La ONG Foro Penal instó a las autoridades venezolanas a informar con claridad el destino y la situación de los presos trasladados desde El Helicoide, en Caracas, hacia otros centros penitenciarios del interior del país. La organización advirtió que la falta de información podría constituir una desaparición forzada.
En los últimos días, familiares y defensores de derechos humanos denunciaron que un número indeterminado de personas privadas de libertad fue llevado desde la estructura conocida como El Helicoide a distintos recintos carcelarios sin notificación oficial sobre su paradero.
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La preocupación aumentó luego de que el Comité por la Libertad de los Presos Políticos reportó movimientos de detenidos sin confirmación pública de las autoridades. Andreína Baduel, miembro del comité, relató en una entrevista con la agencia EFE, que los movimientos de presos políticos comenzaron después de las seis de la tarde. Además, señaló que el grupo no logró identificar a las personas ni los destinos, aunque desde una elevación cercana al centro observaron el inicio de los traslados.
“La respuesta del régimen hoy es comenzar un traslado arbitrario, reiterar las violaciones de derechos humanos hacia los presos políticos que están aquí y no darle respuestas oportunas a los familiares, quienes desde esta mañana están tratando de saber qué es lo que ocurre”, agregó.
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Por su parte, el Foro Penal sostuvo que el deber legal y humanitario obliga a los funcionarios a informar de inmediato a familiares y abogados sobre la ubicación y condiciones de cada persona trasladada, y pidió transparencia sobre los movimientos realizados desde el principal centro de detención asociado al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Además, la organización detalló que los traslados incluyeron prisiones como El Rodeo y Yare, en el estado de Miranda; Tocuyito, en Carabobo; y el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y Las Crisálidas, ambos en Miranda. Por ejemplo, el dirigente político y preso del Táchira Jackson Vera fue enviado a La Planta, ubicada en Caracas.
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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó en enero el cierre de El Helicoide y propuso transformar el lugar en un centro social y deportivo, en medio de la discusión de una ley de amnistía para presos políticos que el Parlamento venezolano aprobó en febrero.
Pese a ese anuncio, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) aseguró que el centro siguió operativo y que al menos 25 presos políticos permanecían allí.
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El registro actualizado de presos políticos realizado por Foro Penal situó el total en 404, de los cuales 39 tienen nacionalidad extranjera o doble nacionalidad. Entre los detenidos, 369 son hombres y 35 son mujeres. Del total, 225 figuran como civiles, incluido un adolescente, mientras que 179 son militares.
Además, entre otros datos, 67 personas recibieron condenas y 237 esperaban una sentencia. Desde 2014, la ONG documentó 19.102 detenciones por motivos políticos en el país.
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(Con información de EFE)
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