México ofrece USD 82.000 por información útil para capturar a cada asesino de periodistas

La violencia contra la prensa se recrudeció EN la primera mitad de 2017, con un promedio de más de un periodista asesinado por mes. El gobierno de Enrique Peña Nieto está siendo cuestionado por no detener a ningún responsable de los crímenes

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La Procuraduría Federal de la República (PGR) ofrece 1,5 millones de pesos (alrededor de USD 82.000) para quien dé información que conduzca a la captura de los responsables de los asesinatos de seis periodistas este año.

En un comunicado, la PGR ha detallado este martes que la recompensa aplica para cada uno de los seis casos y suma un monto acumulado de nueve millones de pesos (casi medio millón de dólares).

La PGR busca a los homicidas del guerrerense Cecilio Pineda, asesinado en marzo; Ignacio Miranda, ejecutado en diciembre en Jalisco; del cronista sinaloense Javier Valdez, baleado en mayo; Maximino Rodríguez, muerto en abril en Baja California Sur; la chihuahuense Miroslava Breach, asesinada en marzo y a los responsables del ataque contra la periodista jalisciense Sonia Córdoba, en el que su hijo (también periodista) murió.

El exhorto de la PGR no incluye los casos del morelense Filiberto Álvarez, muerto en mayo, ni del veracruzano Ricardo Monlui, ejecutado en marzo. Tampoco aparece el caso del michoacano Salvador Adame, que desapareció en mayo pasado.

El anuncio se produce después de las críticas que recibió el gobierno de Enrique Peña Nieto al no ser capaz de detener a ningún responsable por los crímenes. Las autoridades tampoco han hecho públicos los avances de las investigaciones. "La recompensa se entregará de forma proporcional en relación con la veracidad, utilidad, eficacia y oportunidad que la información represente para la localización de los agresores", advirtió la PGR en el comunicado.

La convocatoria aplica sólo para ciudadanos que no trabajen en instituciones de Seguridad Pública, administración de justicia ni dedicadas a la impartición del Derecho Penal.

La propuesta vino a petición de la Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos en contra de la Libertad de Expresión (Feadle), que conduce las investigaciones. La Feadle ha atraído en los últimos seis años casi 800 casos y sólo tres han recibido una sentencia condenatoria. Un 99,7% de los casos ha quedado impune.

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