Activistas venezolanos ratificaron que la lucha por la diversidad sexual es inseparable de la democracia

Al revisar la lista que publicó a finales de abril la Asamblea Nacional con los nombres de las 94 personas que se postularon para integrar el comité de postulaciones judiciales, el ciberactivista Giuseppe Gangi encontró algo más que un error.

“Richelle Briceño, mujer trans, fue anunciada como Richard Briceño en el comité de postulaciones del Tribunal Supremo de Justicia. En una sociedad libre, se consideraría una vulneración a sus derechos”, denunció Gangi en su cuenta en X.

Briceño agradeció el mensaje por “visibilizar la inacción del Estado, a pesar de las garantías legales y constitucionales que protegen a las personas trans”, y agregó: “Acudiré a la entrevista ante la Asamblea Nacional como quien soy, vivo y me relaciono: Richelle Briceño. Más allá de lo escrito en sus papeles, las formalidades y lo que digan las redes sociales”.

En medio de la controversia, el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ subrayó que el Consejo Nacional Electoral y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería “tienen una deuda con el derecho a la identidad de las personas trans”, y acusó al Parlamento de “exponer” a Briceño.

Al tribunal

Siempre postergado en el debate público venezolano, el tema de los derechos de las personas trans y la comunidad LGBTIQ+ tomó fuerza por una declaración de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, al cumplirse el 9 de mayo los primeros cien días de la instalación del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.

“Frente a la sexodiversidad, quiero pedirle a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una doctrina sobre la diversidad como un derecho humano fundamental. Quiero pedirle a la Sala Constitucional que demos ese aporte al país, nuestro país lo espera. Vamos a construir lo que significa un derecho fundamental que he entendido con mayor amplitud con el programa, que es el derecho a ser diverso”, solicitó la mandataria interina.

El mensaje de Rodríguez no fue bien recibido por la Red de Derechos Humanos en Movimiento, que agrupa a ocho organizaciones incluido el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, que rechazó la “instrumentalización de la diversidad como una etiqueta vacía por parte del Estado, mientras persisten violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos y una omisión estructural que condena a la población LGBTIQ+ a la indefensión y a la invisibilidad inminente”.

La Red advierte que no puede existir convivencia democrática mientras “se mantengan más de 16 años de omisiones institucionales que impiden el derecho a la identidad de las personas trans”, y “continúe la falta de acceso a la salud y la desprotección frente a los crímenes de odio”.

Además de demandar “políticas públicas reales contra la discriminación, incluyendo la aplicación inmediata del reconocimiento del cambio de nombre para personas trans”, este grupo enfatiza que “la lucha por los derechos de la diversidad sexual es inseparable de la defensa de la democracia”.

Para todos

Yendri Velásquez, miembro de Amnistía Internacional Venezuela, sostiene que la política del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) “se ha caracterizado por la homofobia y transfobia de Estado con la violación de los Derechos Humanos de la población LGBTIQ+ por acción directa o por omisión de las iniciativas que reposan en el Tribunal Supremo, el Parlamento, ministerios y distintas instancias del poder público”,

Velásquez, quien se marchó al exilio por la persecución del oficialismo, considera que el PSUV ha asumido esa posición “por su origen militar, que luego se vincula con grupos evangélicos pentecostales que vienen a endurecer aún más las políticas en contra de las personas LGBTIQ+”.

El defensor de DDHH recuerda que el máximo juzgado del país no ha dado respuesta a los recursos que buscan garantizar los derechos de pareja, a la identidad de las personas trans y a la no discriminación.

Con respecto a las palabras de la presidenta encargada, Velásquez espera que se traduzcan en acciones reales y subraya: “Los derechos de las personas LGBTIQ+ no son un tema aislado, no puede haber garantías si siguen habiendo presos políticos y persecución contra las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela”.