La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó un impuesto de 2017 sobre las ganancias extranjeras de las empresas de propiedad estadounidense, rechazando una apelación que podría haber ahorrado a las empresas cientos de miles de millones de dólares.
Con una votación de 7 a 2, los magistrados dijeron que el Congreso tiene el poder constitucional de gravar a personas y empresas sobre su participación en los ingresos corporativos no distribuidos.
El caso estaba siendo seguido de cerca debido a sus posibles implicaciones para las propuestas demócratas de imponer un impuesto a la riqueza. La mayoría dijo que no era necesario pronunciarse sobre ese u otros impuestos hipotéticos.
“Esas son cuestiones potenciales para otro día, y no abordamos ni resolvemos ninguna de esas cuestiones aquí”, escribió el juez Brett Kavanaugh para el tribunal. Añadió que “el Congreso ha gravado durante mucho tiempo a los accionistas de una entidad sobre los ingresos no distribuidos de la entidad, e hizo lo mismo” con el impuesto de 2017.
Los jueces Clarence Thomas y Neil Gorsuch no estuvieron de acuerdo
La disposición en disputa, conocida como impuesto de repatriación obligatorio, se creó para compensar otras partes de un recorte de impuestos respaldado por los republicanos y aprobado durante la presidencia de Donald Trump. El gobierno ha estimado que el impuesto generaría USD 340 mil millones en 10 años, gran parte de ellos provenientes de compañías multinacionales como Apple Inc. y Pfizer Inc.
El caso marcó una prueba poco común de la 16ª Enmienda de la Constitución, ratificada en 1913 para permitir al Congreso imponer un impuesto sobre la renta. Esa enmienda autoriza al Congreso a “fijar y recaudar impuestos sobre los ingresos, de cualquier fuente que se derive” sin tener que dividir la factura entre los estados según su población, como se requiere para otros tipos de impuestos.
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