Google recorta parte del equipo que revisa solicitudes de datos de usuarios por parte de la policía

Google despidió a un grupo de trabajadores del equipo responsable de asegurarse de que las solicitudes gubernamentales de información privada de sus usuarios sean legítimas y legales, lo que ha generado preocupación entre los trabajadores y los expertos en privacidad de que la empresa está debilitando su capacidad para proteger los datos de los clientes.

Google despidió a unos 10 miembros de su equipo de Soporte de Investigaciones Legales a fines del mes pasado y le dijo a otro grupo de aproximadamente 10 personas que tendrían que mudarse de ciudad o dejar la empresa, lo que efectivamente las llevaría a renunciar, según una persona familiarizada con las operaciones del equipo y los despidos. Un portavoz de Google dijo que el equipo tiene cerca de 150 personas y que aquellos que renuncien por la reubicación requerida serán reemplazados.

Google tiene datos íntimos de los miles de millones de personas que utilizan sus productos, incluidos correos electrónicos, contraseñas, información financiera, historial de navegación en la web y ubicaciones físicas, y la policía de todo el mundo solicita cada vez más a la empresa tecnológica que proporcione esos datos para ayudar en investigaciones. Los recortes representan una reducción significativa en la capacidad de la compañía para examinar y responder a órdenes de registro y otras solicitudes, y ya han provocado retrasos en el cumplimiento de órdenes judiciales, dijo la persona, quien habló bajo condición de anonimato para discutir asuntos internos.

“Esta reestructuración simplemente consolida el trabajo del equipo en unas pocas ubicaciones existentes y agiliza nuestros flujos de trabajo mientras mantenemos nuestros altos estándares para proteger la privacidad de nuestros usuarios y respuestas oportunas a las demandas de las fuerzas del orden”, dijo Matt Bryant, portavoz de Google. “Cualquier sugerencia en contrario es simplemente incorrecta”.

Además de responder a citaciones y órdenes de registro para datos de usuarios, el equipo también maneja solicitudes de emergencia de la policía para ubicaciones de personas cuando están en crisis o si amenazan con violencia inmediata, como en el caso de tiroteos en escuelas, dijo la persona familiarizada con el equipo.

El Sindicato de Trabajadores de Alphabet, un grupo que representa a algunos trabajadores y contratistas de Google, dijo en una declaración a fines del mes pasado que los recortes solo exacerbarán una escasez de personal existente en el equipo.

Antes de los recortes, el equipo de Soporte de Investigaciones Legales ya luchaba para manejar la enorme cantidad de solicitudes gubernamentales de las cuales era responsable, dijo la persona familiarizada con la operación del equipo. Los miembros del equipo desarrollan políticas sobre cómo responder a las solicitudes y revisan las solicitudes individuales para asegurarse de que sean legales, dijo la persona. A veces, Google devolverá las solicitudes y pedirá a la policía que las reduzca para intentar disminuir la cantidad de datos de usuarios proporcionados.

Los despidos ocurren en un momento en que la policía y las agencias de espionaje de todo el mundo piden cada vez más a las empresas tecnológicas datos de usuarios. De enero de 2023 a junio de 2023, Google recibió solicitudes para proporcionar datos sobre 110,945 cuentas de usuarios en los Estados Unidos, según el informe de transparencia de Google, que publica cada seis meses. La empresa proporcionó algo de información en el 85 por ciento de esos casos, dijo la compañía.

La cantidad de datos que Google proporciona a las agencias del orden ha estado aumentando constantemente durante la última década. A principios de la década de 2010, la empresa recibía menos solicitudes cada año. Pero a medida que la policía se ha vuelto más tecnológicamente avanzada y Google ha acumulado más datos, el número de solicitudes ha aumentado.

