Un informe elaborado por “Derechos Humanos en Movimiento”, una colación formada por las principales ONG de Venezuela, detalla los métodos de coacción y manipulación ejercidos por el régimen de Nicolás Maduro durante las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Según el documento, estas prácticas, desplegadas principalmente en zonas rurales y empobrecidas, tenían como objetivo garantizar votos para el oficialismo a través de amenazas, violencia y control social.
A pesar de estos mecanismos, el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, obtuvo la victoria según las actas de escrutinio recopiladas por su comando de campaña. Las cifras muestran que González Urrutia alcanzó 7.443.584 votos, superando ampliamente a Maduro, quien obtuvo 3.385.155 votos, lo que representa un 67 % de apoyo nacional para el opositor frente al 31 % para el oficialismo. Sin embargo, el régimen, incapaz de reunir el respaldo necesario, recurrido al fraude electoral para mantenerse en el poder, consumando el pasado 10 de enero su carácter dictatorial con la inconstitucional juramentación que fue avalada por el Parlamento chavista.
Coacción y control en las parroquias oficialistas
El documento, creado con datos de las principales ONG de Venezuela, que por seguridad ante las amenazas del régimen han tenido que publicar desde la clandestinidad, señala que el régimen logró victorias en 169 de las 1.141 parroquias del país, concentradas en zonas rurales y vulnerables. En estos territorios, Maduro y sus aliados implementaron una combinación de amenazas y uso de la fuerza, según el informe:
- Uso político de los programas sociales: Se amenazó a los ciudadanos con retirarles beneficios como las bolsas de alimentos del programa CLAP, pensiones y acceso a servicios básicos si no votaban por el oficialismo.
- Intimidación laboral: Empleados públicos recibieron advertencias de despido si no respaldaban a Maduro.
- Participación de grupos armados: Guerrillas como el ELN, bandas criminales y colectivos actuaron como agentes de intimidación, vigilando a los votantes y, en algunos casos, obligándolos a ejercer el voto asistido.
En estados como Zulia, Portuguesa y Delta Amacuro, el informe detalla que los consejos comunales y las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCH) desempeñaron un rol clave, presionando a los electores y condicionando el acceso a recursos esenciales.
Violencia y represión en los centros de votación
El 28 de julio, en varias regiones del país, testigos reportaron violencia, exclusión de observadores opositores y maniobras para impedir la transparencia del proceso electoral. En centros de votación urbanos, como en la parroquia Catedral del municipio Libertador, colectivos armados intimidaron a los votantes y bloquearon el conteo de votos.
En otros casos, como en Portuguesa, se registraron amenazas directas, presencia de funcionarios armados en los centros, controlando y condicionando el votante. En el estado Bolívar, se denunció la participación de grupos criminales asociados a la minería ilegal, que condicionaron el sufragio en favor de Maduro.
La resistencia ciudadana y las pruebas del fraude
A pesar de estas prácticas, el informe confirma que el candidato opositor González Urrutia fue el verdadero ganador de las elecciones, con pruebas que incluyen las actas publicadas en plataformas independientes. La respuesta del régimen fue la intensificación de la represión tras los comicios, con 24 muertes violentas registradas en protestas y el despliegue de la llamada “Operación Tun Tun”, utilizada para allanar viviendas de opositores y realizar detenciones arbitrarias.
La coalición “Derechos Humanos en Movimiento” advierte que estos métodos de coacción no solo son ilegítimos, sino que evidencian la incapacidad del régimen de Maduro para obtener el apoyo popular necesario sin recurrir al fraude y la violencia. “Ante la ausencia de garantías democráticas, las ONG publicaron el informe desde la clandestinidad por razones de seguridad.”
Este informe refuerza el llamado de la oposición y organizaciones internacionales a investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Venezuela, así como a garantizar condiciones justas y libres en futuros procesos electorales.
A continuación el informe completo elaborado por “Derechos Humanos en Movimiento”:
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