La última función de López Obrador: un desafío radical a la democracia de México

A solo unas semanas de finalizar su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador está tratando de imponer cambios importantes a la Constitución a través del Congreso de México en una medida que, según los diplomáticos, amenaza la joven democracia de México y la relación comercial más importante de Estados Unidos.

Una recién elegida Cámara de Diputados parece estar lista para votar para abolir el actual sistema judicial tan pronto como la próxima semana, seguida por el Senado. Bajo la propuesta de López Obrador, los ciudadanos elegirían a casi todos los jueces federales, incluidos los de la Suprema Corte.

El probable efecto sería reemplazar a los juristas independientes por jueces más simpatizantes con el gobierno o con la opinión pública.

El presidente también busca eliminar el instituto de libertad de información de México, considerado uno de los más efectivos del mundo, y varias otras agencias gubernamentales independientes. Se consideraban hitos de la transición de México del dominio de un solo partido en el siglo XX a la democracia en el siglo XXI.

Una tercera medida trasladaría el control de la Guardia Nacional al ejército, formalizando un proceso de militarización de las instituciones de seguridad pública de México. López Obrador creó la guardia como una institución civil para reemplazar a la policía federal en 2019.

El presidente, que goza de una aprobación de alrededor del 70 por ciento, está aprovechando una breve ventana al final de su mandato de seis años para hacer drásticos cambios. Tras las grandes ganancias de su partido Morena en las elecciones de junio, es probable que la legislatura que entra en funciones el domingo pueda cambiar la Constitución. López Obrador, por su parte, tiene otro mes en el cargo antes de entregar la presidencia a su protegida de Morena, Claudia Sheinbaum.

El embajador de Estados Unidos aquí, Ken Salazar, calificó la propuesta judicial como “un gran riesgo para el funcionamiento de la democracia de México” y dijo que podría amenazar el comercio en un momento en que México se ha convertido en el socio comercial número uno de Estados Unidos. El embajador de Canadá también expresó su preocupación por la mayor incertidumbre para los inversionistas.

López Obrador respondió el martes declarando una pausa en sus contactos con ambas embajadas. Las relaciones con los gobiernos continúan, dijo, pero las misiones diplomáticas “tendrán que ratificar que respetan la soberanía de México”.

López Obrador toma un giro brusco a la izquierda

López Obrador, un ícono de la izquierda latinoamericana desde hace mucho tiempo, asumió el cargo en diciembre de 2018 prometiendo fortalecer el papel del gobierno en la economía y enfocarse en los pobres. Pero mantuvo relaciones relativamente buenas con la comunidad empresarial y Washington. Ha abrazado los tratados de libre comercio, ha ayudado a los presidentes Joe Biden y Donald Trump a controlar la migración hacia Estados Unidos y se ha negado a aumentar los impuestos.

Ahora, sin embargo, incluso algunos seguidores dicen que ha tomado un giro brusco a la izquierda, mientras intenta consolidar su legado.

“Creo que el presidente está en un momento radical”, dijo Carlos Pérez Ricart, un politólogo cercano a Morena. López Obrador, dijo, está “dando todo lo que puede a la izquierda”.

La propuesta judicial y el creciente control de Morena sobre el gobierno han sacudido los mercados financieros. El peso ha caído más del 10 por ciento desde junio. La firma Morgan Stanley recientemente redujo su recomendación de inversión para México; la legislación judicial, dijo la firma, “debería aumentar el riesgo”.

Los cambios propuestos también aumentan la incertidumbre sobre en qué dirección tomará Sheinbaum el país al asumir la presidencia. Ella ha expresado su apoyo a las políticas de López Obrador. Pero también ha señalado que podría gobernar con un estilo más conciliador que el combativo presidente. Los analistas dicen que Sheinbaum, una científica climática, no puede permitirse alienar a los inversionistas extranjeros si quiere llevar a cabo sus ambiciosos objetivos, que incluyen un cambio de los combustibles fósiles a la energía verde.

“Desde el principio, Claudia ha hablado de intentar preservar la calma en el público y los mercados financieros, para proporcionar garantías de que esta mayoría constitucional no resultaría en una serie de golpes autoritarios”, dijo Jorge Zepeda Patterson, columnista del diario Milenio. Pero sus seguidores y los de López Obrador están divididos, dijo.