En la primera mitad de 2023, el período más reciente para el cual Google proporciona datos, recibió 211,201 solicitudes de información de usuarios que afectaban a 436,326 cuentas de gobiernos de todo el mundo. Eso es un aumento del 85% en el número de cuentas afectadas desde la primera mitad de 2020. En 2022, Google proporcionó información en aproximadamente el 80% de las solicitudes, un número que también ha ido aumentando de manera constante desde mediados de la década de 2010, según los datos de la compañía.

Los abogados y otros empleados de Google que responden a las solicitudes de las fuerzas del orden son un baluarte vital contra los excesos gubernamentales, dijo Faiza Patel, directora senior del Programa de Libertad y Seguridad Nacional en el Centro Brennan para la Justicia y una experta en vigilancia gubernamental.

“El hecho de que estén reduciendo el equipo que está desempeñando esta función es motivo de preocupación”, dijo Patel.

Las reducciones están en línea con una tendencia general en las empresas de tecnología de reducir la cantidad de personas que trabajan en cuestiones de cumplimiento y de confianza y seguridad, dijo Patel. “Hemos visto en general que los equipos de tipo confianza y seguridad y los equipos de cumplimiento están siendo recortados por las empresas tecnológicas en general”, dijo.

Cuando el propietario de Tesla, Elon Musk, compró el sitio de redes sociales Twitter en 2022, muchos de los trabajadores de confianza y seguridad de la empresa, que moderaban el contenido violento y ofensivo en la plataforma, fueron de las primeras personas en ser despedidas. El año pasado, Meta despidió trabajadores en sus equipos de políticas, moderación y regulaciones como parte de los despidos masivos de la compañía.

Google y otras empresas tecnológicas han despedido a decenas de miles de trabajadores en los últimos dos años, ya que reducen el personal contratado durante el auge del gasto tecnológico durante la pandemia. La explosión de interés en la inteligencia artificial también ha llevado a las empresas a reasignar trabajadores y fondos de inversión hacia la construcción de productos de inteligencia artificial.

El escrutinio sobre el intercambio de datos de Google con las agencias del orden aumentó después de que la Corte Suprema derogara Roe v. Wade en junio de 2022 y los estados aprobaran leyes que hacían que el aborto fuera ilegal. Los defensores del derecho al aborto advirtieron que la policía podría solicitar a Google y otras plataformas tecnológicas los nombres de personas que buscaron servicios de aborto o que visitaron una clínica de abortos.

La empresa respondió diciendo que eliminaría automáticamente los datos de ubicación de las personas que visitaran clínicas de salud. Pero meses después, una revisión de The Washington Post encontró que la empresa aún registraba algunos datos de ubicación de visitas a clínicas de abortos.

Google ha dicho que guardar datos de ubicación es solo opcional, y en diciembre de 2023, la empresa dijo que dejaría de almacenar los datos de ubicación de sus usuarios en sus servidores en la nube, lo que significaba que no podría proporcionar las ubicaciones a la policía incluso si se lo pidieran.

“La información sobre tu ubicación es personal. Estamos comprometidos a mantenerla segura, privada y bajo tu control”, dijo Marlo McGriff, directora de producto de Google Maps, en una publicación de blog en ese momento.

El equipo también tiene que lidiar potencialmente con hackers que se hacen pasar por funcionarios de la ley tratando de acceder a los datos de usuarios de Google, dijo la persona familiarizada con el equipo. En 2022, el experto en ciberseguridad Brian Krebs informó que hackers y estafadores estaban utilizando cuentas de correo electrónico robadas a la policía para intentar engañar a Google y otras plataformas tecnológicas para que les proporcionaran datos de usuarios.

Google también está sujeto a un acuerdo de 2022 que firmó con el Departamento de Justicia para “reformar y mejorar su programa de cumplimiento de procesos legales”. El acuerdo se produjo después de que Google dijera que había perdido algunos datos de usuarios que el gobierno había solicitado como parte de un caso judicial de 2016. Un portavoz del Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios.

(c) 2024 , The Washington Post