El régimen de Venezuela confirmó este lunes que el incremento del llamado “ingreso mínimo integral” a 240 dólares mensuales, anunciado el 30 de abril por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, se canalizará íntegramente a través de bonificaciones y no mediante un aumento del salario base, cuyo valor permanece congelado en 130 bolívares —el equivalente a unos 27 centavos de dólar— desde marzo de 2022.
El ministro del Trabajo, Carlos Alexis Castillo, explicó en una entrevista en la emisora privada Onda que un alza del salario formal desataría presiones inflacionarias que el Estado no puede absorber. “En estos momentos no podemos aumentar salario porque aumentar salario significa que se nos dispara la inflación”, señaló el ministro, quien añadió que el Gobierno opera con recursos “finitos” en un contexto de recuperación económica frágil.
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La distinción no es menor. Las bonificaciones carecen de incidencia salarial: no se computan en el cálculo de prestaciones sociales, vacaciones ni utilidades. El esquema —denominado “ingreso mínimo integral indexado”— combina el salario nominal con un bono de alimentación de 40 dólares y el denominado “bono de guerra económica”, que en la estructura anterior totalizaba 150 dólares para empleados públicos activos. El concepto no figura en la legislación laboral; su único respaldo legal es una definición de la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.746 de mayo de 2023.
Castillo calificó el sistema como “absolutamente coyuntural” y prometió que el chavismo anunciará “pronto” aumentos salariales formales, sin precisar plazos. También descartó que el ingreso integral sustituya de forma permanente el concepto de salario. Los hechos apuntan en dirección contraria: el salario mínimo acumula más de 1.500 días sin ajuste formal y la inflación acumulada pulverizó cualquier poder adquisitivo que hubiera conservado.
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El anuncio representó un incremento de 26% sobre el ingreso integral previo, fijado en 190 dólares. Rodríguez lo presentó como “el aumento más importante de los últimos años” y sostuvo que fue posible gracias a los ingresos petroleros derivados de acuerdos con Estados Unidos. Los principales gremios de salud y educación, así como la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), habían exigido un salario base de al menos 200 dólares con carácter remunerativo pleno.
El telón de fondo hace difícil el optimismo. Según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), la canasta alimentaria familiar alcanzó en marzo un costo de 703 dólares para un hogar de cinco personas. Los 240 dólares del nuevo ingreso cubren apenas el 34% de esa cifra. Los jubilados, cuya pensión se fijó en 70 dólares, quedan más expuestos: su asignación representa menos del 10% de la canasta básica.
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Venezuela acumuló una inflación del 71,8% en el primer trimestre de 2026, según cifras oficiales, con una tasa anualizada del 649% al cierre de marzo. Desde 2021, la economía experimenta una leve recuperación luego de que el Producto Interno Bruto cayera cerca de 80% en una década, proceso que, según la ONU, propició el éxodo de casi ocho millones de venezolanos. Cerca de siete millones de personas operan hoy en la informalidad laboral.
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