Padres de los 43 de Ayotzinapa responden a AMLO: “Falta de información militar no es percepción, es una realidad”

Los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa han puesto de manifiesto su demanda de transparencia y acceso total a los archivos del Ejército, ello tras una reunión con representantes gubernamentales en la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Las familias reiteraron que la falta de entrega de información militar no es su percepción, sino una realidad objetiva que se ha acreditado a lo largo de todo su proceso de búsqueda de verdad y justicia, durante prácticamente una década”, dijeron los padres y madres al presidente Andrés Manuel López Obrador.

A pesar de que el pasado 29 de diciembre del 2023 las autoridades mexicanas anunciaron la apertura de archivos militares, las familias subrayaron la relevancia de obtener cerca de 800 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (C.R.F.I.), activo en Iguala durante los eventos ocurridos en septiembre de 2014, y las transcripciones de llamadas telefónicas relacionadas con los hechos.

Los asistentes a la junta expresaron que la entrega de estos documentos debe ser el comienzo de la prometida apertura de la información y descartaron acudir directamente a buscar en las instalaciones militares porque “sólo redundaría en una simulación que terminaría protegiendo a la institución castrense, cuando ésta ha sido opaca y poco leal ante el proceso de esclarecimiento”, se lee en un documento hecho público.

Recordaron que anteriormente las familias de los estudiantes desaparecidos ya visitaron los cuarteles, sin que ello se haya traducido en la entrega de toda la información en poder del Ejército.

Las familias solicitaron que expertos internacionales, con la colaboración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sean incluidos en la revisión de los documentos para garantizar una evaluación técnica imparcial.

En medio de descalificaciones a las organizaciones que les han apoyado, los padres y madres recalcaron la importancia de su labor y reafirmaron su derecho a encuentros periódicos con el presidente López Obrador para monitorear el desarrollo de las investigaciones conforme se acerca el fin de la administración actual.

“Dado que el Presidente de la República ha afirmado estar a la cabeza de la investigación, los padres y las madres reiteraron su pedido de poder agendar reuniones periódicas con el Primer Mandatario de cara al cierre del sexenio, a efecto de revisar continuamente los avances del caso”, finalizaron.

Apenas la semana pasada el presidente López Obrador ordenó abrir durante tres meses todos los archivos del caso Ayotzinapa para que sean revisados por los padres y madres de las víctimas. La reapertura de dichos documentos se realizará este jueves 4 de enero al lunes 4 de marzo de 2024.

El pasado 26 de diciembre los familiares de los 43 normalistas y activistas afines al caso realizaron una peregrinación a la Basílica de la Virgen de Guadalupe, en la Ciudad de México, con la intención de pedir justicia por la desaparición de los jóvenes y denunciar la impunidad en el caso, pese a las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En noviembre de 2023 la CIDH urgió al Gobierno de México romper el “pacto de silencio” que ha impedido que haya justicia en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el pasado 26 de septiembre de 2014.

Fue la comisionada de la CIDH en México, Esmeralda Arosemena, quien el pasado 9 de noviembre participó en una audiencia del organismo en Washington donde los familiares de los jóvenes denunciaron que la investigación del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador “va en picado” por las presiones del Ejército.

“Hay un pacto de silencio que no ha permitido que el caso Ayotzinapa llegue a un desarrollo para alcanzar la verdad y someter a la justicia a los responsables a pesar de que hay identificadas a las personas”, lamentó Arosemena.

La comisionada recalcó que la resolución del caso requiere de una “voluntad expresa” y de “información clara”, y expresó el compromiso de la CIDH de “acompañar” a las familias y al Estado hasta lograr el total esclarecimiento de los hechos ocurridos hace nueve años al fin de llegar a la verdad.

Según la llamada “verdad histórica” presentada en el gobierno de Enrique Peña Nieto, los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron detenidos por policías corruptos vinculados con el crimen organizado que los asesinaron e incineraron en el basurero de Cocula.

En 2018, AMLO reabrió las pesquisas y ordenó la captura de militares vinculados al caso, pero las familias denuncian que la falta de voluntad del Gobierno y las presiones del Ejército han impedido nuevos avances y han derivado en la renuncia del fiscal especial del caso Omar Gómez Trejo y en la salida de los expertos de la CIDH del país.

Aunado a ello, al menos ocho militares presuntamente implicados en la desaparición corren el riesgo de seguir su proceso en libertad, al igual que actualmente lo hace el exprocurador Jesús Murillo Karam, quien se encuentra acusado de tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia en el caso.