Por qué de repente todo el mundo está preocupado por la democracia mexicana

La Cámara Baja del Congreso mexicano aprobó el miércoles 4 de septiembre una reforma radical del sistema judicial, una enmienda constitucional que ha hecho saltar las alarmas en Washington y en la comunidad empresarial.

Con el nuevo sistema, los votantes elegirían a casi todos los jueces del país, incluso a los del Tribunal Supremo. El gobierno de Biden, juristas y grupos empresariales advierten que la reforma podría socavar la joven democracia mexicana y dañar su asociación económica con Estados Unidos.

Los críticos están especialmente preocupados porque el partido Morena del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una mayoría abrumadora en el Congreso. Si los votantes eligieran a jueces afines a Morena, el partido de izquierdas controlaría efectivamente los tres poderes del Estado. Eso podría devolver a México a un estado de partido único del tipo que gobernó durante gran parte del siglo XX.

La propuesta, aprobada a primera hora del miércoles por la Cámara de Diputados de México, pasa ahora al Senado, que se espera que también la apruebe. Esto es lo que hay que saber sobre el cambio.

En la actualidad, el propio sistema judicial nombra a la mayoría de los jueces federales, basándose en la experiencia, las cualificaciones y los resultados de los exámenes.

Si se aprueba el paquete de reformas, casi todos los jueces federales deberán dimitir en los próximos tres años. Los votantes mexicanos elegirían a los nuevos jueces entre los candidatos propuestos por la presidencia, el Congreso y el poder judicial.

Elegirían a 1.686 jueces federales, incluidos nueve magistrados del Tribunal Supremo, en las elecciones del próximo año y en 2027. Otros 5.000 jueces estatales y locales también serían elegidos por votación popular.

La reforma eliminaría los requisitos de titularidad y experiencia. Establecería mandatos de nueve años para los jueces.

Según los analistas jurídicos, la reforma podría debilitar la independencia judicial. Los jueces que dependen del apoyo popular podrían verse tentados a adaptar sus decisiones para complacer a los votantes, en lugar de defender la ley con imparcialidad. Los grupos de interés, desde empresarios a narcotraficantes, podrían tratar de ganarse el favor de los votantes contribuyendo a las campañas de los jueces.

Dada la gran influencia del partido gobernante en la elección de candidatos, los jueces recién elegidos también podrían simpatizar abrumadoramente con Morena, erosionando los controles y equilibrios. El nuevo sistema podría violar las normas internacionales de derechos humanos destinadas a garantizar que todos reciban una audiencia justa ante los tribunales.

México y Estados Unidos son sus principales socios comerciales. El Embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, advirtió que la revisión podría reducir la confianza de los inversores en el sistema jurídico mexicano y “amenazar la histórica relación comercial que hemos construido”. Las organizaciones empresariales afirman que llega en el momento más inoportuno, justo cuando México intenta sacar provecho de la tendencia post-pandémica de la deslocalización.

Los mercados financieros ya han reaccionado con nerviosismo a la aplastante victoria de Morena en las elecciones de junio. Ahora cuenta con la mayoría parlamentaria que necesita para aprobar una serie de medidas de gran alcance, incluida la eliminación de organismos de control gubernamentales clave. Desde las elecciones, el peso mexicano, normalmente fuerte, ha perdido más del 10% de su valor.

El presidente, cuyo mandato de seis años termina el mes que viene, está enfadado con la Corte Suprema y los jueces federales por tumbar algunos de sus planes más ambiciosos.

Han bloqueado sus esfuerzos para ampliar el papel del gobierno en el sector eléctrico y entregar el control de la guardia nacional, nominalmente civil, al ejército. López Obrador dijo en junio que el poder judicial “ha sido secuestrado y está al servicio de una minoría”: los ricos. Los jueces elegidos, dice, serán más responsables ante la población.

Antes de las elecciones de junio, el Presidente carecía de la mayoría necesaria en el Congreso para modificar la Constitución mexicana. La nueva legislatura se abrió el domingo, dando a López Obrador cuatro semanas para ejecutar sus planes antes de que entregue la presidencia a su protegida, Claudia Sheinbaum.

Muchos juristas y grupos de derechos humanos coinciden en que el débil e ineficaz sistema de justicia necesita una reforma. Pero afirman que la elección directa de los jueces no atacará la raíz del problema: la falta de fondos, la formación inadecuada y la corrupción.

Los jueces de México se han declarado en huelga para protestar contra la reforma, e incluso los magistrados del Tribunal Supremo han suspendido sus actividades. Los estudiantes han invadido las principales avenidas de Ciudad de México. Los manifestantes bloquearon las entradas de la Cámara de Diputados el martes, obligando a los legisladores a reunirse en un gimnasio a cinco kilómetros de distancia.

En 39 estados de Estados Unidos, los ciudadanos eligen al menos a algunos jueces. Pero son jueces estatales y locales, no federales. Y muchos juicios estadounidenses los decide un jurado, en lugar de un juez, como suele ocurrir en México.

También en Estados Unidos se ha criticado la elección directa de los jueces. La American Bar Association ha advertido del “efecto corrosivo del dinero” en las campañas judiciales. Los candidatos, advierten los críticos, podrían buscar donaciones de los mismos grupos cuyos casos acabarán conociendo, lo que daría lugar a parcialidad.

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