Un proyecto de ley para reformar la Corte Suprema en EEUU agregaría seis jueces

Un proyecto de ley radical presentado por un senador demócrata el miércoles aumentaría en gran medida el tamaño de la Corte Suprema, dificultaría que los jueces anulen leyes, requeriría que los jueces se sometan a auditorías y eliminaría obstáculos para las nominaciones a la alta corte.

La legislación del Senador Ron Wyden es una de las propuestas más ambiciosas para rehacer una alta corte que ha sufrido una marcada caída en su aprobación pública tras una serie de decisiones controvertidas y escándalos de ética en los últimos años. Tiene pocas posibilidades de ser aprobada en este momento, ya que los republicanos en general se han opuesto a los esfuerzos para reformar la corte.

Wyden, quien preside el Comité de Finanzas del Senado, dijo que el objetivo del proyecto de ley es restaurar la confianza del público en una institución golpeada. Dijo que espera lograr que se aprueben partes del proyecto de ley, incluso si el paquete completo no es adoptado por los legisladores.

“No es un secreto atómico que el proceso de selección de jueces está politizado”, dijo Wyden. “Estamos proponiendo una forma de restaurar algo de equilibrio entre las tres ramas del gobierno”, agregó.

La medida más significativa del proyecto de ley incrementaría el número de jueces de nueve a 15 durante un período de 12 años. El formato escalonado a lo largo de dos o tres administraciones tiene como objetivo disminuir la posibilidad de que un partido político llene las cortes con sus nominados.

Durante el despliegue, cada presidente aprobaría jueces en el primer y tercer año de sus mandatos.

El proyecto de ley también requeriría un fallo de dos tercios de la alta corte y de los tribunales de apelación de circuito, en lugar de una simple mayoría, para anular una ley aprobada por el Congreso. Wyden dijo que la corte actual ha sido demasiado rápida para descartar precedentes y recortar derechos por mayorías estrechas.

La legislación también requeriría que los nominados a la Corte Suprema sean automáticamente programados para una votación en el Senado si sus nominaciones han permanecido en comité por más de 180 días.

La medida impediría que los senadores bloqueen a los nominados de un presidente al negarse a votar sobre ellos, como lo hizo el entonces líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, después de la nominación de Merrick Garland por el presidente Barack Obama.

McConnell mantuvo abierta la vacante que había sido ocupada por el juez Antonin Scalia, un conservador, hasta que Donald Trump se convirtió en presidente. Trump propuso a Neil M. Gorsuch.

McConnell dijo que la nominación de Garland llegó demasiado cerca de las elecciones presidenciales de 2016, pero luego ayudó a impulsar la nominación de Amy Coney Barrett en los últimos meses de la presidencia de Trump, tras la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg, una liberal.

McConnell afirmó que estaba siguiendo el precedente, pero los demócratas dijeron que su historia era defectuosa.

“En las últimas elecciones de mitad de período antes de la muerte del juez Scalia, los estadounidenses eligieron una mayoría republicana en el Senado porque prometimos controlar y equilibrar los últimos días del segundo mandato de un presidente saliente. Cumplimos nuestra promesa”, declaró McConnell en ese momento.

Los movimientos ayudaron a crear la supermayoría conservadora que ahora domina la corte.

Otra disposición en el proyecto de ley de Wyden ampliaría el número de circuitos judiciales federales de 13 a 15, agregando más de 100 jueces de distrito y más de 60 jueces de nivel de apelación.

Los jueces de la Corte Suprema deben declarar ingresos, dividendos, ventas de propiedades y regalos, entre otras cosas, pero el proyecto de ley fortalecería los controles financieros, las divulgaciones y otras medidas de transparencia. Requeriría que el IRS inicie una auditoría de las declaraciones de impuestos de los jueces cada año, publique los resultados y haga públicas las declaraciones de impuestos. Los nominados a la corte tendrían que revelar tres años de declaraciones de impuestos.

Otra medida permitiría una votación de dos tercios de la corte para obligar a un juez a recusarse de un caso.

Cada juez estaría obligado a publicar públicamente sus opiniones y divulgar cómo votaron en asuntos considerados de emergencia, a veces referidos como el expediente de emergencia. Tales decisiones, que se han vuelto más comunes y cada vez más controvertidas en los últimos años, no identifican cómo votó cada juez.

Jeremy Fogel, director ejecutivo del Instituto Judicial de Berkeley y exjuez federal y experto en ética judicial, dijo que expandir la corte a 15 jueces podría “mejorar la administración de la alta corte y enfriar la política rencorosa” alrededor de la nominación de jueces.

