En primer lugar, la administración Biden ofreció zanahorias al presidente venezolano Nicolás Maduro. Promete que celebrarás unas elecciones justas y competitivas y que respetarás los resultados, le dijo al socialista autoritario, y suspenderemos las paralizantes sanciones estadounidenses a tu industria petrolera estatal.
Ahora, está empezando a dar palos de ciego. El Departamento de Justicia de Estados Unidos incautó esta semana un avión de lujo utilizado por Maduro. Funcionarios de la Administración están considerando añadir más nombres a la ya larga lista de venezolanos sancionados por Estados Unidos y estudiando más restricciones de visado para las personas cercanas al gobierno.
Sin embargo, más de un mes después de que Maduro parezca haber perdido las elecciones de forma aplastante, su control del poder parece más seguro que nunca. Es la oposición -y sus partidarios en Washington y la comunidad internacional- la que se está quedando sin opciones.
Aunque los sondeos independientes a pie de urna y los recibos de las máquinas de votación sugieren que el aspirante Edmundo González derrotó a Maduro por un margen de 2-1, el autócrata se ha declarado vencedor y ha desatado una ola de represión violenta que, según los defensores de los derechos humanos, es la peor hasta la fecha bajo el Estado socialista fundado hace 25 años por Hugo Chávez.
Maduro se jacta de haber detenido a más de 2.000 personas, en su mayoría opositores políticos y manifestantes pacíficos a los que acusa de terrorismo. Sus fuerzas de seguridad han detenido a niños de hasta 13 años, según el grupo de derechos humanos Foro Penal. Se les ha relacionado con varios asesinatos, informa Human Rights Watch.
Ahora la represión amenaza con intensificarse: la semana pasada Maduro nombró a su aliado de línea dura Diosdado Cabello para supervisar a las fuerzas policiales del país. Y el lunes, un juez venezolano ordenó la detención de González, que según Estados Unidos y otros países venció claramente a Maduro en las elecciones del 28 de julio.
“Cuando me toque entregar el mando, se lo entregaré a un presidente chavista y revolucionario”, dijo Maduro en declaraciones televisadas esta semana.
La administración de Biden está “considerando una serie de opciones para demostrar al señor Maduro y a sus representantes que sus acciones en Venezuela tendrán consecuencias”, dijo a la prensa esta semana el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.
Estados Unidos lleva mucho tiempo implicándose en los asuntos de Venezuela. La administración de Biden está interesada en frenar la migración venezolana hacia la frontera estadounidense y asegurar el acceso a las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.
Pero parece haber poco apetito por medidas más contundentes.
“Nadie quiere reventar Venezuela con más sanciones económicas”, dijo una persona en contacto con funcionarios de la administración Biden que, como otros entrevistados para este informe, habló bajo condición de anonimato para divulgar detalles de conversaciones privadas. “Hay mucha frustración. No hay mucho optimismo o esperanza en este momento de que algo vaya a funcionar”.
Eso ha dejado limitadas las opciones de Washington. “Maduro está poniendo su casa en orden. Le está dando a los estadounidenses un dedo medio”, dijo Geoff Ramsey, miembro senior del Atlantic Council en Washington. “Ya hemos utilizado la mayoría de las flechas de nuestra aljaba”.
Otra persona dijo que el “consenso” es mantener a Venezuela fuera de los titulares hasta noviembre. “La administración actual no quiere hacer de esto un tema central de cara a las elecciones”, dijo la persona.
Funcionarios estadounidenses han dicho que están abiertos a negociar con Maduro y han expresado su voluntad de incentivar su salida del gobierno. Han apoyado el esfuerzo de los presidentes izquierdistas de Colombia, Brasil y México para llevarlo a la mesa, pero no ha dado resultados.
Los presidentes Gustavo Petro de Colombia, Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil y Andrés Manuel López Obrador de México aún no se han reunido con Maduro, pero esperan hacerlo en las próximas dos semanas, según una persona familiarizada con las conversaciones. Quieren establecer un diálogo entre el Gobierno venezolano y la oposición. Colombia y Brasil quieren involucrar a Cuba, un estrecho aliado de Venezuela que podría, a cambio de concesiones de Estados Unidos, ayudar a llevar a Maduro a la mesa de negociaciones, dijo la persona.
Para Maduro, el coste de abandonar el poder es alto. Él y sus aliados han sido acusados por un tribunal estadounidense de narcoterrorismo.
“La gente no deja el poder si siente que terminará en la cárcel”, dijo Tamara Taraciuk Broner, que dirige un programa sobre el estado de derecho en el Diálogo Interamericano, con sede en Washington.
Pocas opciones
Antes de las elecciones, la oposición las veía como su mejor oportunidad para derrotar a su némesis. Y, de hecho, todo salió lo mejor posible. González disfrutaba de una ventaja de dos dígitos en las encuestas antes de la votación; el día de los comicios, parecía haberse anotado la abrumadora victoria que, según los líderes de la oposición, obligaría a Maduro a negociar una transición.
Ahora, la oposición sigue una estrategia de protestas periódicas y pide ayuda a la comunidad internacional.
“Ciertamente creo que Estados Unidos debería hacer mucho más, y he sido muy clara con ellos y con otros países”, dijo el jueves a la prensa María Corina Machado, líder de la oposición venezolana. Machado, la política más popular de Venezuela, tenía prohibido por un tribunal presentarse como candidata contra Maduro.
