El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, denunció este jueves que cinco colaboradores de la líder opositora María Corina Machado, que se encuentran asilados desde hace un año en la Embajada de Argentina en Caracas, se encuentran en condiciones de aislamiento y bajo asedio policial, y los calificó como “rehenes del régimen”.
La residencia, actualmente bajo la custodia de Brasil, permanece sin acceso a servicios básicos, mientras los asilados continúan sin salvoconductos que les permitan abandonar el país de forma segura.
“Hace un año, un grupo de venezolanos buscó refugio en la Embajada de Argentina en Caracas. Desde entonces, han sido convertidos en rehenes del régimen, aislados, privados de luz, agua y comida. Un trato inhumano que refleja lo que viven miles de presos políticos en el país”, expresó González Urrutia a través de su cuenta en la red social X, al cumplirse este jueves un año del ingreso de los opositores a la sede diplomática.
Los cinco asilados —Pedro Urruchurtu, Magalli Meda, Claudia Macero, Humberto Villalobos y Omar González— buscaron protección en la residencia diplomática argentina en marzo de 2024, luego de que la Fiscalía de la dictadura venezolana anunciara órdenes de captura en su contra por presunta participación en planes conspirativos.
Todos forman parte del círculo político de Machado, líder de la oposición y ganadora de las primarias opositoras, aunque impedida de competir en las presidenciales por una inhabilitación ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia.
En su pronunciamiento, González Urrutia también recordó el caso de Fernando Martínez Mottola, sexto opositor que ingresó con ellos a la residencia, pero que abandonó el lugar en diciembre de 2024 para presentarse voluntariamente ante la Fiscalía.
Su salida se dio en circunstancias no esclarecidas. En febrero pasado, Martínez Mottola falleció tras sufrir una hemorragia intracerebral. “Hasta hace poco, eran seis. Pero uno de ellos, quizás por las consecuencias de esas condiciones, falleció”, lamentó el dirigente opositor.
Más temprano, su equipo de campaña y representantes políticos de Machado reiteraron la exigencia al régimen de Nicolás Maduro de que otorgue salvoconductos a los cinco asilados, como establece el derecho internacional en materia de asilo diplomático.
Denunciaron además que desde noviembre de 2024 la residencia estuvo rodeada por efectivos de seguridad del Estado, con controles permanentes y agentes armados en los alrededores. Los asilados afirman vivir bajo un asedio, que incluye el bloqueo de suministros y el corte intencional de servicios.
Uno de los principales señalamientos es la falta de electricidad, ya que, según los refugiados, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) retiró los fusibles de la sede diplomática, dejando la vivienda sin servicio eléctrico.
También denunciaron la suspensión del suministro de agua y restricciones en el acceso a alimentos. Las autoridades de la dictadura venezolana, por su parte, rechazaron estas acusaciones. El titular del Ministerio de Interior y Justicia del régimen, Diosdado Cabello, desestimó las denuncias al calificarlas de “farsa”.
En agosto de 2024, tras el agravamiento de las tensiones diplomáticas, la dictadura de Maduro expulsó al cuerpo diplomático argentino, en medio de un cruce de declaraciones con el presidente Javier Milei.
Desde entonces, la residencia quedó bajo custodia de Brasil, que asumió la defensa de los intereses argentinos en Caracas conforme a los mecanismos de representación entre terceros países.
Sin embargo, en septiembre, Venezuela revocó la autorización concedida a Brasil para operar como Estado protector, tras acusar a los asilados de estar involucrados en la presunta planificación de “actos terroristas” desde el interior de la sede.
Tras esa medida, el Gobierno brasileño anunció que “permanecerá con la custodia y defensa de los intereses” de Argentina en Venezuela hasta que la administración de Milei designe a otro Estado aceptable para Caracas.
(Con información de EFE)
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