El Distrito Federal de México se convirtió oficialmente en la Ciudad de México el 29 de enero de 2016. La metrópolis de 8.9 millones de habitantes pasó así a ser considerada el estado número 32 del país, aunque sin dejar de ser la capital.
El proceso de autonomización dará otro paso fundamental este domingo 5 de febrero con la promulgación de su flamante Constitución. Tras varias meses de trabajo, la Asamblea Constituyente aprobó un texto de avanzada, probablemente el más progresista de América Latina. Entrará en vigor el 17 de septiembre de 2018.
La nueva Carta Magna se destaca por la plenitud de derechos que otorga a los miembros de la comunidad LGBT. Entre otras cosas, prohíbe "toda forma de discriminación, formal o de facto" motivada por "la preferencia sexual, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales". Además reconoce a los integrantes de este colectivo como un grupo de atención prioritaria por considerar que sufren "mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus libertades fundamentales".
Además consagró el matrimonio igualitario, permitiendo casarse a parejas gays, bisexuales, transgénero, transexuales e intersexuales. Si bien el Código Civil de la ciudad garantizaba el matrimonio igualitario desde 2009, y ya se han celebrado más de 8.500 uniones LGBT, al incluirlo en la ley fundamental se vuelve un derecho inderogable.
No obstante, más allá de estos avances en el plano legal, la capital del país lidera las estadísticas de crímenes de odio y homofobia. Entre 1995 y 2016 se produjeron 193 asesinatos por esta causa, según datos de la organización Letra Ese. A nivel nacional ascienden a 1.310, lo que hace de México el segundo país del mundo con mayores delitos por homofobia, detrás de Brasil.
La nueva Constitución se destaca también por haber incluido el uso medicinal de la marihuana. "A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis sativa, indica, americana o mariguana (marihuana en otros países) y sus derivados. De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable", sostiene en su artículo 7.
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