La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó este jueves su enérgica condena hacia el uso continuado de prácticas de terrorismo de Estado en Venezuela, calificándolas como un mecanismo para sembrar miedo y controlar a la población.
Mediante un comunicado, el organismo instó al régimen de Nicolás Maduro a cesar la persecución contra opositores, defensores de derechos humanos y periodistas, y exigió la liberación inmediata de todos los presos políticos en el país.
De acuerdo con el órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), diversas organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación denunciaron que, desde el 7 de enero de 2025, al menos 18 personas fueron víctimas de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Entre los afectados figuran Carlos Correa, director de la organización Espacio Público y usuario del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por más de dos décadas, y Marianela Ojeda, coordinadora de Activismo Municipal de Vente Venezuela en el municipio Pampanito.
Otros nombres incluyen a Francisco Graterol, Alejandro Briceño, Darío Durán, Roberto Rea, Rafael Tudarez, Jeremy Santamaría y Enrique Márquez, entre otros. Las detenciones también alcanzaron al periodista Edinson Castro en el estado Zulia.
Según el comunicado, estas acciones represivas se intensificaron en los días previos a las manifestaciones pacíficas convocadas por la oposición en rechazo a la ilegítima toma de posesión presidencial de Nicolás Maduro.
La CIDH señaló que las detenciones fueron ejecutadas por individuos encapuchados, sin identificación visible, y que se desplazaban en vehículos sin placas.
“Las autoridades han rehusado proporcionar información sobre el paradero de las personas detenidas, lo cual constituye un incumplimiento grave de sus obligaciones internacionales”, indicó el organismo.
Este jueves, en el marco de las protestas convocadas por la oposición, la líder de Venezuela, María Corina Machado, fue secuestrada por las fuerzas del régimen y posteriormente liberada. Ante esta situación, la CIDH recordó que Machado es beneficiaria de medidas cautelares otorgadas para garantizar que pueda desempeñar sus actividades políticas sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia.
“El Estado venezolano tiene la obligación de respetar y garantizar la seguridad de la lideresa opositora y de todas las personas que ejercen su derecho a la participación política”, afirmó la CIDH.
La Comisión exhortó al régimen de Maduro a informar de inmediato sobre el paradero de las personas detenidas, garantizar su integridad física y proceder a su liberación. Además, instó a la cúpula chavista a permitir el desarrollo pacífico de las manifestaciones opositoras, asegurando que periodistas y ciudadanos puedan documentar los eventos sin restricciones.
En el comunicado también se destacó el papel de la comunidad internacional en la crisis venezolana. La CIDH llamó a “activar todos los canales diplomáticos e institucionales para lograr la liberación de los detenidos por razones políticas” y enfatizó la importancia de priorizar un enfoque de derechos humanos en el diálogo hemisférico.
“El apoyo al pueblo venezolano es crucial para facilitar el retorno a la democracia”, subrayó.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), un organismo dependiente de la CIDH, también expresó su preocupación por la situación en Venezuela, destacando que la libertad de expresión y el acceso a información veraz son esenciales para la democracia. La RELE instó a la dictadura venezolana a garantizar la protección de periodistas y defensores de derechos humanos.
La CIDH, por su parte, recordó que su mandato surge de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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