La defensa de la activista venezolana Rocío San Miguel reiteró que “debe ser operada en libertad y por médicos de su confianza”

La defensa de la activista venezolana Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, reiteró el viernes que su clienta “debe ser operada” en libertad y por médicos de su confianza para tratar una fractura en el hombro derecho que sufrió hace seis meses.

“Hemos insistido (en) que Rocío San Miguel debe ser operada, para que en libertad ella decida con quién y dónde será operada, quién estará a cargo de los cuidados postoperatorios y de su rehabilitación”, expresó su abogado, Juan Luis González Taguaruco, en una publicación en la red social X.

El abogado manifestó su rechazo a que el régimen venezolano determine el equipo médico y el centro de salud, público o privado, donde se realizaría la cirugía. También denunció que hasta la fecha las autoridades de la dictadura no han informado si San Miguel será operada ni cuándo.

En paralelo, el ministro de Interior del régimen de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció el viernes que las fuerzas de seguridad desmantelaron una “red de coyotes (traficantes de personas) internos”, la cual, según afirmó, planeaba rescatar a dos detenidos, incluyendo a San Miguel.

Cabello aseguró que el presunto rescate se llevaría a cabo cuando la activista fuera trasladada a una clínica para su operación. “Llevarían a operar a Rocío San Miguel y ahí intentaban ejecutar el rescate”, indicó.

Ante estas declaraciones, González Taguaruco manifestó que San Miguel está preocupada por la posibilidad de ser “sustraída sin su autorización o aquiescencia” durante su traslado médico.

Es importante mencionar que el proceso judicial contra San Miguel ha enfrentado demoras, ya que el martes su abogado denunció que el inicio del juicio oral y público, en el que también está implicado su ex pareja Alejandro González, fue aplazado hasta el 31 de marzo debido a la falta de traslado de los acusados al juzgado.

San Miguel fue detenida el 9 de febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando se disponía a viajar junto a su hija. La Fiscalía de la dictadura la acusa de estar vinculada a una “trama conspirativa” para “atentar” contra el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, y altos funcionarios.

Según el fiscal general de la dictadura, Tarek William Saab, San Miguel habría entregado información sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea y a diplomáticos de otros tres países, cuyos nombres no fueron revelados.

Quién es Rocío San Miguel

Rocío San Miguel, nacida en Caracas el 6 de mayo de 1966, es una abogada y activista de derechos humanos, reconocida por su labor en la supervisión de asuntos de seguridad, defensa y Fuerza Armada Nacional en Venezuela.

San Miguel es presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, fundada el 16 de marzo de 2005, con el propósito de promover la contraloría ciudadana en temas militares y de seguridad.

Su trayectoria en el sector público comenzó en el año 2000, cuando trabajó en el Ministerio de Infraestructura de Venezuela. Más tarde, se especializó en defensa y seguridad nacional, desempeñándose como investigadora en el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de la Nación, asesora en el Consejo Nacional de Fronteras y consultora jurídica. También ejerció como docente en instituciones militares de educación superior.

Su salida del ministerio por motivos políticos marcó el inicio de su labor como activista. Desde Control Ciudadano, San Miguel ha monitoreado el cumplimiento de compromisos internacionales como el Estatuto de Roma y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A lo largo de su carrera, San Miguel ha enfrentado hostigamientos y campañas de difamación por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. En marzo de 2014, el mandatario de facto venezolano la acusó públicamente de ser una “espía” y de participar en intentos de golpe de Estado.

Ante estos señalamientos, la CIDH le otorgó el 18 de enero de 2012 medidas cautelares de protección, reconociendo los riesgos que enfrentaba por su activismo. Sin embargo, la persecución no se limitó a ella. En junio de 2012, su hermano, José Manuel San Miguel, fue víctima de un allanamiento por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

(Con información de EFE)