Pocos sectores de la economía venezolana han evitado las sanciones estadounidenses. El gobierno de Biden, receloso de causar más daños que podrían amenazar el suministro de petróleo e inspirar a los migrantes a huir, no parece estar interesado en revocar las licencias para que las compañías petroleras operen en Venezuela.
Sancionar a individuos permite a la administración afirmar que está siendo dura con Maduro sin perjudicar a la economía en general.
Pero la medida es en gran medida simbólica. Maduro ha tratado las sanciones de Estados Unidos como una insignia de honor; ha organizado ceremonias para premiar a los venezolanos sancionados con réplicas de la espada blandida por el héroe nacional Simón Bolívar.
Algunos legisladores estadounidenses, como los republicanos Marco Rubio y Rick Scott, de Florida, han acusado a la Administración de debilidad y han pedido medidas más duras.
Caleb McCarry, que trabajó en la política hacia Cuba bajo la presidencia de George W. Bush, ha instado a la comunidad internacional a hacerse a un lado y dejar que los venezolanos negocien su propio camino a seguir.
Los extranjeros, dijo, han subestimado los extremos a los que Maduro está dispuesto a llegar para evitar ceder el poder a una oposición de línea dura, dijo McCarry. “No creo que la comunidad internacional tenga las herramientas para obligar [a los funcionarios venezolanos] a aceptar un gobierno dirigido por sus enemigos”.
Algunos dicen que la oposición y sus partidarios sobreestimaron tanto la posibilidad de que pudiera sembrar la división dentro del gobierno como la probabilidad de que Maduro pudiera ser presionado para negociar.
“Creo que depositamos más esperanzas de las justificadas en la comunidad empresarial y militar”, dijo Elliott Abrams, quien se desempeñó como enviado especial para Venezuela en el gobierno de Trump. “Esperábamos que se presentaran para salvar al país. No lo hicieron”.
Francisco Rodríguez, economista venezolano de la Universidad de Denver, atribuye a la aparente victoria electoral de la oposición el haber quitado cualquier legitimidad que aún tuviera Maduro. Pero la acérrima retórica anti-Maduro de Machado ha hecho improbable una negociación con el Gobierno socialista.
“Ha habido demasiadas ilusiones”, dijo una persona familiarizada con las discusiones entre las partes. “La gente en todos los lados todavía está aturdida y preguntándose si esto no es un callejón sin salida y a dónde ir desde aquí”.
Pedidos de arresto contra Maduro
Estados Unidos podría levantar la acusación contra Maduro y olvidarse de los millones de dólares que los fiscales dicen que robó a través de la corrupción. Pero sigue siendo investigado por presuntos crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional.
Organizaciones venezolanas y destacados defensores de los derechos humanos latinoamericanos exigen que se actúe en lo que algunos consideran la última opción. Instan a la CPI a que acelere su investigación y dicte órdenes de detención.
El fiscal de la CPI Karim Khan ha estado investigando las denuncias de que las fuerzas de seguridad de Maduro detuvieron arbitrariamente, torturaron y ejecutaron a sus opositores políticos -crímenes que los activistas dicen que están ocurriendo de nuevo en la represión-.
“La CPI es la única institución que puede hacer que Maduro rinda cuentas”, dijo Génesis Dávila, presidenta del grupo de derechos humanos Defendamos Venezuela.
Una orden de arresto podría tener un impacto “feroz” sobre Maduro, dijo Luis Moreno Ocampo, el primer fiscal de la CPI, y fiscal adjunto en el exitoso juicio de 1985 contra los brutales líderes de la junta militar de Argentina. “Su propia gente podría arrestarlo”.
El tribunal se enfrenta a crecientes críticas por lo que algunos consideran una relación inapropiadamente estrecha con el gobierno. Incluso mientras Khan investiga a Maduro, ha establecido una oficina en Caracas para ayudar al gobierno a mejorar sus propias capacidades de investigación.
Algunos críticos ven lo que consideran un conflicto de intereses más preocupante. La cuñada de Khan, la abogada penalista internacional Venkateswari Alagendra, se ha unido al equipo que defiende al gobierno venezolano ante la CPI.
Cuando Alagendra compareció ante el tribunal en nombre del equipo en noviembre, dijo, nadie se opuso a su papel. El equipo presentó un recurso legal contra la investigación, dijo; Khan “se opuso muy enérgicamente” y “desafortunadamente, perdimos”.
“La composición del equipo legal que representó a Venezuela en los procedimientos en los que la Oficina defendió con éxito su derecho a hacer valer su jurisdicción en esta situación es un asunto de dominio público”, dijo la oficina de Khan en un comunicado. “Entendemos que ninguna de las partes del procedimiento planteó objeciones en su momento”.
Un código de conducta para la oficina del fiscal dirige a los miembros a abstenerse de cualquier conflicto que pueda surgir de “interés personal en el caso, incluyendo una relación conyugal, parental u otra relación familiar cercana, personal o profesional con cualquiera de las partes”.
La oficina de Khan dijo que está “siguiendo de cerca” los acontecimientos en Venezuela y que está analizando “de forma independiente e imparcial” los presuntos delitos.
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