¿A quién piensa deportar Trump? A quien Trump quiera deportar

Un terremoto de magnitud 7,0 sacudió Haití en enero de 2010, matando probablemente a cientos de miles de residentes y dejando a otros cientos de miles sin hogar. La recuperación fue lenta, obstaculizada en parte por los disturbios políticos. En 2016, la isla fue azotada por el huracán Matthew, que dejó cientos de haitianos muertos. Los disturbios se intensificaron y el Presidente del país fue asesinado en 2021. Un mes después, se produjo un terremoto de magnitud 7,2 que mató a más de 1.000 personas. La violencia de las bandas criminales se extendió, incluso contra el gobierno.

Dada toda la agitación reciente, el Gobierno estadounidense ha ampliado en más de una ocasión el “estatus de protección temporal” (TPS, por sus siglas en inglés) a inmigrantes procedentes de Haití. Uno se ofreció en enero de 2010 durante la administración Obama, en respuesta al terremoto. Otro entró en vigor en agosto de 2021, durante el gobierno de Biden, en respuesta al segundo terremoto.

Entre medio, Donald Trump fue presidente durante cuatro años. Durante su primer año en el cargo, permitió que expirara la protección del TPS para los inmigrantes de Haití, lo que significaba que casi 60.000 inmigrantes de ese país tendrían un período de tiempo limitado durante el cual abandonar Estados Unidos. Durante una conversación privada con legisladores a principios de 2018, hizo evidente por qué podría no haberse visto obligado a prorrogar la protección: menospreció a Haití en términos vulgares, expresando su deseo de que los inmigrantes procedieran en cambio de países (estables y prósperos) como Noruega (predominantemente blanca).

Esto fue ciertamente revelador. La carrera del empresario en la política nacional se construyó sobre la presentación de algunos inmigrantes -los que entran en Estados Unidos desde México- como peligrosos o indeseables. A otros inmigrantes, incluidos los admitidos para ocupar puestos de trabajo en las propiedades de la Organización Trump, se les dio un permiso. Trump y muchos miembros de la derecha insistieron en que apoyaban una inmigración legal adecuada, pero, al igual que con los inmigrantes de Haití, demostraron que la prioridad era, a menudo, vigilar a los inmigrantes que, en su opinión, merecían quedarse. El Departamento de Justicia de Trump realizó un esfuerzo por averiguar qué inmigrantes que se habían ganado la ciudadanía podrían ver revocado ese beneficio.

Todo esto es un contexto importante para el pilar central de la candidatura de Trump a la presidencia en 2024, con su promesa de que ordenaría al Gobierno que deportara a millones de inmigrantes de Estados Unidos. Los detalles de esta propuesta suelen ser vagos, como ocurrió cuando su compañero de fórmula, el senador republicano por Ohio JD Vance, fue preguntado por la idea durante el debate vicepresidencial de esta semana. Vance insistió en que la Administración daría prioridad a los inmigrantes con antecedentes penales, pero no dijo mucho más.

Sin embargo, rebatió la idea de que los inmigrantes de Haití que viven en su estado, inmigrantes a los que se dio permiso para entrar en Estados Unidos durante la designación más reciente del TPS, no deberían considerarse necesariamente “legales” y, por tanto, exentos de que se les pida que se marchen. Ya ha dicho esto antes, así que no fue exactamente sorprendente.

En una entrevista con NewsNation el miércoles, Trump fue preguntado sobre estos inmigrantes que ahora viven en la ciudad de Springfield, en Ohio.

“Lo que está pasando allí es horrible”, dijo Trump. “Tienes una hermosa comunidad, 52.000 personas, y unas 30.000 personas fueron metidas en esa comunidad rápidamente”, agregó. (Por si sirve de algo, la población era de unos 59.000 habitantes en 2023, con el número de inmigrantes de Haití probablemente entre 10.000 y 12.000).

“Todo era bonito. Era como una comunidad de película y, de repente, en poco tiempo, tienen 32.000 personas más allí. No funciona. No puede funcionar”, aseguró.

El periodista le preguntó si revocaría el TPS para esos inmigrantes.

“Absolutamente. Lo revocaría y los devolvería a su país”, respondió.

La cuestión ostensible aquí es que Springfield tiene una gran población de inmigrantes recién llegados que están ejerciendo presión sobre la ciudad y su Gobierno. (Es habitual que los inmigrantes se unan a comunidades de inmigrantes ya existentes, dadas las estructuras de apoyo que ofrecen). Pero la solución de Trump no consiste en reforzar los recursos de Springfield, ni siquiera en encontrar formas de acomodar mejor a los recién llegados en otros lugares. Hay muchos lugares -especialmente rurales y de votantes republicanos- donde una afluencia de residentes en edad de trabajar sería una bendición sin paliativos. Pero la solución de Trump, en cambio, es enviarlos de vuelta a un país trastornado por la inestabilidad y los desastres naturales. Es un castigo.

La respuesta del ex Presidente desmiente su argumento y el de su compañero de fórmula, de que están persiguiendo a los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país y, mucho menos, que su objetivo sean los que han cometido delitos. Esta semana, Vance y otros aliados de Trump difundieron afirmaciones falsas sobre una afluencia de delincuentes bajo la administración de Biden, un esfuerzo de alarmismo sobre los inmigrantes en Estados Unidos que también reveló hasta qué punto la criminalidad podría utilizarse como pretexto para la deportación. ¿Es un inmigrante que ha cumplido una condena relacionada con el juego o la obscenidad alguien a quien tenemos que expulsar urgentemente del país? ¿Especialmente si, como se le planteó como hipótesis a Vance en el debate, tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses? (Vance declinó decir si eso sería un factor a la hora de decidir cómo proceder para expulsar a las personas del país).

Está bien establecido que el proceso de identificar, detener y expulsar a millones de personas del país sería enormemente difícil y desestabilizador, tanto económicamente como para las comunidades individuales. Lo que las afirmaciones de Trump y Vance han reforzado es que también sería arbitrario, ya que los inmigrantes legales considerados indeseables para el presidente y sus partidarios serían expulsados, mientras que otros grupos permanecerían relativamente protegidos.

En realidad, nunca se ha tratado de proteger al país o a los ciudadanos estadounidenses. Si lo hubiera sido, Trump no haría afirmaciones falsas sobre la magnitud y el peligro de los inmigrantes para Estados Unidos. La cuestión, en cambio, es que a él le resulta políticamente útil hacer esas afirmaciones falsas y que parece tener una aversión personal a los inmigrantes del Caribe, África y América Latina.

Esos son los inmigrantes que, obviamente, corren más peligro, independientemente de la asiduidad con que hayan seguido las normas en su viaje a Estados Unidos.

© 2024, The Washington Post.