
Aunque el gobierno de Delcy Rodríguez le ha declarado la guerra a las granjas de minería digital, el ex gobernador y diputado del estado Bolívar, Andrés Velásquez, afirma que en el mismísimo corazón del sistema eléctrico del país operan máquinas para explotar criptomonedas con la connivencia de las autoridades locales.
Velásquez denuncia que existen granjas de minería en el complejo hidroeléctrico de Macagua y en la subestación Guayana, ambas ubicadas en el estado Bolívar, al sur de Venezuela. El dirigente opositor responsabiliza directamente a la mandataria regional, Yulisbeth García, y al jefe regional de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Rafael Rangel, de permitir y “proteger” una actividad que está prohibida en el país.
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“Ellos mismos agarran las subestaciones eléctricas para montar granjas de criptomonedas”, aseguró el fundador del partido La Causa R. En el estado Bolívar se encuentra la central hidroeléctrica Simón Bolívar, considerada la “columna vertebral” del disminuido sistema eléctrico venezolano.

A principios de semana, la gobernadora García, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), celebró como un logro la desactivación de una granja de minería que tenía 310 máquinas que, dijo, afectaban a “más de 350 viviendas”. En su red social, destacó que este operativo se realizó “siguiendo cada instrucción de nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez”.
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“A propósito del desmantelamiento de granjas mineras que propagandea la gobernadora García, esperamos que desmantele también la que está minando en Corpoelec, represa Macagua. Esa está operando muy bien protegida”, fustigó Velásquez.
En crisis
Venezuela sufre una crisis del sistema eléctrico que ha llevado al gobierno a aplicar un “plan de ahorro”, que se traduce en cortes diarios del servicio durante cuatro horas o más en casi todo el territorio nacional.
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El Ministerio de Energía Eléctrica publicó el 7 de mayo un comunicado en el que ratifica que “se mantiene la prohibición absoluta de la minería digital” en el país, advirtiendo que aquel que viole la norma será “sancionado con todo el peso de la ley”. El despacho ordenó la activación de “un plan de supervisión con las autoridades y órganos competentes para hacer cumplir esta disposición”.
El gobernador del estado Carabobo, el también chavista Rafael Lacava, llegó al extremo de ofrecer una recompensa de mil dólares a todo aquel que brinde información sobre la existencia de granjas de minería en su entidad. Lacava tomó la iniciativa para enfrentar lo que denominó como “el drama eléctrico”.
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