textiles y la primera en ser mencionada en la lista que aportó Gómez Centurión a la Justicia. Terrasur cambió su razón social a Invermato SA en 2013. El 14 de mayo de 2015, el Banco Central emitió una alerta en su contra a todas las casas de cambio y bancos; cualquier entidad que quisiera comerciar con lnvermato tenía que abstenerse de transmitir fondos al exterior y notificar de inmediato al BCRA.
La denuncia de Gómez Centurión, por otra parte, sirvió. La PROCELAC se dedicó, principalmente, a analizar documentación y aportar identidades y razones sociales de los empresarios sospechosos: la investigación, en gran parte, corroboró lo aportado por el titular de Aduana. Las ganancias provenientes de jugar en el mercado del dólar blue tuvieron un punto de fuga. La PROCELAC descubrió que una gran cantidad de dinero fue desviada a China, con argentinos esperando en el país asiático. China, por lo pronto, no sería el único destino de las ganancias en Oriente: se habla de otros puntos en Asia en el expediente llevado adelante por el juez Meirovich.
A pesar del rol de la Secretaría de Comercio y el Banco Nación en la cadena de las DJAI, por el momento no hay ningún funcionario imputado.