“Alex Saab es un criminal que hizo su fortuna a costa del hambre de los venezolanos”. Así describió Juan Pablo Guanipa, referente opositor, la reciente deportación del empresario colombiano Alex Saab a Estados Unidos, tras años de acusaciones de corrupción y vínculos con el reparto de alimentos durante la crisis humanitaria venezolana. Saab ha sido señalado como pieza clave en las finanzas del chavismo y de obtener beneficios mientras millones de venezolanos asumían carencias básicas.
En una publicación en sus redes sociales, Guanipa afirmó que el ex ministro del régimen chavista es responsable de enriquecerse ilícitamente por medio de contratos en el programa de alimentos gubernamental. El opositor sostiene que la deportación ofrece una oportunidad para que Saab enfrente a la justicia estadounidense por blanqueo de capitales y corrupción, en el marco de una profunda crisis social en Venezuela.
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“Es una gran noticia para los venezolanos que ese delincuente enfrente la justicia. En el futuro responderá también ante los tribunales de una Venezuela democrática”, agregó Guanipa.
Alex Saab fue arrestado en 2020 en Cabo Verde, tras actuar como intermediario en importaciones estatales para el régimen de Maduro. Luego, fue extraditado en octubre de 2021 a Estados Unidos, acusado de blanquear fondos ilícitos procedentes de Venezuela.
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Durante ese periodo, el gobierno venezolano defendió a Saab, presentando su detención como un “secuestro” y, tras su excarcelación en 2023, lo recibió en Caracas como un “héroe”. Saab fue designado presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP) y, en octubre de 2024, ministro de Industria y Producción Nacional. Sin embargo, tras la captura de Nicolás Maduro en enero, Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina y Saab fue destituido de todos sus cargos en febrero.
El ascenso del empresario colombiano en Venezuela estuvo vinculado a su papel en el programa CLAP, encargado de importar alimentos durante años de escasez generalizada. Según acusaciones opositoras y denuncias públicas, Saab se enriqueció mediante contratos opacos y la venta de productos alimenticios vencidos, mientras mantenía una relación cercana con altos funcionarios del chavismo.
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Guanipa denunció que Saab “se hizo millonario vendiendo comida vencida y ayudando a los jerarcas del régimen a evadir sanciones y a saquear nuestra nación”. Tras la captura de Maduro, Delcy Rodríguez apartó a Saab del gabinete. Su esposa, Camilla Fabri, también perdió su puesto como viceministra en marzo, después de haber dirigido un programa migratorio.
Su proximidad al poder le permitió operar de manera discrecional hasta su caída definitiva. En contexto, cerca de 8 millones de personas dependían del CLAP para su alimentación, reflejando la magnitud de la red bajo el control de Saab y el impacto social de sus operaciones.
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La decisión de deportar a Saab tuvo como argumento formal su implicación en “diversos delitos en los Estados Unidos de América”, según el comunicado de la autoridad migratoria venezolana. El texto enfatizó que se trató de una deportación, no de una extradición, para ajustarse a la legislación venezolana que prohíbe extraditar nacionales.
Tras la captura de Maduro, el gobierno interino aceleró la destitución de Saab y de otros aliados del chavismo, ejecutando una depuración interna en pocas semanas. El hecho de que Saab permaneciera menos de un mes en el gabinete de Rodríguez subraya el cambio de correlación de fuerzas y la intención de distanciarse de figuras asociadas a la corrupción.
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El caso de Saab, que sigue de cerca la atención regional, pone en evidencia que figuras antes protegidas por el poder pueden enfrentar procesos fuera de Venezuela. Mientras tanto, el futuro de Saab está sujeto a nuevos juicios en el extranjero y a la expectativa de que rinda cuentas ante sistemas judiciales distintos de los que lo protegieron durante años.
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