Sheinbaum llamó esta semana a la Cámara de Diputados a no apresurar la legislación judicial. Los legisladores respondieron que llevarían a cabo un debate completo, en lugar de acelerar la propuesta el domingo. Morena y sus aliados tienen suficientes votos en la cámara baja para cambiar la constitución, y están a solo un voto en el Senado.

López Obrador dice que los cambios judiciales limitarán la corrupción

López Obrador ha tenido una relación difícil con los tribunales federales, que han bloqueado algunas de sus iniciativas más controvertidas, incluyendo la expansión del papel del estado en la generación de electricidad y dar al ejército el control de la Guardia Nacional.

Ha acusado a los jueces de ser comprados por grandes empresas, o pagados por grupos delictivos organizados para liberar a narcotraficantes encarcelados. Sus cambios judiciales, dice, limitarán la corrupción.

“¿No merecemos los mexicanos un sistema judicial íntegro, con jueces, magistrados y ministros que sean incorruptibles, que estén al servicio del pueblo y no de un puñado de individuos?”, preguntó en junio.

Su propuesta transformaría la forma en que se seleccionan y supervisan los jueces.

Los magistrados federales ahora se eligen en base a exámenes profesionales en un proceso gestionado por un consejo judicial. Después de seis años en el cargo, pueden solicitar la permanencia de por vida.

El nuevo sistema eliminaría la permanencia, y también el requisito de que los jueces de la Suprema Corte tengan al menos 35 años. (López Obrador tiene predilección por permitir que los graduados recientes de la facultad de derecho se conviertan en jueces, llamándolos “frescos e idealistas”). Los ciudadanos elegirían jueces de listas de candidatos redactadas por el presidente, el Congreso y el sistema judicial. Una junta disciplinaria, también electa, revisaría el desempeño de los jueces.

Unos 1.600 jueces federales tendrían que renunciar; sus puestos serían ocupados por voto popular en 2025 y 2027. Los jueces de la Suprema Corte también serían elegidos por los ciudadanos, en lugar de ser nominados por el presidente, con confirmación del Senado. Los estados celebrarían elecciones para jueces locales.

La relatora especial de la ONU para la independencia judicial, Margaret Satterthwaite, advirtió en julio que los cambios podrían “aumentar el riesgo de que los candidatos judiciales intenten complacer a los votantes o sus patrocinadores de campaña”, en lugar de emitir fallos basados en estándares legales.

Los críticos también se preocupan por la nueva junta disciplinaria. “Podría convertirse en un instrumento político para castigar a los jueces cuyas decisiones no sean convenientes para las autoridades”, dijo Zepeda Patterson.

Pocos mexicanos discuten que el sistema de justicia necesita una reforma. Está falto de personal, permeado de corrupción, carece de capacidades investigativas y está abrumado por la violencia que ha sacudido al país durante las últimas dos décadas. Solo alrededor del 4 por ciento de las investigaciones judiciales resultan en una sentencia u otra resolución, según el think tank México Evalúa.

Pero la propuesta “no aborda el problema”, dijo Claudio Lomnitz, un antropólogo de la Universidad de Columbia que estudia México.

López Obrador dice que la reforma judicial fortalecerá la soberanía de México. “Eso implica que estás construyendo el estado”, dijo Lomnitz. Los cambios, sin embargo, resultarán en un “socavamiento del estado” al destruir parte de la función pública.

Los analistas dicen que el nuevo proceso podría ser complicado. Solo para reemplazar la Suprema Corte, los votantes elegirían nueve nombres en una boleta con unos mareantes 81 candidatos, según la ministra de gobierno, Luisa María Alcalde. Los funcionarios estadounidenses están preocupados de que los cárteles de la droga puedan impulsar a sus candidatos preferidos a la banca.

Además de los cambios judiciales, López Obrador quiere eliminar siete agencias autónomas de México establecidas como controles al poder del gobierno. Estas incluyen el instituto de libertad de información y agencias que tratan con monopolios, telecomunicaciones, pobreza, energía y educación. Sus funciones serían absorbidas por los ministerios existentes.

López Obrador llama a las agencias caras e innecesarias. Jorge Castañeda, un exministro de Relaciones Exteriores y destacado crítico del presidente, dijo que se crearon para despolitizar la estructura del gobierno después de décadas de gobierno de un solo partido.

Si las enmiendas se aprueban, dijo Castañeda, “implicará un cambio importante en todo lo que ha estado sucediendo en México desde 1994″.

Valentina Muñóz y Gabriela Martínez contribuyeron con este reporte.

© 2024, The Washington Post.