México pidió a Guatemala la extradición del ex gobernador del estado mexicano de Veracruz Javier Duarte, quien fue detenido en el país centroamericano el sábado tras permanecer prófugo durante seis meses, informó este domingo un funcionario.
"El proceso de extradición se presentó desde el día de ayer (sábado) y ahora tiene 60 días para presentar las pruebas que concierne el convenio bilateral", dijo en rueda de prensa el jefe de investigación criminal de la Procuraduría General de la Nación de México, Omar García.
"A partir de allí, el juez deberá determinar si se allanan todas las condiciones legales y deberá ser entregado a las autoridades mexicanas", precisó.
Aclaró que la extradidión no incluye a la esposa de Duarte.
El ex gobernador, que enfrenta en México cargos por delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos, había permanecido varios días en Guatemala antes de ser detenido, dijo García en la rueda de prensa, efectuada en la embajada mexicana.
Duarte fue detenido el sábado en el turístico poblado de Panajachel y trasladado vía terrestre la madrugada de este domingo al cuartel militar Matamoros de la capital guatemalteca, donde un área fue modificada como prisión de reos de alto impacto.
Panajachel es un paradisíaco poblado ubicado en la ribera del Lago de Atitlán, a unos 70 km al oeste de la capital.
Según la versión oficial, Duarte acudió a recepción para quejarse de un problema de comunicación en su habitación, y al ser sorprendido por seis agentes "se identificó con otro nombre" hasta que se le practicaron pruebas de huellas dactilares.
El subdirector de la policía de Guatemala, Stu Velasco, indicó que el ex gobernador llevaba al menos dos días hospedado en el hotel de cuatro estrellas, había pagado con efectivo y con un nombre falso y se encontraba acompañado por su esposa.
Las autoridades mexicanas expidieron una orden de aprehensión contra Duarte el 14 de octubre de 2016 por presuntamente cometer delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Poco después, la fiscalía mexicana ofreció una recompensa de unos 717.400 dólares. En enero, Interpol emitió una ficha roja para su detención.
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