Un total de 901 personas permanecían privadas de libertad en Venezuela hasta el 24 de marzo, consideradas por la ONG Foro Penal como presos políticos, según informó este jueves la organización a través de X.
La cifra supone siete arrestados más que hace una semana, cuando el Foro Penal contabilizaba 894 detenidos por razones políticas.
La organización indicó que del total de detenidos, 813 son hombres y 88 son mujeres, entre los cuales hay 896 adultos y cinco adolescentes de entre 14 y 17 años de edad, la mayoría arrestados luego de las presidenciales de julio del año pasado, en las que el ente electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro pese a las denuncias de “fraude” de la oposición mayoritaria.
Además, Foro Penal señaló que 734 de los presos son civiles y 167 militares de distintos cuerpos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
La ONG agregó que, desde 2014 hasta la fecha, ha registrado 18.320 “detenciones políticas” en Venezuela.
Según la Fiscalía, más de 2.400 personas fueron detenidas -de las cuales han sido excarceladas 2.006, según la institución- por generar “violencia” durante las protestas poselectorales.
Tanto Maduro como el fiscal general, Tarek William Saab, aseguran que en el país no hay presos políticos, sino personas que fueron detenidas -sostienen- porque cometieron delitos.
Este viernes, familiares de los considerados “presos políticos” se concentrarán en Caracas para exigir la liberación y el respeto a los derechos humanos de sus parientes, según informó la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, que lidera la convocatoria.
Cinco presos políticos llevan más de 200 días sin recibir visitas
La principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), denunció el viernes pasado que, desde hace más de 200 días, al menos cinco dirigentes políticos continúan “presos injustamente” y “nunca han recibido visita de sus familiares”.
A través de un comunicado en la red social X, la PUD afirmó que Freddy Superlano, Roland Carreño, Perkins Rocha, Biagio Pilieri, Williams Dávila y Rafael Ramírez Colina son “inocentes” y están siendo víctimas de “violaciones sistemáticas” a sus derechos humanos.
En particular, Ramírez Colina, ex alcalde de Maracaibo, capital del estado de Zulia (noroeste de Venezuela, fronterizo con Colombia), acumula 170 días en prisión sin acceso a visitas, lo que la PUD considera una violación flagrante de los derechos humanos.
Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) también condenó las detenciones: “El patrón de persecución aplicado a la población civil a través de la vía judicial no ha cesado”.
En línea con estas denuncias, la Misión Independiente de las Naciones Unidas para la Determinación de los Hechos en Venezuela emitió un informe a mediados de marzo en el que describió las detenciones “arbitrarias” y la intensificación de la “represión” hacia la oposición tras la investidura de Maduro el 10 de enero de 2025.
El régimen de Maduro tachó de “engañoso” el informe de misión de ONU sobre “represión” poselectoral. En su canal de Telegram, el titular del Ministerio de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, llamó “seudomisión” al grupo de trabajo de la ONU al considerar que “se limita a reiterar las mismas falsedades propugnadas por sectores extremistas del país”, como suele llamar a la oposición.
“Una y otra vez, esta mal denominada ‘Misión de Determinación de los Hechos’, que nunca ha pisado suelo venezolano, evidencia que su único objetivo es promover un cambio de régimen que permita la explotación de Venezuela y sus recursos naturales”, afirmó el funcionario, a pesar de que la presidenta del grupo, Marta Valiñas, ha explicado que la misión no ha ido al país caribeño porque la Administración de Nicolás Maduro “no lo quiso” y “no permitió hacerlo”.
(Con información de EFE)
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