“La mayoría de las democracias más grandes del mundo tienen cortes supremas más grandes que la nuestra”, dijo Fogel.

Añadió que la composición actual de la Corte Suprema “da a esos jueces una cantidad desproporcionada de poder. Hace que cada nombramiento sea un gran acontecimiento en términos del proceso de confirmación”.

El proyecto de ley de Wyden, como otros introducidos por los demócratas para traer cambios a la Corte Suprema, enfrenta pocas probabilidades de ser aprobado. Los republicanos, que controlan la Cámara de Representantes, dicen que los proyectos de ley no se tratan de reforma sino de política. Creen que los demócratas están tratando de socavar una alta corte que ha brindado a los conservadores una serie de grandes victorias en términos recientes.

Otros proyectos de ley introducidos por los demócratas recientemente agregarían rigor al código de ética de la Corte Suprema, que ha sido ampliamente criticado por carecer de un mecanismo de aplicación. Otro limitaría los regalos que los jueces pueden recibir a 50 dólares, el mismo límite que deben cumplir los miembros del Congreso. Otros establecerían límites de mandato de 18 años para los jueces e intentarían eliminar la política de las nominaciones a la alta corte.

Los senadores Sheldon Whitehouse y Catherine Cortez Masto reintrodujeron un proyecto de ley el miércoles que daría al Congreso mayor amplitud para revisar las decisiones de la Corte Suprema.

En julio, el presidente Joe Biden criticó duramente a la Corte Suprema y anunció que apoyaba un código de ética vinculante y límites de mandato de 18 años para los jueces. Biden también pidió una enmienda constitucional que prohibiría la inmunidad total para los presidentes, siguiendo una decisión de la Corte Suprema en julio que extendió una amplia protección a los expresidentes contra el enjuiciamiento por actos oficiales.

Las juezas liberales Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson han dicho públicamente que apoyan un código de ética vinculante, pero Gorsuch ha expresado escepticismo. Los otros jueces no han hecho públicas sus opiniones.

Las llamadas a la reforma han seguido una serie de controversias éticas que rodean a los jueces, incluyendo no divulgar viajes lujosos financiados por benefactores adinerados, un cónyuge que ondea banderas políticamente cargadas y un juez que supuestamente usa el personal de la corte para promover un libro.

Una encuesta de opinión de Gallup de julio mostró que la aprobación pública de la Corte Suprema está en mínimos históricos, con solo el 43 por ciento de los estadounidenses aprobando y el 53 por ciento desaprobando.

Las encuestas han encontrado que hay un apoyo significativo para algunas reformas de la Corte Suprema. Una encuesta de USA Today/Ipsos de agosto encontró que el 75 por ciento de los estadounidenses apoyaban un código de ética vinculante para los jueces y que el 61 por ciento apoyaba límites de mandato de 18 años. La encuesta encontró que solo el 40 por ciento aprobaba expandir la corte de nueve a 15 jueces.

Los jueces de la Corte Suprema y los jueces federales están sujetos a nuevas normas de divulgación financiera que fueron anunciadas el lunes por el Comité de Divulgaciones Financieras de la Conferencia Judicial. Los miembros del poder judicial no están obligados a divulgar estancias en una residencia personal, incluso si la residencia personal es propiedad de una entidad corporativa.

El cambio de normas se produce después de informes de ProPublica y otros medios de comunicación de que el juez Clarence Thomas durante muchos años no divulgó viajes en jet privado y vacaciones de lujo financiadas por su amigo y benefactor Harlan Crow, un multimillonario de Dallas.

ProPublica informó en 2023 que Thomas frecuentemente vacacionaba en Camp Topridge, un resort exclusivo junto al lago en el norte del estado de Nueva York donde los huéspedes se alojan gratis.

El resort es propiedad de Topridge Holdings LLC, una compañía de cartera propiedad de Crow. Según la exención de hospitalidad personal actualizada el lunes, Thomas probablemente no tendría que informar una estancia en el resort o en el superyate de Crow, el Michaela Rose, que es propiedad de otra compañía de cartera de Crow.

“Esta guía diluida protege al juez Thomas y su grupo de multimillonarios aduladores, no al pueblo estadounidense”, escribió un portavoz del Senador Dick Durbin, presidente del Comité Judicial del Senado, en un correo electrónico.

(*) The Washington Post

(*) Justin Jouvenal cubre la Corte Suprema. Anteriormente cubrió la policía y los tribunales a nivel local y nacional. Se unió a The Post en 2009.