La canasta alimentaria en Venezuela superó los 772 dólares en mayo y sigue fuera del alcance salarial

El costo de alimentar a una familia de cinco personas en Venezuela alcanzó en mayo los 772,74 dólares, un 5,7% más que en abril, según el informe mensual del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) difundido este miércoles. El dato agudiza una tendencia sostenida: la canasta acumula incrementos ininterrumpidos desde febrero y ha subido más de 127 dólares en cuatro meses.

La cifra de mayo implica que una familia necesitó 42,15 dólares adicionales respecto a abril, cuando el costo se situó en 730,59 dólares. A ese monto se suma un gasto mínimo de 12,31 dólares en agua potable embotellada o de camión cisterna, dado que el recurso distribuido por tuberías no cumple los parámetros básicos de potabilidad según organismos técnicos y organizaciones no gubernamentales. El gasto total para cubrir alimentación e hidratación básica supera los 785 dólares mensuales.

La distancia entre esos números y los ingresos reales es de proporciones históricas. El salario mínimo legal permanece congelado desde marzo de 2022 en 130 bolívares, equivalentes hoy a 21 centavos de dólar, y cubre apenas el 0,03% del valor de la canasta. Para completar el grueso del ingreso, el régimen recurre a una política de bonificaciones que no genera derechos laborales: un bono de alimentación de 40 dólares y el denominado “bono contra la guerra económica”, recientemente elevado a 200 dólares, ambos pagados en bolívares al tipo de cambio oficial.

El resultado es un ingreso mínimo integral de 240 dólares, anunciado el 30 de abril por la presidenta encargada Delcy Rodríguez como “el incremento más importante de los últimos años”. El ajuste representó un alza de 26% sobre los 190 dólares previos, pero según el Cendas ese monto cubre apenas el 31% de la canasta de mayo, sin incluir agua, transporte ni medicamentos. Los principales gremios rechazaron el anuncio porque el aumento se canalizó íntegramente a través de bonos, perpetuando la “desalarización” que erosiona prestaciones, jubilaciones y liquidaciones.

El contexto macroeconómico ofrece señales contradictorias. El Banco Central de Venezuela (BCV) informó el 6 de junio que la inflación mensual cerró en 6,3% en mayo, la más baja en 19 meses, frente al 32,6% registrado en enero, cuando fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en Caracas. Sin embargo, el bolívar acumuló en mayo una depreciación adicional de 11,3% frente al dólar, lo que mantiene la presión sobre los precios de los productos importados que dominan el consumo básico venezolano.

El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, interpretó la desaceleración como evidencia del éxito de la política de Washington. En un mensaje en redes sociales el 15 de junio, Barrett afirmó que la inflación de un dígito “demuestra que la fase de recuperación económica del plan de tres fases” diseñado por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio “está dando resultados concretos”. El plan contempla tres etapas: estabilización económica, recuperación y transición democrática.

La lectura oficial no encuentra correlato en el poder adquisitivo de los trabajadores. La canasta alimentaria subió más de 62% en dólares entre enero de 2025 y mayo de 2026, período en el que el salario mínimo formal no se modificó. Esa divergencia entre la desaceleración mensual de la inflación y el deterioro acumulado del poder de compra alimenta las protestas sindicales que maestros, médicos y empleados públicos sostienen desde hace meses. Venezuela arrastra una caída del PIB cercana al 80% entre 2013 y 2021, según la ONU, y mientras Washington reivindica los frutos de su hoja de ruta, una familia promedio necesita más de tres veces el ingreso mínimo oficial solo para alimentarse.